De los muchos aspectos del Proyecto de Presupuesto 2003, destacamos los propósitos de no aumentar impuestos ni crear nuevos, al tiempo que se busca aumentar los ingresos totales mediante mayor eficiencia recaudatoria y reducción del gasto corriente. El enfoque es realista, aunque el presidente Fox lo justifica con la explicación incorrecta de que la austeridad es producto del rechazo del Congreso a aumentar impuestos en el ejercicio anterior. Esto significa que si el Congreso decidiera aumentarlos o crear nuevos, Fox aceptaría gustoso.
El gobierno viene ensayando reformas fiscales desde fines de los 70, de modo que ahora no quedan actividades por fiscalizar, salvo algunas exenciones dictadas por imperativos de protección al ingreso. El Banco Mundial lo reconoce así: “La elevación de los ingresos fiscales no puede venir de incrementos en las tasas actuales porque éstas ya están alineadas con los estándares internacionales (...) La administración es la parte más débil del sistema fiscal de México” (Retos y perspectivas de la reforma fiscal, 30/07/02).
Con esta idea, el Banco Mundial prestó al gobierno 300 millones de dólares este año para modernizar el Sistema de Administración Tributaria, aunque también demanda eliminar exenciones a alimentos (excepto cereales), medicinas y otros, además de nuevos impuestos a ventas en los estados. No obstante, su enfoque central es que “en la medida en que la mejoría en la administración genere ingresos suficientes para eliminar el déficit fiscal y atender las necesidades sociales más ingentes, el gobierno tendrá la opción de reducir las tasas impositivas o expandir sus programas de gasto (...) Aumentar el sentido de equidad entre los causantes es visto ampliamente como decisivo para incrementar el cumplimiento voluntario”.
Es notable que una organización como el Banco Mundial admita la opción de reducir impuestos y mejorar el sentido de equidad entre los causantes. Habría que mejorar también la información fiscal porque hay manoseo de las cifras para amedrentar al público. Es chocante escuchar a diario la especie de que México sólo recauda entre 11 y 12% del PIB, cuando en realidad los ingresos gubernamentales totales (tributarios y no tributarios) superan 22% del índice (Ibid), y eso que las cifras de este acrónimo están infladas, de modo que los ingresos públicos podrían ser en realidad mayores.
Por malevolencia o ignorancia se omite que la cifra del 11-12% del PIB comprende únicamente ISR e IVA, es decir, excluye tributos por petróleo, gasolina, diesel, gas, impuestos especiales a refrescos, cerveza, cigarros, casetas, predial, etcétera. Por otra parte, se miente que el petróleo aporta un “inaceptablemente alto” 30% de los ingresos públicos, al tiempo que se calla que ese porcentaje es relativo a la suma de ISR e IVA, exclusivamente. En realidad, el aporte fiscal del petróleo es menor a 20% de la totalidad de los ingresos públicos tributarios y no tributarios.
El argumento de que el aporte del petróleo es exagerado proviene de compararlo con el de los países de la OCDE, la mayoría de los cuales no son productores de petróleo, mientras los que lo son tienen regímenes fiscales de empresa privada. La comparación adecuada para México debería ser con países petroleros como Venezuela y las petrocracias árabes. Se vería entonces que nuestro tributo petrolero es más bien modesto y, en todo caso, óptimo según las características de nuestra economía e historia política.
La separación del aporte petrolero de las cuentas fiscales totales revela la intención de preparar mentalmente al público para que acepte un régimen fiscal de empresa privada o “autonomía financiera” en Pemex. El agobio actual de la empresa proviene de que es objeto de dos regímenes fiscales, uno público y otro privado (ISR a través de los Pidiregas). Los gobernadores que reclaman sus participaciones no han caído en cuenta que la porción que se les descontó en 2002 equivale a la suma que la SHCP ha devuelto a Pemex hasta el tercer trimestre por concepto de Pidiregas: 18 mil 281.5 millones de pesos (SHCP: Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al tercer trimestre de 2002, p. 41).
Nuestra realidad fiscal sigue empañada por los criterios contables de la era patrimonialista. En su origen, la separación contable de Pemex obedeció al supuesto implícito de que la empresa era propiedad del gobierno. A partir de la crisis de deuda de los 80, la separación obedeció al imperativo de garantizar los préstamos soberanos con los ingresos petroleros.
La separación de ahora proviene del impulso hacia la privatización sigilosa de la empresa. Obsérvese el sumo cuidado que el gobierno pone en esta separación al hablar de sus necesidades fiscales.