Bernardo Gómez Martínez, ya ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión tiene propósitos: “Ese es ahora el proyecto que más me interesa: que Emilio brille donde se pare”. Pero sus intenciones no son tan estrechas que sólo incluyan al presidente de Televisa, Azcárraga Jean. Dijo a la revista Líderes mexicanos que su actual desafío es “hacer las cosas mucho más grandes de lo que son ahora, poder cambiar al país”.
Por lo pronto cambió el régimen legal de los medios. Mediante su cercanía con la primera dama Marta Sahagún, con quien se permite el trato confianzudo que mantenían cuando la señora Fox era aún vocera del Presidente de la República, el director adjunto a la presidencia del grupo Televisa fue el motor para que el 10 de octubre él mismo pudiera festejar la aparición de un nuevo reglamento y un decreto que redujo el monto del impuesto especial pagadero en especie que está vigente desde 1969 y que en rigor debe seguir en esa condición porque lo contiene la Ley de Ingresos para el año 2002 y sólo el Congreso puede suspender la vigencia de ese ordenamiento o modificar sus tasas.
La víspera de ese día triunfante, cuando se comprobó que la mesa del cambio era la de la comida de los radiodifusores y no la del diálogo en Gobernación, Gómez Martínez sorprendió a todo el mundo cuando reveló que el origen del 12.5 por ciento había sido la prestancia de la radiodifusión. Con sintaxis tan extraña como su información histórica dijo: “esperamos que se revise nuestra regulación y se resarza el adeudo histórico con la industria por difundir los hechos de 1968 y ejercer su derecho a la libertad de expresión”.
No hubo tal hazaña civil. Entonces eran casi inexistentes los servicios informativos en la radio y no había como hoy competencia empresarial por ofrecer noticias. La información de Telesistema era provista por los diarios Excélsior y Novedades y aun en el primer caso estaba marcada por el acotamiento que padecía la prensa en ese tiempo.
No hay duda, sin embargo, de que el tiempo fiscal surgió del autoritarismo presidencial, alimentado por la movilización del verano de aquel año, pero originado meses atrás y promovido por el secretario de Gobernación Luis Echeverría y su después enemigo Alfonso Martínez Domínguez, presidente del PRI. Así parece desprenderse del testimonio tardío ofrecido por un personaje singular en la radiodifusión, don José Luis Fernández, reputado como autor de la Ley federal de radio y televisión en su carácter de director de la CNIRT a fines de los cincuenta.
En abril de 1972, durante la segunda asamblea del consejo consultivo de la Cámara, el abogado Fernández (cuyos hijos son titulares de la concesión que en el DF utiliza el conflictuado grupo Imagen) esbozó una hipótesis sobre el origen de “la serie de medidas legislativas y administrativas que han venido a revolucionar el régimen a que quedan sujetas nuestras emisoras”. Muy enterado de la relación de los medios y el gobierno dijo que esas medidas “parecen indudablemente inspiradas por los hombres a cuyo cargo estaba la dirección de los destinos del partido en el poder, es decir del PRI, tratando de culpar , entre otros muchos factores igualmente imponderables, a los compañeros nuestros que por intereses políticos personales emplearon en beneficio de sus propias candidaturas, las radiodifusoras de que son titulares, originando que los resultados de las votaciones no fueran lo que esos directivos esperaran”.
La vaguedad con que está presentada esa versión induce a suponer que los oyentes del licenciado Fernández estaban enterados de los pormenores del caso. Pero nuestros lectores no lo están y conviene por lo tanto recordarlos. Se trata de las elecciones municipales de Baja California de junio de 1968, pocos meses después de la llegada de Alfonso Martínez Domínguez a la presidencia priista, que fueron las primeras ganadas por la oposición en B.C. En Tijuana, el radiodifusor Luis Manuel Enciso Clark al no recibir el apoyo del PRI fue postulado por Acción Nacional y ganó, según cifras del blanquiazul (pues las oficiales nunca se conocieron) por treinta mil votos contra veinticuatro mil de su adversario priísta. Y en Mexicali, el después diputado y senador Norberto Corella consiguió una diferencia aun mayor: 61 mil contra cincuenta mil votos.
Ese resultado fue inadmisible para las pretensiones de Martínez Domínguez, que no quiso debutar con una derrota tan escandalosa y propuso y logró que los comicios fueran anulados. Operó la decisión Luis Echeverría, a quien el presidente Díaz Ordaz dispensaba total confianza, según dijo expresamente a Luis M. Farías en el acto de hacerlo líder de la legislatura. El secretario de Gobernación dictaminó que el resultado en la frontera “era un vergonzoso retroceso cívico nacional” y dispuso que se organizaran concejos que gobernaran en vez de los candidatos elegidos.
Esos fueron los hechos que, en la versión de José Luis Fernández dieron lugar al 12.5 por ciento de tiempo fiscal. Se ha recordado en estos días que para llegar a ese extremo se creó un inverosímil impuesto especial, confiscatorio como lo llamó la CNIT, pero concebido con el ánimo de no aplicarlo y de convertirlo en ese pago en especie. Pero los beneficiarios de la enmienda de hace ocho días se cuidan muy bien de informar que junto al decreto que estableció ese tiempo del Estado se emitió otro, que renovó las concesiones por diez años. Bonita represión, ¿no?