Imparable, producto tanto o más de una misoginia colectiva que de asesinos en serie, no cesa la matazón de mujeres en Ciudad Juárez: acaba de ser encontrada una osamenta femenina en el cerro del Cristo Negro. Se calcula que tenía allí unos seis meses. En circunstancias semejantes fueron hallados otros restos, correspondientes a dos mujeres más, muertas también hace algún tiempo.
No puede decirse que nada se hace para frenar los asesinatos que ensombrecen a aquella población fronteriza. Puede decirse, en cambio, que nada de lo que se hace es eficaz. El Congreso local en Chihuahua formó una comisión especial para dar seguimiento a esos casos. En la Cámara de Diputados federal se integró otra comisión especial para el mismo efecto. Una y otras se reunieron en Juárez hace poco más de una semana. Su acuerdo consistió en volver a reunirse. Estudian el modo de conseguir que se destine más recursos a la prevención del delito. Organizarán un foro sobre seguridad pública en aquel municipio. Pero no se logra poner fin, ni a las muertes ni al pavor que embarga a las mujeres en aquella ciudad.
Para colmo, cuando parece que algo se hace tal vez se miente. Al menos así lo denunció el diputado panista David Rodríguez Torres. Solicitó a la PGR los resultados de la prueba de ADN practicadas a los cadáveres de ocho mujeres encontradas hace exactamente un año, entre el 6 y el 8 de noviembre. Esos resultados, dijo el legislador, “echan por tierra las afirmaciones de la Procuraduría de justicia de Chihuahua de que dichos homicidios ya fueron esclarecidos al haber detenido y encarcelado a dos presuntos criminales”. Esas pruebas de laboratorio no acreditan, más que en un caso, la identidad de las personas atacadas y su relación con las familias que denunciaron su desaparición. Y sin embargo, el procurador Jesús José Silva Solís ha engañado a los deudos asegurando que los cadáveres corresponden a los de sus hijas. Y si se miente respecto de las víctimas, se miente asimismo respecto de los presuntos homicidas, sobre cuya responsabilidad no hay certidumbre, por lo que es posible que los verdaderos asesinos estén en libertad.
Ese puede ser también el caso de quien fue detenido por el homicidio de la maestra Evodia Payán, cometido hace medio año. Con rapidez, la Policía Judicial dio con el homicida, tiempo más tarde del asesinato. Confeso ante el ministerio público, el presunto homicida negó serlo cuando estuvo ante su juez. Y aportó una prueba irrefutable: no pudo ser el asesino porque el día del crimen estaba preso en el centro de readaptación social de Ciudad Juárez. Y no es un hombre tan relevante, ni tan pudiente, que cuente entre quienes reciben, en ese o cualquier otro penal, permiso para ausentarse siempre que tienen necesidad. Se había declarado autor del asesinato a causa de la tortura a que fue sometido por los agentes judiciales que lo aprehendieron.
Entre muchos, la precariedad de su procuración de justicia, la arbitrariedad con que se ejerce, es uno de los flancos débiles del Gobierno de Patricio Martínez, que mediante la actividad o las omisiones de Silva Solís da cauce a sus intereses o sus inquinas. El caso más relevante en estos días es el pronto curso que se dio a acusaciones contra personal del diario Norte, de la propia Ciudad Juárez, por difamación y ataques a la vida privada. Un día tras otro, la Procuraduría consignó dos casos ante jueces que con prontitud los atendieron y dictaron órdenes de aprehensión. La primera denuncia fue presentada por el ex alcalde de Juárez Manuel Quevedo y la segunda por el director de diarios de la competencia de Norte, Osvaldo Rodríguez Borunda, que al proceder como lo hizo lanza piedras que pueden caer sobre su propio tejado.
Norte publicó una serie de informaciones sobre la compra de tierras propiedad de Quevedo por el Gobierno del estado, que las destina a un fraccionamiento denominado El Mezquital. Hay la evidencia de un notable sobreprecio, pues según las indicaciones de mercado el metro cuadrado en la zona vale un peso. Se pagaron siete. Por ese caso fueron acusados los reporteros Armando Delgado Sifuentes, Manuel Aguirre, Guadalupe Salcido, Rosa Isela Pérez, Francisco Luján, Antonio Flores Schroeder y Carlos Huerta y el director del periódico, Oscar Cantú.
Al presentar el caso en su cámara el 29 de octubre, el senador Javier Corral contrastó la celeridad con que fueron consignados los periodistas con la lentitud observada en otros casos. Uno de ellos afecta en sentido inverso al propio periódico juarense que denunció al gobernador Martínez y a otros funcionarios en junio de 1999. El propio Corral denunció hace un año al entonces procurador Arturo González Rascón (hoy secretario de Atención a Municipios) por difamación. Puesto que el sujeto de esa denuncia era el jefe del ministerio público, sus agentes simplemente la archivaron.
El que un diputado panista acuse al procurador Silva Solís de deformar los hechos en torno a asesinatos de mujeres y un senador de la misma filiación se haga eco de la embestida contra Norte puede indicar que se trata sólo de una contienda partidaria, en una entidad muy tensa a ese respecto porque han gobernado el PAN y el PRI y porque Acción Nacional ganó dos veces, en la elección anulada y en la extraordinaria, el ayuntamiento de Ciudad Juárez. Pero aun si los panistas imprimen su sello a las denuncias, lo grave es que los hechos existen y configuran un panorama que no puede dejar a nadie en el sosiego.