La queja que presentaron 7 regidores de Canatlán contra José Teodoro Ortiz Parra, representando a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, para que aclarara el excesivo gasto de las obras públicas y la falta de expediente técnicos en más del 50 por ciento de las 41 programadas, entró ya a la segunda fase: realizar una auditoría independiente y pedir la intervención de la Contraloría del Estado para que se aleje cualquier duda de corrupción, fraude o ineficiencia administrativa.
Por otra parte, uno de los regidores priistas, que no firmó el documento, aseguró que “sólo es un malentendido”.
María Elena Morales Morán, en nombre de los 7 regidores del Cabildo de Canatlán que firmaron originalmente el documento, aseguró que el movimiento que han iniciado los ediles lleva un solo fin: Aclarar la realización de obras y sus costos, negando que tenga fines políticos.
El caso es que de 41 obras públicas programadas para este año, 20 se han realizado al 100 por ciento, pero sólo 18 tienen sus respectivos expedientes técnicos, faltando 2 de ellos. Hay un rezago de 11 obras que están en proceso y otras 11 ni siquiera han iniciado. Estas últimas 22 no cuentan con expediente técnico.
Por su cuenta, el regidor del PRI, Sergio Benítez Calderón, que no firmó el documento en mención, consideró que el problema es sólo de "un malentendido y falta de comunicación” por parte del Departamento Municipal de Desarrollo Social con el Cabildo.
A pesar de ello, comentó que hay algo positivo de todo esto, que será la aclaración de la aplicación de la obra, incluso sentenció: “Si hay obra en la que se excedió el gasto, que se aclare y se inculpe al contratista o a la autoridad culpable, pero que se deslinde oportunamente toda responsabilidad de quien salga culpable”.