Con la elaboración de la base de datos del Orden Jurídico Nacional (alrededor de 50 mil ordenamientos vigentes en todo el país), los mexicanos y los durangueses en lo particular, estarán en condiciones de conocer en unos segundos a través del Internet información sobre leyes y sus respectivos reglamentos de cualquier estado, municipio y delegación, de tal manera que se obvie tiempo y dinero.
Es el director general de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Castellanos Hernández, quien explica a El Siglo de Durango los objetivos y las etapas en que se dará la conformación del banco de datos de los 50 mil ordenamientos vigentes.
Por ejemplo, cuando un constructor desea participar en una licitación pública en un municipio de Chiapas, o haber conseguido el contrato para ejecutar una obra en el estado de Oaxaca, con solamente abrir la página de la Segob, en lo particular la Dirección General de Compilación, podrá acceder a las leyes y reglamentos respectivos de construcción vigentes en los lugares donde habrá de participar.
O si un familiar que viva o se encuentre en los Estados Unidos, pretende adquirir un bien raíz en determinado municipio, pero desea conocer el reglamento de urbanización y construcción, con solamente oprimir un botón podrá acceder en segundos a las leyes y reglamentos correspondientes.
Explicó que de acuerdo al artículo 22 del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación, la dependencia a su cargo tiene las siguientes atribuciones:
Compilar las leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones federales, estatales y municipales o delegacionales, así como establecer el banco de datos correspondiente; poner a disposición del público, para su consulta a través de los sistemas electrónicos de datos, las normas actualizadas que constituyen el orden jurídico nacional (conjunto de ordenamientos).
El orden jurídico nacional deberá estar disponible en forma integral, actualizada y fidedigna para la consulta inmediata y gratuita por parte de todos los gobernados y gobernantes.
Eduardo Castellanos Hernández, con Doctorado en Estudios Políticos por la Universidad de París, donde también cursó estudios de Doctorado en Economía Pública, pregunta: “¿Para qué poner a disposición pública el orden jurídico nacional?”, a lo que el mismo responde: “En una sociedad democrática es indispensable que los gobernantes y los gobernados tengan facilidad de acceso inmediato al orden jurídico que los rige, como una forma elemental para garantizar su respeto y la exigencia de su cumplimiento”.
La división de poderes, el régimen federal, el municipio libre y los organismos constitucionales autónomos, constituyen una estructura institucional llamada a la colaboración permanente como uno de los medios que permite la gobernabilidad democrática del país.
Por lo que al crearse y ponerse a funcionar la Dirección General de Compilación de la Secretaría de Gobernación, se contribuye a la certeza y seguridad jurídicas en el respeto al estado de Derecho.
Además, en concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, la sociedad tiene nuevos derechos para asegurar su ingreso al marco jurídico y vigilar su exacto cumplimiento. “Una sociedad más informada es una sociedad más participativa y más democrática”, enfatiza Castellanos.
Además, cualquier persona interesada, en cualquier lugar del país, e inclusive del mundo, podrá acceder a la información del orden jurídico nacional a través de Internet, de acuerdo a las siguientes etapas:
En una fase inicial, se hará posible la consulta mediante la vinculación de la información jurídica existente en las diferentes páginas web de los poderes públicos; la segunda etapa, según el calendario que informó Castellanos, se sistematizará la legislación y regulaciones administrativas, para ponerlas a disposición del público en general.
Lo anterior implica la compilación de la legislación y reglamentación administrativa federal, estatal y municipal, por lo que es un requisito indispensable la colaboración institucional, que incluye a los diferentes poderes de los distintos órdenes de gobierno, organismos constitucionales autónomos, e incluso eventualmente a aquellos particulares que en virtud de concesión de las autoridades presten algún servicio público que implique una normatividad de aplicación y observancia general.
El director de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, Eduardo Castellanos, calculó que para marzo ya se tendrá en base de datos los alrededor de 50 mil ordenamientos vigentes en el país, y que se pueda acceder a ellos a través de un acceso dinámico electrónico.