El consorcio holandés ING opera en México desde hace siete años, y es propietario de la aseguradora antaño denominada Comercial América, resultado a su vez de fusiones de compañías que tuvieron origen en grupos bancarios. América perteneció a Banamex. La Comercial había sido adquirida por Alfonso Romo cuando se hallaba en el cenit de su prosperidad. Ahora ING Comercial América enfrenta un grave litigio, que excede los términos de un contrato de seguro y se ha ampliado hasta generar agrias diferencias entre agrupaciones del sector privado.
Apenas anteayer, el grupo holandés reiteró su reprobación a “las acusaciones que se han hecho, sin fundamento alguno, contra nuestros funcionarios, que son gente de probada y amplia experiencia en el sector, íntegros y de honorabilidad sin lugar a cuestionamientos”. Varios jueces penales, sin embargo, discrepan de esa opinión y han emitido órdenes de aprehensión contra ejecutivos de la aseguradora y aun han iniciado proceso contra algunos de ellos. El mismo miércoles en que ésta insistía en la probidad de sus representantes, un juez penal en La Paz, Baja California, dictó auto de formal prisión (es decir, de procesamiento) contra uno de esos ejecutivos, el tercero en llegar a ese punto. Varios más se han puesto a resguardo, quizá en el extranjero, de que los detenga la justicia.
Hace un año, el huracán Juliette devastó una planta productora de fertilizantes en Baja California Sur, propiedad de Fertinal que es parte del grupo Covarra. La instalación estaba protegida por un seguro que importaba 84 millones de dólares, que ING no ha cubierto hasta ahora. Su posición consiste en explicar que no se han valuado todavía plenamente los daños y no se ha determinado a quién debe cubrirse la indemnización. Pero, en un sesgo que ha ameritado la intervención del ministerio público, se presume la falsificación de documentos en que se endosaron en favor de terceros, acreedores de Fertinal, las obligaciones de que ésta alega ser única beneficiaria, con lo que carecería de sustento su demanda de pago. Por añadidura, la aseguradora ha obtenido ya el pago correspondiente de las coaseguradoras que compartieron con ella el riesgo consumado.
El asunto está en los tribunales. Pero también está en el ámbito de la opinión pública porque ha implicado a los sectores empresariales a que están integradas las partes. Saltó primero a la palestra la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, lo que se comprende porque su presidente, don Tomás Ruiz (a quien no debe confundirse con su tocayo e hijo, quien fuera subsecretario de ingresos de Hacienda y presidente del SAT y ahora dirige Banobras) es el director general de ING Comercial América.
La AMIS afirmó el 26 de agosto que la actividad aseguradora es “por definición, de buena fe y cuenta con una depurada estructura de leyes y reglamentos que velan por los intereses de todos los participantes y con instituciones que vigilan la salud financiera, técnica y operativa de las empresas y representan, incluso, instancias de solución de controversias”. Y afirmó también que “la equidad, honestidad, transparencia y protección social de los seguros en México se demuestra con el hecho de que, sólo en el año 2001, nuestras asociadas indemnizaron a 2’500,000 asegurados, sin menoscabo de su solvencia ni de su voluntad de ofrecer el servicio de protección financiera a capas cada vez mayores de la sociedad y la economía”.
Muy otra opinión sobre el tema expresó el 4 de septiembre la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), que exhortó “a las compañías de seguros para que examinen, reflexionen y ajusten sus políticas y comportamiento para con su clientela”.
Antes de referirse en particular al conflicto de Grupo Covarra con ING Comercial América, la Canacintra describió que “el sector industrial ha experimentado problemas de cobranza en sus siniestros. El ámbito de cobertura de las pólizas de aseguramiento que nuestro sector contrata para protegerse contra el riesgo de percances o destrucción de sus instalaciones, no puede tornarse en una contienda de interpretaciones...”. Haciendo suya abiertamente la causa de Fertinal, la Canacintra declaró que “la comunidad industrial se siente ofendida por las actitudes y acciones que esta empresa trasnacional (ING) está cometiendo en contra de mexicanos y del propio desarrollo de la agroindustria que desde hace un año, en perjuicio de los agricultores, no puede producir fertilizante para el campo mexicano”.
La falta de pago, en que la aseguradora incurre “a pesar de haber reconocido, incluso públicamente, que recibieron los recursos respectivos de las coaseguradoras”, alarma a la Canacintra “porque pone al descubierto que en nuestro país los asegurados no cuentan con las garantías suficientes para hacer que las empresas aseguradoras, que se benefician con importantes sumas por concepto de primas de seguros, paguen oportunamente en el momento de un siniestro, lo cual pone en grave riesgo la subsistencia de las industrias aseguradas”.
El asunto trasciende a su origen porque, por un lado, deja en entredicho el andamiaje jurídico que regula esta actividad. Y, por otra parte, porque esta industria de los riesgos pueden producir otro para el país, pues dada la presencia de ING en distintos mercados de todo el mundo, una apreciación suya que resulte adversa a la seguridad jurídica en México puede generar daños a la capacidad mexicana de recibir inversiones desde el exterior.