El canciller Jorge G. Castañeda dijo el miércoles pasado al periodista Dante Parma: “Nosotros enviamos a diario a Nueva York las instrucciones por escrito para que quede muy claro cuál es la postura de México”, -nota publicada en un diario capitalino el 6 de noviembre-. Antes de una semana, pareció contradecirse. Al grupo Imagen —o lo que queda de ese núcleo informativo tras la expulsión de Carmen Aristegui y la salida de Javier Solórzano— se distanció del discurso del destinatario de aquellas cotidianas instrucciones, Adolfo Aguilar Zínser, respecto del bloqueo a Cuba. Preguntado sobre el voto mexicano en la Asamblea General, uno de los 173 que condenó la actitud norteamericana respecto al régimen de La Habana, Castañeda contestó companudamente: “Desconozco ese pronunciamiento, no lo he escuchado ni leído”. (declaración difundida en un periódico de la ciudad de México el 14 de noviembre).
Acaso el “nosotros enviamos” empleado en la entrevista citada inicialmente no es un nos mayestático sino que se refiere a un plural verdadero, a una tarea realizada por su equipo y entonces sea cierto que las instrucciones se envían desde Tlatelolco no necesariamente con el conocimiento puntual del titular de la cancillería. También es posible que uno de los dos extremos carezca de veracidad y que Castañeda haya dicho una mentira o al menos una inexactitud en uno u otro caso: o no es verdad que se reduce al embajador Aguilar Zínser al mero papel de lector de textos ajenos, o no es verdad que el canciller ignora de qué se trata.
De cualquier modo, si subrayamos la contradicción no es por un estéril deseo de encontrar un gazapo en el canciller, de pillarle los dedos contra la puerta. Lo hacemos en la creencia de que es importante saber cómo se fraguan las recientes actuaciones en política exterior, para de ese modo medir su consistencia. Si el representante permanente de México en la ONU ha continuado su enfrentamiento con su antiguo amigo el canciller y sus posiciones en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea general no cuentan con el aval de Tlatelolco, pueden ser frágiles y revisables, lo que haría vacilar la postura mexicana frente a Iraq y frente a Cuba, dos temas donde la claridad y la firmeza son exigibles. Si al contrario tales posiciones surgieron de la cancillería y Aguilar Zínser, las comparta o no, tiene el deber de expresarlas, el resultado corresponde más al interés general de México y podríamos esperar que no varíe veleidosamente.
Y es necesario saberlo porque el conflicto de Iraq y el resto del mundo dista mucho de haber concluido al aprobarse, hace una semana exacta, la resolución 1441. El gobierno de Washington está al parecer provocando deliberadamente un equívoco respecto del alcance de esa decisión de la ONU. Alberto Armendáriz, corresponsal de un diario capitalino en Nueva York, refirió anteayer encuentros informales de funcionarios norteamericanos con periodistas de países aliados de Estados Unidos, como Japón, Turquía, Canadá y México, sobre el sentido de aquel documento de la ONU. Aseguran esos funcionarios que en las negociaciones previas quedó claro que no se requería “una autorización explícita para el uso de la fuerza” contra Iraq si, ocurrida la rigurosa inspección que Bagdad ha aceptado, ésta resulta insatisfactoria para el gobierno de Bush.
El texto oficial de la resolución contradice esa interpretación. El punto 12 de ese documento dice que el Consejo de Seguridad decidió el 8 de noviembre “reunirse inmediatamente una vez recibido el informe presentado (por los inspectores), a fin de examinar la situación y la necesidad de que se cumplan plenamente todas sus resoluciones en la materia con objeto de asegurar la paz y la seguridad internacionales”.
No puede dispensarse el Consejo de Seguridad de esa reunión evaluatoria del informe que presenten los órganos de inspección (el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección), para formular, el cual sus miembros disponen de sesenta días a partir del 18 de noviembre cuando, de común acuerdo, se inicien las tareas de supervisión ordenadas por el Consejo de Seguridad. Hacia el 18 de enero, si el plazo es utilizado a plenitud por los organismos inspectores, el Consejo de Seguridad debería reunirse de nuevo para adoptar las medidas pertinentes, incluso el uso de la fuerza.
Eso fue lo votado por los 15 miembros de ese órgano de la ONU. Ese fue el sentido del voto mexicano: “En caso de incumplimiento —dijo Aguilar Zínser— la acción del Consejo de Seguridad se definirá con base en la determinación que el mismo haga de la existencia de una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales”.
El secretario de Estado norteamericano Colin Powell es conteste con esa interpretación. En un artículo aparecido el 10 de noviembre en The Washington Post y puesto a disposición del público en general, en la Internet, por la embajada estadounidense en México, si bien no lo dice con todas sus letras, el antiguo jefe militar en la guerra del Golfo, contra el propio régimen de Bagdad establece el valor del informe que los inspectores rindan ante el Consejo de Seguridad. No obstante esboza también una ambigüedad al recordar que sobre la marcha deben los inspectores dar cuenta de las “interferencias y obstáculos” a su labor. Y a continuación, como si corregir tales problemas incumbiera al gobierno de Washington, el responsable de su diplomacia recuerda que su jefe, el presidente Bush dijo hoy hace una semana “que la política de Estados Unidos será de tolerancia cero”.