Quizá el rasgo principal del año que está por terminar consiste en que comenzó el desmantelamiento de los mecanismos que permitieron la dominación priista. Ese es el sentido de las operaciones de la Fiscalía Especial sobre la Guerra Sucia, de las averiguaciones sobre el financiamiento ilícito al PRI, de los procesos contra altos responsables en el ejército y, en general, del abatimiento de la impunidad.
Creada en noviembre del 2001, en enero de este año comenzó a funcionar la Fiscalía Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos, directa o indirectamente, por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado.
Se conoció su actuación sobre todo porque llamó a declarar, como inculpados o indiciados, al ex presidente Luis Echeverría, al ahora extinto jefe del Departamento del Distrito Federal Alfonso Martínez Domínguez y al ex procurador de general de la República Julio Sánchez Vargas. En un sistema donde el desempeño de los altos cargos llevaba implícita la impunidad, la capacidad para quedar al margen de toda actuación jurídica, durante el ejercicio del cargo y con posterioridad a él, constituyó un paso adelante la sola comparecencia de funcionarios de ese nivel ante el ministerio público. Por supuesto no se trata de que esa presencia, que no rindió fruto procesal ninguno, baste para colmar una largamente insatisfecha conciencia pública. Pero haberlos convocado, y conocido sus silencios y sus evasivas, es el inicio, apenas el inicio, de las acciones políticas que conduzcan a la verdad histórica y, eventualmente, al castigo de los responsables de delitos cometidos desde puestos oficiales, en octubre de 1968 y en junio de 1971.
Pero la Fiscalía Especial ha suscitado la reapertura de muchos otros casos, expedientes ni siquiera abiertos que requieren una indagación judicial. Quizá ya no es posible, en algunos de ellos su tramitación legal. Pero el que se exhumen acontecimientos atroces del pasado permite y permitirá el que no se repitan nunca más, que es el efecto buscado por los trabajos de comisiones de la verdad en países que han juzgado necesario ventilar los crímenes del ayer como condición para su vida de hoy y de mañana.
Se ha reprochado al gobierno del presidente Fox abandonar su oferta electoral de crear una de esas comisiones y en cambio entregar las averiguaciones sobre desaparecidos políticos a una oficina del ministerio público que, por especializada que esté y por mayor rango que tenga no deja de ser una dependencia del poder público cuyo ejercicio ilegal está en cuestión. Es un reproche injustificado. Por un lado, porque para su cabal eficacia una comisión de la verdad requiere, al concluir sus tareas, correr traslado de lo que haya averiguado a una autoridad competente para dar forma procesal a aquellos resultados. La Fiscalía Especial ahorró así uno de esos pasos. Y, por otro lado, con sensatez política su titular, Ignacio Carrillo Prieto, no se ha limitado a los secos procedimientos ministeriales, sino que ha investido a la oficina a su cargo de elementos que la aproximan a una instancia civil que se propone combatir la impunidad desde fuera del Estado.
Si bien sus resultados son todavía magros, sirven ya para dejar sin sustento la propaganda priista que asegura haber ofrecido a la República un largo período de paz (si bien para conseguirlo fue menester a veces, dice con lenidad en beneficio propio, pasar por encima de la ley). No hubo tal paz. O, si la hubo, fue alcanzada a un alto precio: la paz de los sepulcros.
La Fiscalía Especial ha atraído a deudos de víctimas, o directamente a las víctimas, de muchos negros episodios del pasado. Por ejemplo, para citar el acontecimiento más remoto con esas características, a la oficina de Carrillo Prieto acudió Alma Gómez Caballero, quien busca presentar denuncia sobre los hechos en que perdió la vida su padre, el doctor Pablo Gómez (homónimo del muy conocido dirigente político, que ahora representa al PRD en el Instituto Federal Electoral). Aquella muerte se produjo durante el asalto al cuartel del ejército federal en Ciudad Madero, Chih., el 26 de septiembre de 1965. Se dirá que sobre este acontecimiento, pionero de la insurgencia armada contemporánea en nuestro país, lo sabemos todo desde entonces: un grupo de alzados pretendió tomar aquella instalación militar en la sierra chihuahuense. Pero pudo no ser así, porque no se conoce ninguna averiguación previa sobre este hecho. Simplemente el ejército cumplió su deber de preservar el orden que, en la idea prevaleciente entonces, incluyó la capacidad para hacer justicia sumaria y silenciar sus actuaciones.
También se presentaron ante la fiscalía pidiendo orientación para denunciar un crimen hasta ahora impune, el de Pablo Alvarado Barreda. Era un preso político que fue asesinado en Lecumberri en 1971, sin que siquiera se pudieran establecer las circunstancias del homicidio. La denuncia respectiva será presentada con posterioridad. En cambio, ya fue recibida la que se refiere a secuestros y desapariciones ocurridas el 28 de agosto de 1976, en las poblaciones de Huatulco, la crucecita e Ixtlaciaco, en el estado de Oaxaca.
Asimismo se denunció lo ocurrido en la universidad de Sinaloa en 1972. Con ese motivo la fiscalía se reunió con la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos. También se tramita en la oficina del fiscal una denuncia sobre los hechos ocurridos en San Ignacio Río Muerto, Sonora, el 23 de octubre de 1975, en que perdieran la vida siete campesinos. Ese crimen colectivo fue muy publicitado, pues de él se valió el presidente Echeverría para deponer al gobernador Carlos Armando Biebrich, que por ignoradas razones de carácter palaciego, había caído de su gracia. Cuando años antes se la dispensó para hacerlo gobernador de Sonora, fue preciso adecuar la constitución local pues el en ese momento afortunado Biebrich, subsecretario de Gobernación entonces, no satisfacía el requisito de edad establecido en la ley local. Hace no mucho, los fantasmas de aquellos infortunados campesinos, asesinados sin razón con el pretexto de una invasión de tierras enfrentada por la fuerza pública, volvieron a recorrer el escenario sonorense. El diario El imparcial, de Hermosillo, recordó que estuvo involucrado en aquellos sucesos el ahora general Francisco Arellano Noblecía.
Lejos de haber sido castigados por aquellos sucesos, Arellano Noblecía continuó su carrera y hoy es alto funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública, nada menos que jefe de las fuerzas federales de apoyo de la Policía Federal Preventiva. En su caso se percibe con claridad el sentido de averiguar el pasado con el propósito de que el presente y el futuro no se contaminen con la impunidad que entonces era consustancial al desempeño de cargos públicos. Biebrich recibió una sanción política, pero no por los homicidios, de los que nadie quiso acordarse ni mucho menos perseguirlos, hasta que la creación de la Fiscalía con su ancho arco de intereses hizo factible indagar sucesos en que los protagonistas verdaderos, las víctimas, quedaron oscurecidos porque los reflectores alumbraron al gobernador destituido.
De índole más general fue la denuncia presentada, después de realizar allí una acción directa, por varios afectados en el edificio que ocupó la siniestra Dirección General de Seguridad, frente al Monumento de la Revolución (avenida de la República esquina con Ignacio Ramírez, colonia Tabacalera). De su oficina en ese inmueble salió poco después de las seis de la tarde del 30 de mayo de 1984 José Antonio Zorrilla, el director de esa policía política, para apersonarse a muy pocos minutos en el escenario donde yacía muerto Manuel Buendía, el periodista al que el propio Zorrilla, según se comprobaría judicialmente después, mandó asesinar.
El edificio fue abandonado pocos años después luego de la creación del Cisen y su ubicación en Contreras. Buena parte del archivo en que alguna constancia debe quedar de su negra actuación, se encuentra en la antigua sede de la corporación. Percatados de ello, y conscientes del riesgo de que se perdieran evidencias en la indagación sobre la Guerra Sucia, de la cual algunos de ellos fueron víctimas directos, un grupo de activistas (Marco Antonio Rascón Córdova, Adolfo Miranda Castillo, Fernando Pineda Ochoa y Juan Moreno Pérez) se introdujeron al inmueble al comienzo de noviembre. Aseguraron la documentación y luego demandaron de la Fiscalía que lo hiciera formalmente, lo que ésta hizo el siete de ese mes. Puesto que el archivo de la DFS presumiblemente fue enviado ya al Archivo General de la Nación, quizás el papelerío que ahora quedó bajo la responsabilidad de la Fiscalía Especial carezca de valor. Pero, por las dudas, hicieron bien los activistas en no suponer que sólo vale lo que se pueda obtener al venderlo por kilo.
Los sucesos violentos en la Universidad de Nayarit en 1978 y 1979, los crímenes de que fueron víctimas campesinos en Guerrero, los asesinatos que en esa y otras entidades se perpetraron en la persona de cientos de militantes del PRD, la muerte de muchos maestros (especialmente en Oaxaca) y no sólo la del profesor Misael Núñez Acosta. Todo ello más las indagaciones centrales sobre la matanza de Tlatelolco y el Jueves de Corpus, así como la Guerra Sucia, forman parte de la tarea de la fiscalía, que no sólo procesa ministerialmente aquellos y otros sucesos, sino que se ha convertido también en una oficina de acopio de documentación y análisis de la legislación internacional y extranjera sobre materias acordes con su cometido.
La Fiscalía recibió en septiembre informe sobre las actuaciones llevadas adelante por la Procuraduría de Justicia Militar respecto de los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite. No son ellos los primeros militares de tan alta graduación (uno es divisionario y el otro brigadier), pero la conclusión de dos procesos contra cada uno de ellos, y la diversa naturaleza de los delitos de que se les acusa (apoyo al narcotráfico y homicidio contra decenas de guerrilleros reales o presuntos en los años setenta en Guerrero), hacen que este embate jurídico desde dentro del ejército mismo contra dos de sus miembros antaño muy reconocidos en su seno, parezca parte del desmantelamiento de una de las formas del corporativismo mexicano, que es la asignación de un estatuto de legalidad e ilegalidad propio de las Fuerzas Armadas.
La puesta en jaque al corporativismo es piedra angular de los diversos procedimientos relacionados con la entrega de dinero público, provenientes de Pemex, al Partido Revolucionario Institucional. Cualquiera que sea el desenlace de los varios aspectos de la cuestión, ya hay dos saldos de este lance. Por un lado, quedó claro cómo se drenaron recursos que deberían servir al desarrollo de la industria petrolera nacional, al partido oficial. Se supo siempre que así ocurría, pero ahora se encontró evidencia pormenorizada del mecanismo que se hizo valer. Por otra parte, la indagación dejó en claro la avidez con que se manejan los bienes sindicales. La defenestración en 1989 de Joaquín Hernández Galicia pareció poner fin al abuso de los dirigentes petroleros. Pero sólo se cambió de nombres. Sean o no desaforados Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, cuando concluyan sus responsabilidades legislativas, lo cierto es que deberán rendir cuentas de los ingresos sindicales, los formados legalmente conforme al contrato colectivo, y los que Pemex desvió a través suyo, por lo cual cobraron una comisión.
La suposición de que el corporativismo sindical quedó en crisis por la que padece el sindicato petrolero debe ser matizada y aún corregida por lo que ocurre en el gremio magisterial y su relación con el Gobierno Federal. Para sacar adelante su política educativa, el presidente Fox comprometió su administración con las peores prácticas sindicales del viejo régimen. Inesperado tratamiento formal a la profesora Elba Esther Gordillo, como si fuera la secretaria general del SNTE y no sólo quien detrás de la escena maneja a quienes aparecen en el cargo.
Por añadidura, el cacicazgo sindical así convalidado resulta en una extraña alianza del Presidente con una porción del partido al que se empeñó en sacarle de Los Pinos. La profesora Gordillo, acusada en su propia casa, según su dicho, de homicidios denunciados ante la Fiscalía Especial, es aliada y aún operadora política del Presidente. Las consecuencias de este heterodoxo binomio pueden acaso sentirse en los comicios legislativos del año próximo, cuando pudiera iniciarse la restauración del PRI, una restauración pactada.
Es imposible concluir esta revisión sumarísima de algunos de los acontecimientos actuales del año que termina sin una referencia al golpe contra la libertad de expresión perpetrado por Pedro Ferriz de Con y sus socios de Imagen contra quienes lo fueron también, Carmen Aristegui y Javier Solórzano, a quienes deseamos todo bien.