Durante más de 24 horas han permanecido cerradas las carreteras entre México y Cuernavaca, la de paga y la libre. Interrumpieron el tránsito productores agrícolas de Morelos, que no encuentran respuesta a sus reclamos de indemnización por siniestros en sus tierras de cultivos. Cientos de vehículos quedaron varados en esos caminos, pues no recibieron a tiempo aviso del estrangulamiento y otros muchos cumplieron sus viajes, o salieron del atolladero, dando vuelta hacia Oaxtepec o Cuautla.
Todos los días tenemos noticia de episodios semejantes, en que grupos muy diversos acuden a la acción directa: cerrando caminos, tomando oficinas, reteniendo a personas, para hacerse oír o para forzar la adopción de medidas cuya aplicación urge; o para evitar los efectos de otras que las afectan. El caso más sobresaliente en los meses últimos fue la cancelación del tránsito en carreteras próximas a San Salvador Atenco, pero menudean los acontecimientos de esa índole. Son generados por la más amplia variedad de motivos: desde la protesta electoral hasta el enojo por el alza en las tarifas eléctricas, desde la desatención de Pemex y la CFE ante problemas de contaminación ambiental hasta el incumplimiento de antiguas ofertas de tierra a comunidades desvalidas.
Se entiende que la desesperación conduzca a la acción directa. Pero no la justifica. Es verdad que no hemos transitado por completo a un género de relación entre gobernantes y gobernados de carácter republicano, en que la exigencia ciudadana encuentre correspondencia con la eficacia gubernativa. Pero no estamos ya, salvo contadas excepciones, en la época en que los azolvados canales de comunicación institucional forzaban a los afectados a expresarse fuera de esos canales. Los medios de información contribuyen a impedir el silenciamiento de demandas y alejan la posibilidad de acudir a medidas extremas, que con frecuencia se convierten en el comienzo de una espiral: cerrar caminos, por ejemplo, puede ser calificado de atentado a las vías generales de comunicación, un delito por cuya comisión se solicitan y expiden órdenes de aprehensión que en algún momento posterior, a veces con oportunidad política, se cumplen y causan, por ser o parecer provocaciones, nuevas protestas y así sucesivamente. Cuando se apela a la acción directa en repudio a las instituciones o por desconfianza a ellas, la sociedad comienza a bordear el terreno de la ingobernabilidad.
En el cierre de las carreteras a Cuernavaca, un acceso principalísimo a la ciudad de México, hay un ingrediente genuino y otro por lo menos superpuesto, que es preciso deslindar del primero. Los promotores de la protesta campesina son cultivadores de sorgo, cuya cosecha se perdió por mal temporal o demora en las lluvias. El gobierno ofreció ayudarlos a encarar sus tribulaciones, pero su propuesta no satisfizo a los damnificados: de 400 pesos por hectárea ofrecidos originalmente, se pasó a 700 y a 1000 y con un tope de cinco hectáreas por afectado. Los campesinos demandan una cantidad mayor, la que sólo podría ser autorizada por funcionarios con capacidad de decisión. Ninguno que contara con ella se presentó el miércoles a los lugares donde se realizan las asambleas de los manifestantes. Durante la mañana de ayer jueves decidieron prolongar indefinidamente su acción, hasta que se reúna con ellos el propio secretario de Agricultura Javier Usabiaga.
Encabeza la manifestación y el bloqueo de los caminos a Cuernavaca la diputada federal priista Maricela Sánchez Cortés, sobreviviente del naufragio de su partido en Morelos. En julio del 2000, el PRI perdió casi todo en esa entidad: la gubernatura, la mayoría legislativa local, las senadurías de mayoría, tres de las cuatro diputaciones. Sólo Sánchez Cortés ganó su elección en Cuautla, donde encabeza grupos campesinos, entre ellos los sorgueros en acción ahora.
Es además presidenta del comité estatal priista, que atraviesa por una aguda crisis, consecuencia de la derrota de hace dos años. El conflicto se ha expresado de modo violento: el 17 de septiembre pasado una tropa de asalto con la diputada federal a la cabeza recuperó las oficinas principales del PRI en Cuernavaca. Fue una trifulca en serio: hubo 17 lesionados, por lo menos uno de ellos con fractura craneana. Las huestes de la lideresa priista desalojaron de ese modo a seguidores de diputados locales pertenecientes a ese mismo partido que —de modo simbólico, dijeron— previamente tomaron la sede priista. Forman el grupo antagónico a Sánchez Cortés la diputada Diana Recio, el también legislador y dirigente de la CTM en Morelos Vinicio Limón Rivera y el coordinador del grupo de ese partido en el Congreso local, Víctor Hugo Manzo.
Acostumbrado al verticalismo, el PRI queda en dificultades después de una derrota electoral, especialmente cuando fue tan contundente como la de Morelos. El partido se convierte en botín de los grupos sobrevivientes, que se disputan despojos, pues suele suceder que las cajas queden exhaustas y pululen en sus oficinas los acreedores en demanda de pago de facturas atrasadas, por bienes o servicios brindados con miras al triunfo de la causa.
En esa riña interior podría ocurrir que la diputada Sánchez Cortés ponga al servicio de sus propios intereses partidarios la causa auténtica de productores agrícolas dañados por el mal tiempo. Esa posibilidad, sin embargo, no debe servir de excusa al Gobierno Federal para el cumplimiento de sus deberes, aun si denuncia la manipulación.