Tuxtla Gutiérrez, Chis.- El presidente de Confraternice, Arturo Farela Gutiérrez, solicitó ayer a la CNDH y a la Secretaría de Gobernación, medidas cautelares para la seguridad de la comunidad evangélica de la entidad.
Especialmente, indicó el titular de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, en los municipios de Venustiano Carranza, Las Margaritas, San Juan Chamula y San Pedro Chenalhó, en virtud de que se prevé una escalada de violencia por diferencias en celebraciones religiosas.
Farela Gutiérrez responsabilizó a caciques tradicionalistas de los citados municipios indígenas de violar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra la libertad de creencias y el culto público.
También insistió en su petición de solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos apoyo para mantener seguridad en la comunidad evangélica de este estado.
Negó que los evangélicos tengan alguna responsabilidad en los problemas de intolerancia religiosa, “más bien, nosotros somos las víctimas, nosotros hemos sido los agredidos, nuestra única defensa es Dios y su evangelio”, comentó.
Rechazó que entre su gremio hayan grupos armados, “nuestra única herramienta es la Biblia, por el contrario -insistió- muchos de nuestros compañeros han sido emboscados, agredidos, lesionados y asesinados con arma de fuego”.
Empero, apenas la semana pasada se registró un zafarrancho en el municipio de San Juan Chamula donde cinco católicos tradicionalistas resultaron heridos de bala tras un choque con evangélicos con quienes tuvieron diferencias de índole religiosa, sucesos que ameritaron la intervención y posterior supervisión de corporacioes policiacas.
Farela Gutiérrez enfatizó que “El tránsito hacia la democracia tiene aparejados varios elementos, dos de ellos, por cierto imprescindibles, lo son la tolerancia y la justicia, por lo tanto, si éstos no existen, tampoco existe la vida democrática”.
Asimismo, el líder religioso consideró que México está en un proceso democratizador, que aún no es pleno, precisamente, añadió, por la omisión de estos dos elementos en acontecimientos primordiales sucedidos en la historia reciente.
El primero, abundó, es el problema de intolerancia religiosa en San Juan Chamula, que en realidad no es reciente, sino que data desde hace casi 40 años, “durante los cuales han pasado muchos, en verdad muchos gobernadores de este estado y Presidentes de la República y a la fecha, únicamente hay soluciones provisionales”.
“Cuarenta años, treinta y cinco mil expulsados, ocho años sin educación pública para niños evangélicos, muchos muertos, otros tantos heridos, vejaciones y ultrajes, en fin, descripciones ya comunes, al menos eso pareciera, pero sin soluciones definitivas, y esta no es una característica de transición o democracia”, expuso.
El segundo, puntualizó, al referirse a la justicia, el caso Acteal, del cual recientemente conocimos otra sentencia condenatoria, a pesar de que en la anterior, seis procesados quedaron absueltos, reconociéndoles su inocencia.
El origen histórico, agregó, es sabido de todos, derivó por omisiones, o más específicamente, por abandono de las comunidades indígenas, por la ausencia del poder público y de la legalidad en aquellas zonas, lo que derivó en hechos como los ocurridos en esa localidad el 22 de diciembre de 1997.
Es evidente, mencionó al respecto, la gran injusticia que se comete, y es una responsabilidad compartida entre gobiernos locales y federales, tanto de las administraciones pasadas como de las actuales, quienes, dijo, ya dieron carpetazo demeritando su gravedad.
Finalmente sostuvo que no es posible hablar de transición, ni de democracia mientras exista impunidad, mientras no exista tolerancia, y mientras se continúe con injusticias.
No podemos sumarnos a conmemoraciones por la tolerancia cuando tenemos lugares muy difíciles como San Juan Chamula, agregó Farela Gutiérrez quien aseguró que no habrá transición democrática, si no se logra la justicia en el caso Acteal.