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San Luis Potosí, S.L.P.- El subtesorero del gobierno del Distrito Federal, Jesús Martín del Campo Cárdenas y principal testigo de la persecución, desaparición y matanza de estudiantes el 10 de junio de 1971 -por elementos conocidos como “halcones”-, pidió a la administración federal que aplique todo el rigor de la ley a los responsables.
La tentación de los políticos involucrados en ambas matanzas es de eludir la justicia. El ex presidente, Luis Echeverría apela al artículo 20 constitucional para no declarar, pero aún así no hay que amedrentarse por que los responsables pagarán al final de cuentas.
Todo está en manos de la justicia mexicana.”La sociedad mexicana ya no quiere más impunidad y si el gobierno federal busca congratularse con la población debe aplicar la ley, castigar a los responsables por la matanza del 02 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971”, abundó.
La Fiscalía Especial es dirigida por Ignacio Carrillo Prieto y fue creada a partir de una controversia presentada ante los tribunales el comité del 68. “Nadie recibía las demandas, ni acusaciones; la Suprema Corte de la Nación dijo que se prescribieron los delitos del 68, pero se debería realizar una investigación apegada a derecho porque nadie la había hecho hasta entonces”.
Acusó al ex presidente, Luis Echeverría Álvarez de ordenar el asesinato y desaparición de los estudiantes en 1968 y 1971. “A mi hermano lo mataron y a mí me golpearon el 10 de junio de 1971, por lo que yo sé de lo que hablo”.
Con la creación de la Fiscalía Especial, órgano dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), se logró abrir un expediente cerrado por muchos años, protegiendo con ello a ex funcionarios de primer nivel. “Muchos consideraron que el delito había prescrito, sin embargo deben tomar en cuenta que nadie, pero nadie atendió las demandas de las familias de las víctimas porque se trataban de acusaciones contra funcionarios y el mismo presidente de la República”, indicó.