Los partidos están de nuevo sentados ante la mesa de la reforma del Estado. En medio de fragorosas batallas coyunturales, se ha abierto una rendija al acuerdo de más largo plazo, de fondo, que permita un nuevo andamiaje institucional, sin que cesen las escaramuzas que el momento exige, principal aunque no exclusivamente, a través de las elecciones y el debate parlamentario. Así se avizoró, aunque fuera de modo incipiente y acaso sólo enunciativo, en la reunión del lunes pasado en la Secretaría de Gobernación.
Aunque no acudieron los presidentes de todos los partidos convocados (de hecho estuvieron sólo dos de los cinco: Rosario Robles del PRD y Luis Felipe Bravo Mena del PAN), no fue un encuentro desairado. El PRI estuvo representado por su poderosa secretaria general, Elba Esther Gordillo y el PT por el diputado José Narro. Por el Partido Verde acudió su cada día más presente líder del grupo en San Lázaro, Bernardo de la Garza. Tal concurrencia confirió al encuentro del 30 de septiembre la naturaleza de un compromiso en principio respecto de temas donde no se aprecia discordancia.
La reunión del lunes fue precedida por una habida el jueves anterior, en que se manifestaron dos novedades. Fue la primera encabezada por el nuevo subsecretario de Desarrollo Político, Francisco J. Paoli Bolio; y a ella volvió el PRD, en la persona de su secretario general, Carlos Navarrete. Alejado de esa mesa desde el 13 de agosto, ese partido volvió al considerar que habían cambiado las condiciones políticas, y que ahora son propicias para el diálogo. Principalmente resentía el PRD, y otros partidos que no se separaron de la mesa pero compartían esa crítica, el hecho de que el gobierno no asumiera explícitamente una posición, no presentara un proyecto, y esperara que de las reuniones surgiera el listado de los asuntos a debatir.
La agenda que ahora sí presentó Gobernación incluye diez temas y un total de 36 puntos a desarrollar. Los temas se refieren a las reformas en cada uno de los tres poderes federales, y las concernientes a equilibrio entre ellos; a reformas en derechos humanos, al sistema electoral y de partidos, para reforzar el pacto federal y a organismos autónomos. También se mencionan las reformas estructurales y la reforma política del Distrito Federal. Ese último asunto, hay que decirlo de paso, quedó eliminado el martes por la devolución a la Cámara de Diputados, hecha por el Senado, de la minuta en que San Lázaro había aprobado las enmiendas constitucionales que permitirían caminar hacia un nuevo status de la ciudad de México, necesario desde que ya no es un departamento administrativo, el DDF.
No se trataba sólo de un listado académico. Una nota al calce evidenciaba la realización de un trabajo político previo, pues “se indican con número aquellos temas en que hay interés y posibilidades de llegar a acuerdos antes de que termine la presente legislatura”. De los 23 asuntos que están en esa situación, el lunes se recogieron tres que podrían ser convertidos en iniciativas de reforma, constitucional o legal, que aparte su valor por sí mismos, ofrezcan a la sociedad un mensaje alentador, consistente en que los partidos pueden coincidir en la resolución de temas torales.
Se trata de la reforma al artículo primero de la Constitución en materia de derechos humanos, la autonomización del INEGI, y la creación de tres formas de democracia directa: el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular. La primera podría parecer meramente retórica, y en el mejor de los casos sólo simbólica. Se trata de adicionar a la fórmula antigua del artículo con que abre la Carta Magna (“todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución”) el aseguramiento de los derechos humanos. No son estrictamente sinónimas las expresiones garantías individuales y derechos humanos. Ésta es más amplia y conoce nuevos desarrollos que no constan en la parte dogmática de la Constitución mexicana. Si bien hace más de una década el artículo 102 ordenó al establecimiento de organismos de derechos humanos y desarrolla en particular aspectos referidos a la Comisión Nacional respectiva, el texto es sobre todo de carácter orgánico. Hace falta una declaración política solemne sobre los derechos mismos. A eso tenderá la reforma, considerada posible y necesaria por el gobierno y los partidos.
También hay consenso en hacer del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática un organismo público autónomo, al modo del IFE y la CNDH, por ejemplo. Actualmente depende de la administración central y esa ubicación impide que los partidos y los grupos organizados de la sociedad le acuerden plena confianza, pues temen que sus tareas sufran sesgos favorables al gobierno, suspicacia que se atenuaría o quedaría eliminada si lo gobierna una junta directiva de competencia técnica y representación social.
Finalmente, se introducirían formas de democracia directa como el referéndum y la iniciativa popular, a que se refirió el Presidente Fox en su segundo informe, y el plebiscito, que tan mala fama cobró por desgracia en su primera aplicación en el Distrito Federal, pero que ha mostrado su utilidad en muchos países. Dentro de un mes, por ejemplo, varias entidades de EU resolverán mediante esa forma de consulta asuntos que importan a comunidades determinadas, al momento de elegir a los miembros del Congreso federal y un buen número de gobernadores.
Sin exageración, parece que al fin camina la reforma del Estado.