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México, D.F.- El grupo del PRI en la Cámara de Diputados presentó ayer una iniciativa de reformas para regular los recortes al presupuesto, eliminar su discrecionalidad, evitar afectar programas sociales y sancionar a los funcionarios que violenten esta disposición.
En el marco de la sesión ordinaria en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado Eduardo Andrade Sánchez, del PRI, presentó la iniciativa que contempla a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la cual fue turnada a comisiones para su estudio y dictamen.
En tribuna, el legislador propuso cambios a los artículos 15, 16, 25 y 50 de dicha ley, en donde se destacan sanciones a los funcionarios públicos las cual que pueden alcanzar la destitución y la inhabilitación hasta por 10 años en caso de incurrir en responsabilidades graves en materia de recortes o subjercicios.
La iniciativa expone que el presupuesto federal debe contener los pagos que por concepto de deuda externa o interna debe realizar el Gobierno, las erogaciones de cada entidad donde se especifiquen las metas y la manera en que se asignarán recursos que se obtengan en exceso de lo previsto, como por ejemplo el precio del petróleo.
Expuso que en caso de que los ingresos del Gobierno federal sean menores a los previstos la determinación de eventuales recortes se hará sin afectar programas educativos, de salud, apoyo al campo o las partidas destinadas a las entidades federativas.
“En caso de que la disminución de recursos disponibles hiciese necesaria una afectación de las partidas correspondientes a estos rubros, el Ejecutivo deberá presentar una iniciativa de reformas al decreto de Presupuesto de Egresos para que la Cámara de Diputados disponga lo conducente”.
Se propone también que el Ejecutivo federal se ajuste a los montos autorizados para los distintos programas y los titulares de las unidades responsables tendrán obligación de ejercerlo en su totalidad y reportar avances del gasto a la Cámara Baja.
El legislador del PRI indicó que el Ejecutivo federal determinará la manera en que deberán invertirse los subsidios que otorgue a estados, municipios o instituciones públicas, quienes proporcionarán al propio Ejecutivo y a la Cámara de Diputados la información que se solicite para su aplicación.
Sobre las sanciones señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fincará las responsabilidades administrativas a los titulares de las unidades responsables que incumplan las obligaciones de estas reformas con las citadas sanciones.
En los artículos transitorios de la iniciativa se asienta que cualquier transferencia realizada en el 2002 que afecte programas prioritarios debe ser repuesta de programas no operativos, como gastos de comunicación social, ceremonial, protocolo y similares.