La dirigencia nacional del PRI salió al paso de la embestida gubernamental contra ese partido, acusó al gobierno federal de recurrir cada vez con mayor frecuencia a la reprobable estrategia de “filtrar” informaciones falsas y distorsionadas para afectar a sus adversarios y presionar a las autoridades que tienen a su cargo resolver las controversias y de poner los instrumentos de procuración de justicia al servicio de la política partidista, con lo que daña al proceso democrático de México y lastima el estado de Derecho.
A través de su coordinador de Asuntos Jurídicos, Miguel Ángel Yunes Linares, el comité ejecutivo nacional del tricolor denunció que el gobierno foxista ha echado mano de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, de la Comisión de Fiscalización del IFE y de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, “para agredir a sus adversarios, provocando estridencias informativas con la filtración irresponsable de datos falsos o dando a conocer acciones judiciales que por disposición de ley deben mantenerse bajo secrecía y en reserva para no afectar el honor y la dignidad de las personas”.
Tras reiterar que el PRI no reclama impunidad, exigió no utilicen los instrumentos del Estado para combatir a sus adversarios políticos y, de esa manera, intervenir indebidamente en el proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados el año próximo”.
En conferencia de prensa en la sede nacional de su partido, el político veracruzano señaló que al recrudecer sus acciones contra el PRI, el gobierno federal aplica “la estrategia de siempre que tiene como objetivo cubrir sus errores y deficiencias”, a la que hoy han agregado el perseguir a los periodistas que publican la información que el gobierno “por debajo de la mesa” les proporciona, “como si la responsabilidad fuera de los comunicadores y no de quienes debieran abstenerse de “filtrar” aquello que no constituye ninguna verdad legal sino una simple averiguación hecha al amparo del abuso de la ley.
Aseguró que violando toda la normatividad constitucional y legal vigentes, la UEDO llevó a cabo las investigaciones sobre el financiamiento de la campaña presidencial del PRI del año 2000, hecho que resulta altamente riesgoso para el sistema político y en especial para los partidos opositores por la utilización de ese órgano de investigación para intervenir en la vida interna de los mismos y de las organizaciones sociales.
Recordó que desde el mismo debate de la creación de la UEDO se precisó que no debía permitirse, en ningún caso, que el Estado Mexicano lo usara como arma política, dotada como fue de facultades extraordinarias de investigación, como son la intervención telefónica, la infiltración de agentes, la utilización de “testigos protegidos” y otras más, “que deben servir para el combate a bandas organizadas, no para lesionar la imagen y los intereses legítimos de las organizaciones políticas.
“Basta señalar que los “testigos protegidos” o “testigos custodiados” con base en cuyo testimonio pretenden fincar responsabilidades penales y electorales, declararon en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, cuando se encontraban todavía arraigados por la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada”, añadió.
El responsable de los Asuntos Jurídicos del PRI sostuvo que “la Fepade, que debiera ser ejemplo de apego a la legalidad, imparcialidad y equidad, ha sido puesta al servicio de la política partidista, como lo indican las filtraciones” habidas la semana pasada sobre los citatorios a un grupo de legisladores para lesionar a éstos y a su partido.
Afirmó Yunes Linares que la titular de la Fepade -María de los Ángeles Fromow Rangel- “al tiempo que emite declaraciones públicas con juicios condenatorios en contra del PRI, asume por el contrario el papel de defensora de oficio en el caso “Amigos de Fox”, anticipando que no se ejercitará en su contra acción penal alguna, antes incluso de concluir la averiguación previa que debía estarse tramitando”.
En cuanto a la Comisión de Fiscalización del IFE, señaló que “ha permitido que la información reservada que tiene a su cargo se utilice para lesionar los intereses de nuestro partido” y que en meses recientes se han enterado acerca de los acuerdos que en aquella se toman y de las decisiones que podría asumir en el futuro y lamentó que a la determinación del PRI de colaborar con ella para que cumpla plenamente sus responsabilidades, “se responda con la misma deleznable estrategia de “filtraciones” que ha institucionalizado el gobierno federal”.
Dijo que es notable el hecho de que sólo se “filtra” aquello que pueda lesionar al PRI, pero nada se sabe acerca de la campaña del PAN en el año 2000 a través de “Amigos de Fox, A.
C.”, cuando ya se ha recibido información al respecto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como es igualmente preocupante que aquel órgano del IFE, “garante de la democracia”, pueda tomar siquiera como elemento indiciario para fincar sanciones en un recurso administrativo-electoral, una averiguación penal sustentada en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, llevado a cabo por la UEDO.
“Si el IFE legitima el uso de esas disposiciones legales extraordinarias como instrumento para investigar y aplicar sanciones a los partidos políticos, estaremos auténticamente frente al riesgo de resolver los conflictos de orden electoral con las mismas normas que se utilizan para perseguir a bandas organizadas de delincuentes”, tronó el dirigente priísta.
De la Sección Instructora de la Cámara de Diputados recordó que se integró violentando la normatividad de ésta, a propuesta de un órgano que no tiene facultades para intervenir en su nombramiento y sin respetar los principios de legalidad, pluralidad, proporcionalidad, equidad y representatividad en los que debe basarse la integración de todas las comisiones camerales.
Al final, Yunes Linares advirtió a nombre de la dirigencia nacional de su partido que seguirán defendiendo a éste “con la fuerza de nuestra militancia y siempre con base en la ley”, frente a la evidente intención de continuar politizando la justicia para utilizarla como instrumento en los procesos electorales del próximo año.
De esta manera, el alto mando del Institucional y los priístas sale al paso de la embestida gubernamental que día a día arrecia, de cara a la renovación de la Cámara de Diputados, como reiteradamente se ha venido señalando.