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Reelección imprescindible

Antonio Haas

El presupuesto del 2003 “Necesita Cirugía Mayor”, nos dice el encabezado de primera plana de un diario capitalino del siete de noviembre y nadie lo niega. Sin embargo, tal unanimidad no implica armonía alguna, ya que los afectados tenemos ideas muy diversas sobre lo que le falta y lo que le sobra al tal presupuesto.

El agudo economista Luis Pazos nos presenta una manera radical de coger el problema por los cuernos en su reciente editorial “¿Presupuesto Base Cero?” (ibid). Ahí comienza por señalar que cada presupuesto de Fox ha sido una variante de los presupuestos priistas anteriores, debido a que “casi nadie cuestiona si el gasto tradicional es realmente necesario, (si) cumple con sus objetivos o existen mejores opciones (para el) uso de nuestros impuestos”.

Eso se llama fatalismo impositivo. Para anularlo, Pazos sugiere un “presupuesto base cero” según fórmula de Peter Pyhrr para “ahorrar y eficientar” el gasto oficial: “El proceso requiere que cada dependencia justifique en detalle todo (ojo: todo) el presupuesto... Cada funcionario debe preparar un paquete de decisiones para cada actividad... y ese paquete debe incluir un análisis de costos, metas, cursos y alternativas de aplicación (y) consecuencias de no realizar esa actividad y beneficios”.

El gobierno que pone en práctica “el presupuesto base cero tiene que justificar todos los gastos que presenta, no sólo su incremento sobre años previos y eso es lo que se necesita en México, donde más de 80% del presupuesto tradicional se presenta sin justificación ni evaluación”. Este procedimiento pone en evidencia las redundancias y duplicaciones que plagan a un presupuesto como el nuestro.

Ejemplo de la vida real: La semana pasada me hablaron unos ingenieros de Sedesol para anunciarme que venían a Mazatlán a elaborar un proyecto sobre nuestro centro histórico. Yo les sugerí que llamaran también al arquitecto León Loya, que ha sido el técnico en toda la renovación ya hecha incluyendo la reconstrucción del Teatro Ángela Peralta. Tuvimos la junta el jueves pasado y ahí el arquitecto les dijo que él había trabajado con un proyecto anterior de Sedesol y que éste sería el cuarto de esos proyectos. Realmente ¿será necesaria tal multiplicación proyectista?

En fin, mi propósito en este artículo no es criticar las duplicaciones, que indiscutiblemente se deben evitar, sino señalar el problema principal de la aplicación de un “presupuesto base cero” como el descrito por Luis Pazos. Para su recta aplicación, éste requiere unos participantes muy duchos en sus respectivas profesiones para cumplir con sus revisiones anuales del presupuesto total proyectado. Y acá en México, ¿dónde encontraríamos a tales expertos?

Tendría que ser, desde luego, en la Cámara de Diputados y las Legislaturas estatales, donde están los encargados de aprobar el presupuesto o devolvérselo al Ejecutivo. Pero seamos realistas: ¿cuántos de nuestros diputados estarán de veras capacitados para hacer un análisis del presupuesto en su totalidad (y no sólo del incremento anual) y recomendar las enmiendas requeridas por un presupuesto sobre base cero? ¿Uno? ¿diez? ¿cien? Cien cuando mucho, pero son 500 (¡!) nuestros diputados sin contar las Legislaturas.

Lo importante de este ejercicio es demostrar que, en la práctica, la no reelección de legisladores es la peor enemiga de un Poder Legislativo eficaz y justo. Porque legislar sabiamente es toda una profesión y debe ser tratada como tal tanto en las Legislaturas como en el Congreso de la nación. No existe ninguna otra escuela de legislación y tres años ahora y otros tres quién sabe cuándo, no bastan para crear legisladores capaces de hacerle a un presupuesto la “cirugía mayor” requerida. Mientras no exista la reelección inmediata de los diputados, no tendremos jamás representantes con el oficio legislativo específico para representarnos a los ciudadanos debidamente. El resultado es el que ya conocemos, diputados nombrados por su partido, que representan y responden sólo ante el partido, pero que de ninguna manera representan los intereses de los ciudadanos.

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