El general Luis Gutiérrez Oropeza deberá acudir hoy al tercer citatorio de la fiscalía especial que averigua los crímenes que en el pasado reciente cometieron funcionarios del Estado. Ha rehusado comparecer, en la primera oportunidad simplemente no dándose por enterado y en la segunda mostrando documentación médica que certifica un estado de salud que le impide responder al ministerio público. Si se comprueba su maltrechez física, la fiscalía especial a cargo del doctor Ignacio Carrillo Prieto quizá le conceda la deferencia que tuvo con Alfonso Martínez Domínguez. En dos oportunidades, al formular su interrogatorio y al recibir la respuesta, la fiscalía acudió al hospital donde se hallaba el ex regente del Distrito Federal y a su propia casa, ambos domicilios en Monterrey. Pero si resultara que su alegada mala salud es sólo un pretexto, la próxima vez Gutiérrez Oropeza será conducido hasta la avenida Juárez, donde despacha Carrillo Prieto, por la fuerza pública, según se le apercibió ya.
Fue más sencillo llevar ante el ministerio público a un ex presidente de la República y a un hombre que salvo ése, ocupó todos los cargos de la jerarquía política mexicana, que a los generales a quienes se ha acusado de participar en la Guerra Sucia. Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado mayor presidencial durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz es uno de ellos. Jesús Castañeda Gutiérrez, que desempeñó la misma responsabilidad en el sexenio siguiente, con Luis Echeverría, seguirá en el turno de los indiciados. Hasta ahora, sin embargo y a dos semanas del primer aniversario de la creación de la fiscalía (que empezó a trabajar en enero de este año), los generales parecen entender que el fuero de guerra, que les permite ser juzgados en tribunales castrenses, los protege contra actos del ministerio público federal.
Gutiérrez Oropeza se entendió muy bien con Díaz Ordaz. Fue su ayudante militar mientras era secretario de Gobernación, siguió cuidándole las espaldas durante la campaña electoral de 1964 y ascendió a jefe del Estado mayor presidencial el primero de diciembre de ese año. De su personal surgieron futuros ocupantes de su mismo cargo: Miguel Ángel Godínez Bravo, jefe de la sección cuarta, que lo fue con López Portillo y Carlos Humberto Bermúdez, jefe de la sección segunda (la que se ocupa de la información y la inteligencia), con De la Madrid. Castañeda Gutiérrez no figuraba en ese staff, sino que durante el sexenio de Díaz Ordaz tuvo mando de tropas, pues fue comandante del primer batallón de guardias presidenciales.
La declaración que rinda Gutiérrez Oropeza servirá de mucho para definir las responsabilidades gubernamentales de todo tipo, penal y político, en la matanza de Tlatelolco. Ya ha ofrecido su versión de los hechos, en un libro que estremece no por la dureza de los acontecimientos que relata sino porque asusta saber en qué manos hemos estado, así de elementales y desinformadas son sus consideraciones políticas. Pero será relevante no su evaluación espontánea y sesgada de la realidad, sino el modo en que responda a un interrogatorio con el que el ministerio público indaga lo que ignora pero parte también de hechos públicos que conoce y que espera sean ratificados por los indiciados.
Ese es el caso de Gutiérrez Oropeza. Se ha sabido ya que oficiales enviados por él, armados, dispararon contra asistentes al mitin del dos de octubre y también contra miembros del Ejército, lo que constituye una conducta doblemente artera. Como es obvio, el ataque a militares se proponía no sólo construir la evidencia de una agresión contra el Ejército, sino provocar con ello la reacción solidaria de la población en general, que así entendería la magnitud de la guerra librada por el comunismo contra las instituciones, que tal era la tesis oficial entonces.
El general Marcelino García Barragán narra en la autoentrevista cuyo texto entregó a Julio Scherer (y que se incluye en las dos ediciones de Parte de guerra) una conversación telefónica en que Gutiérrez Oropeza admite haber enviado personal a sus órdenes, armado, para apoyar la acción militar. En la misma documentación se incluyen otras evidencias de tal participación, así como de otras actividades del Estado Mayor Presidencial cuya realización Gutiérrez Oropeza atribuía al cumplimiento de “órdenes superiores”, es decir del presidente Díaz Ordaz. Sobresale entre esos hechos el entrenamiento recibido de personal norteamericano para operaciones subversivas, como la colocación de bombas en diversos medios de comunicación, entre ellos el diario Excélsior, cuando lo dirigía el propio Scherer.
Circunstancias como éstas deben ser aclaradas puntualmente por Gutiérrez Oropeza. Y quizá al temor de verse sometido a este interrogatorio explica su ausencia ante los citatorios. Es urgente que se le someta a la autoridad de procuración de justicia, a fin de evitar que la muerte lo auxilie en su propósito de guardar silencio, como ya ocurrió a Alfonso Martínez Domínguez. Aunque ofreció hacerlo, no alcanzó a dar carácter formal a su acusación contra Echeverría, que lanzó tiempo atrás. (La necrofilia, la hipocresía, las colusiones, hicieron que Martínez Domínguez recibiera homenajes reservados a hombres ejemplares, él que distaba de serlo. Nunca fue desconocido su talante, si bien se puso de manifiesto su verdadera condición al ser recordada su trayectoria hace unos meses, acusado de jefaturar los halcones. En su insolencia no resistió el que se le interrogara).