Tenemos que reconocer que de la mano de una interpretación exagerada de los planteamientos economicistas popularizados en Gran Bretaña y Estados Unidos por sus mandatarios Thatcher y Reagan, hubo gobiernos en México, como el presidido por Salinas de Gortari, que se pusieron a privatizar todo, buscando la capitalización del gobierno (ojalá haya sido sólo eso) y por ende no siguieron una estrategia honesta y pensada a largo plazo, para considerar dos y hasta tres veces a quién se debería asignar la empresa que es privatizada, incurriendo la mayoría de las veces simplemente al expediente del mejor postor, encontrándose al paso de los años con que muchos de esos mejores postores no pudieron cumplir los compromisos adquiridos por falta de profesionalismo, probidad o los suficientes recursos económicos en la realidad, no sólo en la saliva, con lo que los Fobaproas y anexas comenzaron a ver cómo la asignación de las titularidades de las empresas otrora gubernamentales y por decreto privatizadas acababan revirtiendo en peores crisis financieras para el país y sobre todo cómo ese servicio que se privatizaba para que se diera más eficientemente, dejaba de darse o se daba en situaciones cada vez más precarias, inclusive en condiciones peores de cuando el gobierno era el prestador monopólico.
De ahí que efectivamente el tema de las privatizaciones esté imbuido aún de ese natural recelo que surge de ver que en el pasado inmediato las cosas se hicieron mal y por ello surge un natural resquemor que se ejemplifica magníficamente en ese dicho popular: “quién con leche se quema hasta al jocoque le sopla”.
Por ello personas y entidades más o menos politizadas reaccionan en la actualidad negativamente ante las propuestas de privatización de ciertas empresas que brindan un servicio público importante, sin considerar que muchas veces en la práctica y de manera más cara, ya se han dado muchos pasos previos en la auténtica privatización de dicho servicio.
Pongo dos ejemplos como muchos otros que pudieran ocurrirse: Durante mucho tiempo se consideró dogma administrativista e incluso constitucional el que el servicio de correos fuera brindado por el gobierno, por lo que se aceptó plenamente el hecho de que Correos y Telégrafos fueran entidades monopólicas gubernamentales.
Sin embargo ante el hecho real por la competitividad internacional de tener que satisfacer una necesidad imperiosa de entregar en lapsos cada vez más breves, paquetes, informes, oficios, documentos, etc. comenzaron a surgir con gran éxito, los servicios de entrega inmediata que han acabado provocando que el servicio postal de cualquier país o entre a esa competitividad y eficiencia que las empresas privadas brindan, o quede como emblema romántico para las tarjetas de navidad.
Es impensable por otra parte sugerir la privatización del servicio de agua potable en las ciudades mexicanas (en otras partes del mundo esto es ya todo un hecho que muestra cada vez mayor eficiencia y economicidad) sin ser tachado de vendepatrias y desnacionalizado, sin embargo nadie escatima pagar el alto precio que supone comprar un botellín de agua purificada, dado el natural pavor que se tiene a acabar contaminado por salmonelas o cualquier otro bicho, en el caso de ingerir directamente el agua de la llave surtida por las entidades gubernamentales.
¿No son éstas en realidad formas de privatización en la práctica, de los otrora intocables servicios públicos?