Para José Francisco Serrano Segovia, octubre ha sido un mes de inusual presencia en los medios. Su biografía figura en el número de Líderes mexicanos de este mes. Y el día 9 su nombre apareció en un diario capitalino como declarante en la averiguación previa para determinar el trayecto de dinero público de Pemex al PRI. Los muchos billetes (puesto que eran entregas en efectivo) que salieron de la caja principal de Banorte, donde el sindicato petrolero depositó 640 millones de pesos que indebidamente había recibido de la empresa petrolera nacional, fueron trasladados en una camioneta blindada Grand Cherokee modelo 1998, placas 309 KAA, que Serrano Segovia había regalado a Francisco Labastida, cuando todavía el destino del sinaloense no se había tornado sombrío.
El empresario dijo que el obsequio era propio de una relación amistosa de más de veinte años, probablemente la época en que el ahora presidente del Grupo TMM hacía pinitos en las finanzas y Labastida empezaba a ganar amigos, como secretario de Estado con De la Madrid. (Ramón Beteta, el secretario de Hacienda de Alemán, contaba que, siendo feo como era, comenzó a ser bien parecido cuando fue oficial mayor, los elogios aumentaron tras su ascenso a subsecretario y cuando fue responsable de las finanzas alemanistas le decían que era un Adonis).
Tres días después, de nuevo el nombre de Serrano Segovia estaba en la primera plana de un periódico de la ciudad de México, por motivos completamente distintos. La información esta vez olía a victoria y no a derrota como la anterior. Se daba cuenta del resultado de un litigio fiscal, que significaba la entrega por 950 millones de dólares a la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), por el fisco federal, vencido en un pleito legal por devolución del IVA. El caso, que dejaba chiquito al de una empresa productora de juegos, defendida por Diego Fernández de Cevallos, que abrió un ancho agujero a las finanzas públicas, favorecía enormemente la posición bursátil de las empresas de TMM, encabezado hace menos de una década por Serrano Segovia, que reemplazó a su padre Julio Serrano Pie de Casas.
Pero el aroma de la victoria se diluyó pronto. El jueves pasado se ordenó suspender la cotización de las acciones del Grupo en la Bolsa Mexicana de Valores. La Comisión Nacional Bancaria, que se ocupa también de los asuntos bursátiles, ordenó esa medida debida a la falta de transparencia en la información que la empresa naviera y ferroviaria debe al público. Y es que estaba dando por sentado el triunfo definitivo de su diferendo con la secretaría de Hacienda, que dista de haber concluido. O sea que puede no ser verdad que aquella multimillonada entre en las cajas de la empresa, de alguno de los modos en que eso es posible.
Desde el principio fue claro que la noticia sobre el resultado judicial, difundida el 11 de octubre, era parte de una operación de propaganda. Se notó de inmediato en el lenguaje empleado, pues se decía que “un panel de tres jueces” había resuelto en favor de TFM. La terminología corresponde al habla del arbitraje internacional y no al del derecho procesal mexicano. Aquí, ese “panel de tres jueces” se llama tribunal colegiado que, en efecto, otorgó amparo a TFM contra la negativa del fisco a devolver aquella monumental cantidad.
La historia del caso es vieja y para entenderla debemos recordar el tránsito del transporte naviero dado por TMM, al ferroviario, de donde surgió la empresa presuntamente beneficiaria de aquella descomunal devolución de impuestos, TFM. Transportación Marítima Mexicana nació en 1955, fundada por los empresarios Agustín Rodríguez, Jorge Larrea, arquitecto Juan Cortina Portilla, Fernando González y Serrano Pie de Casas. No fue casual que el primer barco de la nueva naviera se llamara Anáhuac, pues así había denominado Serrano Pie de Casas la empresa cementera que fue su dedicación inicial. En 1962, en una ampliación de capital, el 30 por ciento de las acciones fueron suscritas por Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior. Esa fue una de las muchas ocasiones en que el desarrollo de la naviera fue favorecido por el Gobierno federal.
Fue natural así que cuando el Presidente Zedillo privatizó los ferrocarriles (no necesariamente, como dicen los mal pensados, para asegurarse la posición que hoy ocupa en una de las empresas beneficiarias), TMM pujara y obtuviera el Ferrocarril del Noroeste, el más productivo de todos, ya que gracias a sus conexiones de Nuevo Laredo y Matamoros con el sistema ferroviario norteamericano por esas fronteras se mueve el sesenta por ciento de las importaciones que realiza nuestro país. Todavía se asombran los expertos de la operación, realizada en 1997, en que ICA y Tribasa, entonces en auge, fueron batidas por TMM mediante la sencilla operación de ofrecer cuatro veces más que el postor cuya oferta quedó en segundo lugar.
Habrá que averiguar si esa extraña pero eficaz postura se basó en información privilegiada. El hecho es que poco después de adquirida la mayor parte de las acciones de aquella empresa ferroviaria (el Gobierno conservó alrededor del 25 por ciento de las acciones), TFM demandó al fisco la devolución de IVA, causada cuando era empresa pública. O sea que TFM adquirió no sólo los activos sino un probable crédito cuyo monto al cabo de los años se aproxima a los once mil millones de pesos pagados en la privatización. O sea que si el litigio concluyera del modo en que se ufana TFM, se explicaría la desmesura de su compra.