MéXICO, D.F.- Consejo de Guerra realizado la semana pasada en contra de los generales Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quirós Hermosillo desató de nuevo la polémica en torno del uso de testigos protegidos -por parte de la justicia civil o militar- para iniciar averiguaciones previas, desarrollar investigaciones y sentenciar procesados, en particular por delitos de narcotráfico.
Hace casi tres meses, durante el encuentro de presidentes de tribunales de justicia del país, la titular de la dirección general de Interprocuradurías de la Procuraduría General de la República (PGR), Claudia Cameras, adelantaba cambios en la Ley contra la Delincuencia Organizada para hacerla más efectiva.
En dicha ley se contempla como uno de los aspectos fundamentales en la lucha contra el crimen organizado el uso de testigos protegidos.
No obstante el pronunciamiento de la funcionaria, las reformas a la Ley Orgánica de la PGR -que serán votadas en breve en el Congreso de la Unión- no prevén cambios a la figura de los testigos protegidos ya que ésta sigue siendo una de las herramientas fundamentales para desmantelar las estructuras de los cárteles de las drogas.
De hecho el pronunciamiento más reciente sobre el tema ocurrió el pasado 29 de octubre, cuando el general Rafael Macedo de la Concha fue cuestionado en torno de las irregularidades que envuelven a los testigos protegidos.
Reconoció la controversia causada por dicha figura y por la ley contra la delincuencia organizada en general, pero dejó en claro que ésta es perfectible.