Una mezcla de irresponsabilidades, o una maniobra que implicó acuerdos sigilosos, o el puro azar, que es ingrediente indeseable en el desempeño institucional, hizo que quedara firme el nombramiento del doctor Horacio Aguilar Álvarez de Alba como comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. He aquí cómo ocurrieron las cosas.
El martes pasado, 8 de octubre, intentó el Senado una hábil acción dilatoria que le permitiera cumplir una función de que se había desentendido. Transcurridos ya 25 de los 30 días de que disponía para objetar los nombramientos de comisionados del IFAIP, solicitó al Presidente de la República, fuente de las designaciones, mayor información sobre los nuevos funcionarios. Pretendió con ese acto prorrogar el plazo que se vencía el viernes 11. Recibió de Los Pinos un guiño que aceptaba tácitamente que se corriera el plazo. Pero o se trató de una interpretación errónea, o hubo engaño o mudanza de parecer; el hecho es que la Presidencia comunicó el miércoles 9 que, a su juicio, el término legal estaba por vencerse. Y en vez de aplicar un procedimiento que incluyera recibir a los comisionados para saber de ellos, los coordinadores senatoriales tuvieron que apresurarse a cumplir su atribución el jueves 10. Al efecto, la Junta de Coordinación preparó tres acuerdos, a ser sometidos por separado al pleno.
El primero consistió en no objetar los nombramientos de tres de los cinco comisionados: Alonso de la Veracruz Gómez Robledo Verduzco, Juan Pablo Guerrero Amparán y José Octavio López Presa. Los setenta senadores presentes se manifestaron en ese sentido, de modo unánime.
Enseguida se presentaron, en sendos dictámenes, sujetos cada uno a su propia votación, las objeciones a los dos comisionados restantes. Por eso era debido que cada uno siguiera su propio curso, aunque por argumentos expuestos informalmente se sabía que los dos nombramientos tenían una causa común de objeción: Guillermo Velasco Arzac y Horacio Aguilar Álvarez de Alba no satisfacían el requisito primordial fijado por la ley, que es contar con experiencia en la materia de trabajo del IFAIP, un “desempeño destacado” como lo dice la ley.
El dictamen proveniente de la Junta de Coordinación Política relativo a Velasco Arzac no fue suscrito por su presidente, Diego Fernández de Cevallos, que anticipó así su postura. Sometido a votación, 67 legisladores lo aprobaron (es decir objetaron al comisionado que, en una decisión prematura y que resultó fallida renunció a su cargo en la Secretaría de Seguridad Pública), un senador se abstuvo y tres votaron en contra (Fernández de Cevallos entre ellos). Se votó, en fin, el caso de Aguilar Álvarez de Alba, que presumiblemente seguiría el derrotero anterior. Pero no fue así. El dictamen tampoco había sido firmado por el Jefe Diego, ni por su compañero Jorge Zermeño. Y su criterio, votar en contra, fue compartido por 43 senadores más. En cambio el sufragio a favor de objetar el nombramiento fue emitido por 25 senadores. Aguilar Álvarez es comisionado del IFAIP.
Nos preguntamos si debe permanecer en ese cargo, no obstante su virtual confirmación por el Senado. Su inclusión parece rendir tributo a poderes de hecho acaso vinculados a la opacidad, el fenómeno contrario al valor social y político de la transparencia, que es el objetivo que aquel Instituto debe alcanzar y difundir en la sociedad.
Aguilar Álvarez es hombre de iglesia, adscrito al alto clero y ministro del culto, ya que es diácono permanente. Que pertenece al ministerio eclesiástico resulta inequívoco no sólo para un doctor en derecho canónico como él mismo lo es, sino para cualquier lector del código respectivo, en cuyo canon 236 se estipulan los requisitos de ese grado, dentro del capítulo primero, llamado “de la formación de los clérigos”, del título III, que trata “de los ministros sagrados o clérigos”.
Además de desempeñarse como notario, Aguilar Álvarez fue miembro del equipo de relevo del Presidente Fox, con un papel ambiguo ya que al mismo tiempo era apoderado legal de la arquidiócesis de México. Esa condición ha continuado hasta la fecha, pues durante los casi dos años en que en la mesa de diálogo sobre reforma de los medios se sirvió atole con el dedo, Aguilar Álvarez de Alba representó al subsecretario de Gobernación José Luis Durán Reveles.
Como abogado del cardenal Rivera, el nuevo comisionado de la transparencia gubernamental pretendió que la imagen de Cristo se convirtiera en patrimonio exclusivo de la Iglesia católica. Hace exactamente 3 años, en octubre de 1999, una asociación religiosa debidamente registrada, la Organización Familiar Cristiana, organizó una magna concentración en el estadio Azteca. El Homenaje a Jesús, como fue llamada la multitudinaria reunión, no debía ser convocado ostentando la imagen del hijo de María y José, según el alegato de Aguilar Álvarez de Alba en recurso legal formalmente presentado ante la Secretaría de Gobernación. Su promoción no tuvo éxito, si bien de modo contumaz la llevó hasta que fue dicha la última palabra en los ámbitos administrativo y judicial.
El diaconado era antes un paso hacia el sacerdocio. “Ahora, en cambio, se concibe también como algo permanente”, según lo define la edición del Código de derecho canónico dirigida por Antonio Benlloch Poveda. Los diáconos, añade, “pueden ser célibes o casados. Ambos son clérigos”. Aguilar Álvarez de Alba niega serlo. El derecho lo contradice. Será responsable de la transparencia.