El otoño es la temporada en que las empresas y el gobierno hacen sus presupuestos del próximo año. Este otoño no es diferente. El gobierno federal envió su propuesta de presupuesto al Congreso el martes 5 de noviembre, mientras que gobernadores, líderes políticos y columnistas aprovechan la época para hablar de la necesidad de un mayor gasto público, aún cuando ello relaje la disciplina presupuestal sobre la que insisten las autoridades federales.
Uno de los argumentos más socorridos para relajar el gasto es dar un estímulo a la demanda interna y apuntalar la recuperación incipiente de la economía. Esta postura no es exclusiva de quienes la enarbolan en nuestro país. En otras naciones, en especial las desarrolladas, también se habla de la necesidad de relajar las metas fiscales con el fin de inyectar un impulso adicional a sus economías. Lo que importa, se dice, no es un déficit o superávit en un año en particular, sino el equilibrio de las finanzas públicas a lo largo del ciclo económico. Los déficit que se incurran en un año de recesión se compensarían con superávit en los años de auge.
Lamentablemente, este comportamiento del ciclo fiscal no existe en México. Por ello nuestras autoridades proponen más disciplina presupuestal en 2003, cuando confían reducir el déficit esperado del sector público a un 0.5 por ciento del PIB. Esta postura oficial de no relajar el gasto público ni elevar el déficit es poco satisfactoria para muchas personas pero, en las condiciones actuales de las finanzas públicas mexicanas, es la decisión más sensata.
En México no tenemos una estructura de ingresos y gastos públicos propicia para utilizar la política fiscal como herramienta para atenuar la severidad del ciclo económico. La primera vez que se intentó ir contracorriente de lo que ocurre en la economía estadounidense mediante un alza del gasto público interno, fue durante el gobierno de Luis Echeverría, y el corolario fue desastroso. Treinta años después el gobierno mexicano sigue careciendo de la falta de margen de maniobra en sus finanzas públicas, debido a la renuencia recurrente de los legisladores a realizar una reforma tributaria con criterios económicos sólidos y que genere ingresos que nos liberen de la dependencia del petróleo.
Los países que pueden contemplar el uso de una política fiscal más laxa son aquellos que cuentan con un historial de disciplina presupuestal y la capacidad de resarcir sus ingresos en épocas de auge porque tienen una estructura tributaria con muy pocos tratos preferentes y exenciones. México no es uno de ellos. Varias administraciones han propuesto diversas reformas tributarias que mejoren el perfil de las finanzas gubernamentales, que reduzcan la dependencia de los ingresos petroleros, así como que disminuyan los tratos preferentes y las exenciones para hacer frente a los compromisos financieros adquiridos o heredados, así como también a muchas necesidades no satisfechas. Todos esos intentos han fracasado hasta ahora. Nuestros legisladores han preferido la vida política fácil, al proponer más gasto y ofrecer todo tipo de estímulos, bajo el supuesto que de algún lado (petróleo caro, venta de activos, ?ahorros?, etc.) saldrá el financiamiento necesario para ello. Al mismo tiempo, con la bandera del ?interés popular? rechazan cuanto intento serio ha habido por reformar, de verdad, nuestro sistema tributario. Esa es una de las principales razones por las que la utilización de la política fiscal como herramienta de estímulo económico no es viable en México. El peligro existe, sin embargo, de que en este debate del presupuesto 2003 los legisladores escuchen las voces de la irresponsabilidad vestidas con el ropaje del ?interés público?, y propongan un mayor gasto deficitario del gobierno, sin consideración de lo daños que ocasionaría a la economía en el mediano plazo. Un mayor déficit público para 2003 afectaría la buena imagen de responsabilidad financiera que tanto le ha costado crear a nuestro país, en particular ahora que están frescos el desastre de indisciplina fiscal en Argentina y la inquietud por el monto de deuda pública en Brasil. Los mercados están muy sensibles a los desórdenes presupuestales, o a cualquier cosa que se le parezca.
Un cambio en la dirección de las metas de déficit público en México, en especial cuando sabemos que la cifra que incluye todos los requerimientos financieros del sector público rebasa el 4 por ciento del PIB, acabaría por comprometer significativamente la estabilidad monetaria y presionaría al alza la inflación y las tasas de interés. El gobierno mexicano, en síntesis, no puede utilizar a discreción la política fiscal porque tiene un déficit en sus finanzas, las que además presentan una estructura muy endeble y dependiente de los ingresos petroleros. Esperemos que la mayoría de los legisladores muestren este cierre de año la prudencia suficiente para desechar las pretensiones de aquellos cuyo interés primordial es ver cómo gastan más en apoyos y estímulos, sin preocuparse de identificar con claridad las fuentes de financiamiento para ello.
El Congreso siempre ha tenido en sus manos la posibilidad de ampliar el margen de maniobra de nuestra política económica mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas. No lo ha hecho porque hasta ahora no ha puesto el bienestar de los mexicanos por encima de los intereses y ambiciones de sus líderes y partidos. Lamentablemente, considero que, a pesar del exhorto del Secretario de Hacienda para eliminar tratos preferentes y exenciones tributarias, no cambiarán su postura en vísperas de un año electoral.
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