Multivisión y Televisa están en pleito. Ya se arreglarán. Lo han hecho antes, y hay razón para suponer que sus intereses serán rearmonizados: al fin y al cabo sus propietarios figuran entre los barones de la comunicación electrónica. Lo grave de su litigio es que evidencia dos notables ausencias, la de la autoridad entendida rectamente y la de los usuarios y la sociedad en general.
Televisa acusó a Multivisión de robar la señal de sus canales abiertos para ofrecerlos en paquete, con otros más, en su servicio de paga. La empresa de la familia Vargas ha respondido a esta acusación de piratería alegando que existe un documento que a su juicio establece una relación contractual, que legalizó desde hace meses el uso de la señal que ahora se le acusa de aprovechar sin derecho.
Televisa consiguió una orden judicial de cateo que, practicada por la policía ministerial puso fin a la práctica denunciada. Pero a diferencia de lo que se hace con quienes realizan grabaciones espurias y con quienes las venden en los mercados callejeros, la procuración de justicia se limitó a poner fin a la acción presuntamente ilícita, sin emprender acción penal contra quien la cometió.
Más todavía, como si no se hubiera incurrido, presumiblemente, en un delito, la Secretaría de Comunicaciones se erigió en amigable componedor para que los dos concesionarios de servicios administrados por esa dependencia se pusieran de acuerdo. Lo que le importa a la SCT no es que la ley se cumpla, sino que su mercado político y administrativo se sienta bien atendido. Sin embargo, sus buenos oficios no resultaron eficaces.
Al menos a Multivisión no parece haberle satisfecho esa mediación oficiosa. De allí que haya propuesto (y anoche Televisa debió avisar si aceptaba o no el arreglo) otra singularidad jurídica, como para que no quede duda de que los difusores televisivos saben y sienten que se benefician de un régimen de excepción. Sin siquiera pedirlo expresamente a quienes deberían actuar si su iniciativa prosperara, pretende que la Secretaría de Gobernación designe a un mediador, que podría surgir de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados; del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional; o del Colegio de Notarios.
Sin duda que esas instituciones experimentarán complacencia de que su prestigio les permita ser citadas para la composición de un litigio entre empresas mercantiles. Pero el procedimiento sugerido no cumple mínimamente las reglas del arbitraje comercial y es seguro que tales instituciones rechazarían ser involucradas en ese juego de intereses.
Ya hace dos años un conflicto legal entre Multivisión y Televisa se resolvió aun antes de que las autoridades llamadas a dirimirlo se manifestaran. Ya de últimas, el gobierno de Salinas entregó a Cablevisión, empresa perteneciente al consorcio de la familia Azcárraga la concesión de dos canales UHF, que Multivisión consideró lesiva para sus propios fines, por lo que la atacó por la vía del amparo y ante la Comisión Federal de Competencia. Duchos en la práctica de que vale más un mal arreglo que un buen pleito, Multivisión y Televisa partieron por la mitad su diferendo: Multivisión operaría uno de esos canales, que seguiría perteneciendo a Cablevisión.
Algo semejante puede ser el desenlace en esta nueva escaramuza, si bien formalmente el asunto cobró otro cariz al esgrimirse argumentos de naturaleza penal.
Está ausente en la fase actual de ese litigio la autoridad. No es que no haya funcionarios preocupados por arreglar a dos firmas honorables en la forma en que la gente decente resuelve sus diferencias. Los hay que, solícitos, procuran avenir a las partes, puesto que los servidores públicos de esta administración, como los de las anteriores, siempre, han estado prestos a servir a los concesionarios. No en balde es subsecretario del ramo en la SCT un antiguo ejecutivo de Televisa. Pero una cosa son los afanes obsequiosos de los funcionarios y otra enteramente distinta es el ejercicio legal de la autoridad. En vez de hacer cumplir la ley y los títulos de concesión, cual es su deber, la autoridad ha declinado por completo su papel de rectoría. Lo prueba la prolongada y carente DE resultados mesa de discusión sobre la reforma en esta materia. Y lo prueba la abdicación de deberes como el de integrar el Consejo Nacional de Radio y Televisión, que estando a punto de sesionar por primera vez en décadas, fue suspendido para que no pueda ejercer las tímidas atribuciones que la ley le asigna.
Está asimismo ausente la sociedad. Lo está en cuanto a su conocimiento de cómo se manejan arbitrios públicos tan importantes como las concesiones de radio y televisión. Se otorgan y se negocian, se refrendan y se cambalachan al margen del interés público, sin que un registro oficial abierto permita conocer ese género de operaciones jurídicas y comerciales de gran trascendencia social.
Y están ausentes los usuarios, vistos desde cualquier ángulo.
Quienes aceptaron la oferta de Multivisión y contrataron el paquete fallido, resultan defraudados, como lo fueron quienes durante el campeonato de futbol se vieron privados de una señal que no fue nunca patrimonio público, en el sentido de abierta para todos. Y en general los destinatarios de la televisión se quedan frente a ella, estrictamente, nada más mirando, inermes, sin capacidad alguna de influir ya no digamos en los contenidos, sino ni siquiera habilitados como consumidores para obtener un servicio satisfactorio.