MÉXICO, D.F.- El Senado de la República solicitó ayer a la Secretaría de Hacienda realizar un estudio de factibilidad para una posible homologación de los precios de las gasolinas y diesel que se venden en la frontera norte del país con los del sur de Estados Unidos.
En votación económica, el pleno senatorial aprobó el dictamen de la Comisión de Energía, el cual aclara que esta petición se debe a la diferencia de precios de esos combustibles entre la frontera común entre México y la Unión Americana.
Señaló que esa situación, si bien propicia la compra de gasolina o diesel en expendios instalados en la frontera sur de Estados Unidos por la economía que representan, también genera actos de corrupción y contrabando para su venta clandestina en territorio mexicano, en perjuicio de la economía nacional y la seguridad de la población.
La homologación de los precios de esos petrolíferos mexicanos con los del mercado estadounidense eliminaría los incentivos para su venta ilegal, señala el documento.
En el documento, los senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM) también exhortan a las autoridades hacendarias a reforzar la vigilancia en la frontera norte del país para erradicar el contrabando.
Asimismo, pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) reforzar el combate al contrabando de gasolinas y diesel en esa zona, así como la sustracción ilegal de combustibles de los ductos e instalaciones de Petróleos Mexicanos para su venta clandestina.
A la paraestatal, los legisladores le solicitaron extremar sus sistemas de detección de posibles fugas de hidrocarburos e informe a las autoridades federales correspondientes en caso de presumir el delito de robo o de venta clandestina de combustibles.
Los legisladores federales dejan en claro que la diferencia de precios es motivo de la sustracción ilegal de esos combustibles de los ductos de Pemex para su venta clandestina en el país.
El pleno de la Cámara Alta estableció que la solución del problema de la venta clandestina debe ser afrontado en sus distintos niveles, sobre todo en la búsqueda de medios que favorezcan un precio competitivo de las gasolinas y diesel mexicanos con respecto al que se expende en Estados Unidos.