Mucho se ha comentado sobre el decreto que reduce sustancialmente el tiempo oficial, gratuito, en televisión y radio. Cuando se sostienen negociaciones que encierran de algún modo un acuerdo de tipo político, y se llega a un acuerdo de última hora, suele suceder que no se espera más, que no se tiene el cuidado de esperar un tiempo prudente y dar forma al acuerdo para que aparezca como democrático y entonces, se apresuran a amarrarle como si en cualquier momento alguna de las partes, o una circunstancia adversa, pudiera echarlo por tierra. Así pasó en este caso, de madrugada, a toda prisa, se firmó el acuerdo que libera, por decirlo en términos foxianos, a los principales medios de comunicación masiva de la obligación de otorgar gratuitamente el 12.5% de sus espacios al Estado. Es cierto que esta no es una liberación total, como sin duda alguna hubiesen querido los oligarcas que controlan, monopólicamente, estos medios. Se trata de reducirlo en un 90%, ya que ahora, el Estado sólo dispone de 18 minutos (el 1.25% del tiempo diario) en televisión y de 35 minutos en radio (como no, y luego qué sucedería con el afamado y primer lugar en raiting del programa de fox).
Lo primero que nos parece digno de destacar es la forma en que se ha realizado este hecho, que deja en claro de una vez por todas los mecanismos a través de los cuales opera el actual gobierno. Llama a dialogar a las fuerzas políticas para elaborar una nueva ley de medios, dentro de la reforma del Estado, negocia por separado con los ?empresarios? de estos medios (un puñadito, pues están altamente monopolizados) y sin mediar forma democrática alguna, se gobierna por decreto. El mismo camino ha seguido, por ejemplo, el ejercicio de las participaciones estatales y municipales en el presente año; la Cámara, que es quien tiene la facultad legal de autorizar el presupuesto establece las participaciones correspondientes, el gobierno de Fox simplemente decide, por sus pistolas, sin negociarlo con el Congreso no con los gobernadores de los Estados, no dedicar presupuesto para el aumento acordado y no lo ejerce. De nada sirve aquí argüir que los ingresos no fueron los que se esperaban, o que es absurdo reclamar dinero cuando no lo hay, porque lo que está a discusión es el ejercicio federal, representativo y popular de la política del gobierno. Si el poder ejecutivo puede decidir en que renglones del presupuesto efectuar recortes o proporcionar aumentos sin consultar con el Congreso, entonces de que sirve que la facultad constitucional de elaborarlo recaiga en éste último. Los invitamos a meditar sobre el indiscutible hecho de que estamos constituidos como una República Federal, representativa (los representantes populares están en el Congreso, el presidente no es el representante del pueblo) y popular, es decir, la soberanía reside en el pueblo a través de sus representantes.
Las implicaciones de este hecho, en vísperas de la discusión sobre el presupuesto de egresos del año entrante, por supuesto en la Cámara de Diputados como lo marca la ley, son mayúsculas. ¿Cómo confiar en que el presupuesto acordado sea respetado por el Ejecutivo?. Y si es así, ¿de que sirve la discusión de la iniciativa presidencial?. ¿Deben, ante esta situación, darle carta abierta en la recaudación de impuestos al gobierno de Fox, si al final de cuentas decide arbitrariamente en qué gasta y en qué no?. ¿Dónde están, por ejemplo, los más de 8,000 millones en que se ha visto disminuido el fondo de estabilización petrolera?.
Y volvemos a repetir, no se discute, al menos por ahora, que el destino sea comprobable o no, sino si el poder ejecutivo tiene las facultades para hacerlo a discreción.
En pocas palabras, si nuestra república es federal, ¿en qué medida viola ese federalismo el excesivo poder del gobierno central?. ¿Son en verdad los gobernadores de oposición un ?grupo de mafiosos? como los ha llamado ya, oficialmente por cierto, el partido acción nacional, o son los poderes ejecutivos de la representación soberana de los Estados que, unidos, forman lo que llamamos precisamente Estados Unidos Mexicanos?
Mucho cuidado señor Fox, no despierte al México bronco, no rete la soberanía de las entidades federativas, muy al estilo de Lucas Alamán y su oportunista presidente Bustamante en el siglo XIX. La debilidad que esto representa para la nación es muy riesgosa y usted deberá aceptar su responsabilidad en esto. Recuerde la guerra independentista de Yucatán en cuanto se acotó al federalismo en 1838. Asimile la experiencia de Gorvachov, que un buen día se despertó con la noticia de que el país que gobernaba ya no existía, pues los estados que la formaban decidieron formar otra y prescindir de su poder central. Por primera vez desde que fue candidato, respete a los que no piensan como usted.
Los días difíciles que amenazan a la patria le van a requerir del apoyo de las entidades federativas, no negociar a tiempo con ellas puede llevarnos a una catástrofe de consecuencias incalculables. Igualmente le requerirá del apoyo del Congreso, abandone los planes de eternizar al PAN en el poder y no permita que los grandes grupos de poder económico, nacionales y extranjeros, lo controlen todo (como ya sucede).
Confían en que el pueblo les otorgue la mayoría en las elecciones del año entrante, y el decreto señalado al principio no es sino un paso, el principal creemos, para lograr esto.
En las actuales condiciones, y si la Cámara no echa por tierra este decreto a través de una Ley de Radio y Televisión, en estos medios observaremos una campaña a favor del gobierno y de linchamiento en contra de la oposición, tanto en las Cámaras como en los gobiernos de los Estados. Cobremos conciencia desde hoy de lo que se pretende y no permitamos nosotros, el verdadero pueblo, que esto suceda.
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