La intensificación de la actividad recaudadora en materia tributaria, que es la principal preocupación de las autoridades nacionales, con el propósito de poder cumplir con pautas presupuestarias comprometidas con organismos internacionales de crédito, no puede ?mejor dicho no debe- exceder los límites propios que la Constitución consagra con relación a garantizar los derechos de propiedad, defensa e igualdad, entre otros, de los ciudadanos. Advertimos con preocupación, quienes nos ocupamos de las cuestiones tributarias, una marcada tendencia en los últimos tiempos, por lo menos en el ámbito legislativo y reglamentario, de pretender elevar los objetivos recaudatorios soslayando el grado de afectación que la implementación de las medidas en cuestión pudieran causar en la comunidad, en general, y a los ciudadanos contribuyentes, en particular.
La profundización de este enfoque, donde los criterios político - económicos quedan muchas veces desplazados por pautas presupuestarias acordadas con mayor o menor tino, nos lleva a cuestionar, por lo menos desde este lado de la trinchera, los efectos negativos que se derivan de la adopción de medidas irreflexivas como las que hemos venido padeciendo a lo largo de la historia. Por ello, dentro de tal contexto, causa justificada alarma saber que, una vez más, la reforma fiscal se estudia hasta última hora y que difícilmente nuestros representantes, que la verdad sí son muchos, velarán por defender los derechos de los particulares ante el fisco.
Si bien es cierto que desde un punto de vista estrictamente económico, podemos considerar al gobierno como un gran productor de bienes y prestador de servicios, que tiene la finalidad de satisfacer las necesidades públicas; también lo es que, en este contexto, el fin no justifica los medios. Las reglas deben ser claras y, lo más importante, deben ser respetadas tanto por los ciudadanos como por las autoridades. Es claro que el gobierno tiene el poder tributario, o sea la facultad o posibilidad jurídica de exigir contribuciones con respecto a personas o bienes que se encuentran en su jurisdicción, pero estamos pidiendo, desde hace mucho tiempo, que el gobierno determine en forma lógica y razonable una mejor distribución de la carga tributaria entre la totalidad de los miembros de la sociedad.
Todos sabemos que año con año aumentan las necesidades del país, mismas que deben ser satisfechas, en menor o mayor medida, a través del gasto público. Sin embargo cuando se estudia el gasto público parece que no se toman en cuenta las exigencias de la sociedad que a medida que tiene acceso a mayores niveles de información, demanda mejores servicios públicos. En este sentido un efecto deseado de la tributación es que la transferencia de recursos del sector privado hacia el estado cubra el presupuesto y que no provoque ningún cambio negativo en la economía de los contribuyentes. Señores en el congreso recuerden que si un tributo es confiscatorio y genera, además, un alto costo administrativo al fisco y al contribuyente entonces es un tributo inútil.
Sea cual sea el rumbo que tome la política fiscal debe quedar claro que el sector privado no es el culpable de la baja en la recaudación. El gobierno debe entender que la disminución tiene su origen en el descenso del consumo, fruto de los aumentos de impuestos y del clima de inseguridad que existe actualmente. Así mismo, las autoridades deben entender que sus métodos de recaudación deben estar apegados a la Ley para evitar que el sector privado siga siendo presa de la inseguridad. En este sentido las autoridades recaudadoras deben evitar realizar aplicaciones de medidas infundadas, interpretaciones sin fundamento y arbitrariedades.
La Ley hay que cumplirla, por lo tanto así como los impuestos hay que pagarlos, de la misma forma no pueden existir concesiones a grupos o sectores al margen de la Ley (informales y/o piratas) no falta por ahí el que dice, y con justa razón, que o cumplimos todos o no cumple nadie. Y ya para terminar me voy a sumar a quienes opinan que el gobierno debe mantener un verdadero equilibrio fiscal entre sus ingresos y sus gastos. No esperemos a fin de año para ajustarnos los cinturones, es conveniente realizar las acciones por el lado del gasto ahora que hay tiempo para ajustar las finanzas públicas.
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