El informe de la Procuraduría General de la República, en relación al decomiso de productos fabricados y vendidos en violación de los derechos de autor en el estado de Coahuila, revela la existencia de un grave problema social y económico. De acuerdo a lo manifestado por la Delegada de la dependencia en nuestra ciudad, la dependencia habría incautado dieciocho mil unidades de discos compactos en los últimos días, tanto en nuestra región como en otras partes del estado.
La cuestión se encuentra asociada al problema del comercio ambulante, puesto que quienes distribuyen los productos denominados “piratas”, suelen ser comerciantes que no están establecidos en un lugar determinado y ofrecen su mercancía en la vía pública. Lo anterior además de significar un riesgo para los consumidores en cuanto a que se vean timados por razones de mala calidad o falta de garantía, implica un fraude a la hacienda pública por evasión de impuestos.
Una idea equivocada que es común, sostiene que la piratería es un mal necesario, en virtud de que sus autores no tienen otra forma de satisfacer sus necesidades primarias de casa, comida y sustento. Esta opinión soslaya que en el origen de esta clase de comercio ilícito, existen grandes corporaciones informales de fabricación y distribución al mayoreo, que se erigen como estructuras paralelas a la planta productiva que no pagan impuestos, ni cuotas de Seguro Social o Infonavit.
Estas organizaciones parásitas debilitan nuestra vida económica y perjudican tanto al gobierno en virtud de los impuestos que eluden y a la iniciativa privada por la competencia desleal que plantean, como al pueblo trabajador en general, que paga sus impuestos al consumo y sobre el salario que percibe. La ciudadanía espera de la PGR nuevos operativos en el combate a la piratería, no sólo sobre los comerciantes al menudeo, sino contra las cabezas de las grandes organizaciones que controlan esa ilícita industria.