Con la descalificación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional al rubro que se refiere a la contratación de un crédito por 582 millones de pesos, por considerar que significará “endeudar a las próximas generaciones de duranguenses”, por mayoría de los diputados del PRI, PT, PRD y PD, la LXII Legislatura local aprobó la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal del 2003, por un monto de 8 millones 891 mil 13 pesos.
Previo a la votación, tanto en lo general como en lo particular de los artículos y transitorios de la Ley de Ingresos en mención, los diputados del PRI y PAN enfocaron su discusión sobre el artículo segundo, en el que se autoriza al titular del Ejecutivo estatal a contratar y ejercer empréstitos hasta por el monto de 192 millones 994 mil pesos para el financiamiento del Presupuesto de Egresos, recursos que se destinarán a cubrir el programa de obra pública directa y el concertado en el Convenio de Desarrollo Social.
Así como el artículo quinto transitorio, en el que se autoriza al Ejecutivo estatal a contratar y ejercer créditos hasta por un monto de 390 millones de pesos, de los cuales 140 millones se destinarán a cubrir el programa de obra pública derivado del convenio multianual del Gobierno del Estado y la SCT, que comprendería los tramos carreteros: Los Herrera-Topia, Durango-Tepic, Coyotes-San Miguel de Cruces y El Salto-Pueblo Nuevo.
Además, 250 millones se destinarán al financiamiento de la construcción de la carretera Durango-Mazatlán, en caso de que se autorice en el Presupuesto de Egresos de la Federación el monto correspondiente a la aportación del gobierno federal para continuar con la obra.
“Los créditos que suman 582 millones 994 mil 375 pesos hacen a todas luces una iniciativa de Ingresos totalmente deficitaria, y que desde luego pretende dejar al estado de Durango endeudado en futuras administraciones estatales”, expresó Víctor Joel Martínez del PAN.
No coincidimos, agregó, con los créditos que se pretenden contratar, porque con ellos se estaría elevando la deuda pública del estado hasta mil 815 millones, 758 mil 388 pesos. Señaló la referencia de que la actual Administración de Guerrero Mier recibió una deuda pública por 838.1 millones de pesos, que se han incrementado gradualmente año con año hasta casi duplicarla.
En respuesta a tal postura, a nombre del grupo parlamentario del PRI, Adrián Valles Martínez utilizó la tribuna para destacar “las bondades del financiamiento”, como vía para que la administración pública se allegue recursos. “Esta vía cuando se maneja de una manera responsable no constituye endeudamiento ni carga, cuando existe una responsabilidad, cuando existe eficiencia, se convierte en un factor de desarrollo que fomenta la posibilidad de progreso de las regiones del estado, porque fomenta la posibilidad de acceder a una obra que debe transformar las condiciones de vida de los habitantes.
“No concebimos que un estado acceda a la vía del financiamiento para el desarrollo de 19.6 kilómetros para la carretera Los Herrera-Tamazula, y que esto se diga que va a ser una carga para el estado. Al contrario, les va a permitir la posibilidad a los habitantes de esta región a transformar sus condiciones de vida.
“Nuestra visión es que la vía del financiamiento mejora las posibilidades para que los 31.5 kilómetros de pavimento se puedan efectuar en la carretera El Salto a Pueblo Nuevo, para que se construyan 32 kilómetros de terracería de la rúa Durango a Tepic”.
Negar la vía del financiamiento, es negar la posibilidad de que se termine la carretera Coyotes San Miguel de Cruces, enfatizó el legislador priista al solicitar el voto a favor de los diputados. Finalmente, los 8 del PAN se manifestarían en contra.
La coordinadora del grupo parlamentario del PAN, Rosario Castro Lozano, aludió a las Leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, en su artículo 8° y el 6° de la Ley de Deuda Pública, para argumentar que la solicitud para contratar crédito por parte del gobierno estatal no cumplía con lo que en ambos ordenamientos se establece, al no especificar el destino de los recursos.
Afirmó que con la contratación del crédito de 582 millones el gobierno estatal se estará endeudando a largo plazo, y propiciará que futuras administraciones estatales tengan que ver partidas sus aportaciones federales hasta en un 62%.
Los diputados del PRI también rechazaron la propuesta del diputado panista Rubén Velasco, para que se añadiera un artículo 7° transitorio, en el que se obligara al Ejecutivo estatal a proporcionar la información sobre la situación económica, las finanzas y la deuda al Congreso de manera trimestral, al argumentar que la ley establecía la forma y tiempos para que la Legislatura analizara la Cuenta Pública, que era el instrumento de evaluación de lo ejercido.