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México, D.F.- Horas antes de que venciera el plazo dado por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, la defensa de los líderes petroleros Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana Prieto y Jesús Olvera Méndez, entregó los alegatos a favor de sus clientes.
En Conferencia de Prensa, los abogados Juan Velásquez y Odette Mobarak dieron a conocer que solicitaron a la Sección Instructora citar a declarar como testigos de descargo a 93 personas.
Previamente, ambos abogados entregaron cinco tomos que contienen 500 supuestas pruebas por cada uno de los delitos y por legislador, mismos que fueron recibidos por el coordinador jurídico de la Sección Instructora, Juan Manuel Osorio Jiménez.
Juan Velásquez aseguró en rueda de prensa que se trata de un asunto estrictamente jurídico que se pretende llevar al ámbito penal en perjuicio del diputado federal Carlos Romero Deschamps, el senador Ricardo Aldana y el diputado de Tamaulipas, Jesús Olvera.
Agregó que por ello la defensa, un cúmulo de pruebas que acreditan la inexistencia de los delitos por los que la Procuraduría General de la República (PGR) ha solicitado el desafuero de estos tres legisladores presuntamente involucrados en el “Pemexgate”.
Ahora, dijo, corresponderá a la Sección Instructora decidir si admite o no los alegatos presentadas, pero “en vista de que la Ley habla de que se deben admitir los que sean pertinentes y en este caso todos lo son, por consiguiente deben ser admitidas”.
Velásquez explicó que las mismas consisten en documentos que acreditan que el Sindicato pidió prestaciones laborales y que Pemex otorgó, lo cual no constituye ningún delito.
Además, resaltó, prueban que para que se dieran estos recursos hubo autorización gubernamental y todo el monto fue revisado y aprobado hasta por la Secretaría de Hacienda.
Resaltó que cuando el actual secretario de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, fue designado miembro del Consejo de Administración de Pemex en 2001, revisó y aprobó toda la gestión del año 2000, por lo que conoció de estas operaciones.
Asimismo, habló de la acusación de peculado electoral y al respecto señaló que se presentaron pruebas irrefutables de que los 640 millones de pesos que le dio Pemex al sindicato fue un préstamo y dejaron de ser recursos públicos en cuanto ingresaron a las arcas de los trabajadores.
Por su parte, la abogada Mobarak dio a conocer que se solicitó a la Sección Instructora que amplíe el plazo para la presentación de pruebas, a fin de probar las mismas.
Indicó que entre las principales pruebas presentadas se encuentra la resolución del juez noveno de distrito que determina que este asunto debe ser conocido por la autoridad laboral competente.
Finalmente, manifestó que fueron presentadas 500 pruebas por cada legislador y por cada delito que son los de peculado, peculado electoral y uso indebido de atribuciones.