En nuestra pasada colaboración señalamos la situación que priva en cuanto a la inversión privada en el sector eléctrico y de lo inútil que resulta discutir si se permite o no, cuando lo que debería plantearse es si se debe castigar a quienes violan la constitución persiguiendo sus propios fines, en vez de cambiar la constitución para legalizar sus logros.
Ahora bien, se justifica la necesidad de la inversión privada en el sector eléctrico por la insuficiencia de recursos por parte del sector público para atender las inversiones que se necesita realizar. En pocas palabras, el gobierno no dispone del dinero necesario para construir y operar nuevas plantas eléctricas.
El argumento en sí, contiene implícita una gran contradicción. Si el gobierno usa su capacidad de emitir dinero y usarlo para invertir en el sector eléctrico, es decir, en una inversión productiva, recuperará el capital invertido y además obtendrá recursos adicionales para continuar con la expansión del sector. Si esto se complementa con una reforma a fondo de la administración de la actual Compañía de Luz y Fuerza del Centro y de la Comisión Federal de electricidad, de tal forma que se garantice, primero, que se recuperan los costos de producción y, segundo, que se obtienen los fondos necesarios para la reposición y expansión, no debería haber problema alguno en el sector eléctrico. Nótese, además, que no hemos incluido la parte de valor que corresponde a la utilidad neta que, en el caso del sector público, puede prescindirse ya que no persigue fin de lucro alguno. En el caso de una inversión privada, ¿podemos suponer que la tarifa que cobren, a los consumidores o a la CFE, no alcanzará para cubrir sus costos de producción? Desde luego que no podemos suponer esto. De igual manera es imposible suponer que la inversión privada no contemplará el obtener los fondos necesarios para la reposición de equipos y los que se requieren para la expansión futura de las inversiones. Todos sabemos que la inversión privada, que sí persigue un fin de lucro, de ganancia, procede así y no de otra manera. ¿Estarían interesados, por otra parte, en invertir en el sector eléctrico, si esta inversión no les arrojase una tasa de ganancia significativa, al menos comparable con la que pueden tener en sus naciones dedicadas a otras o similares actividades?. ¿El deseo de las compañías privadas es simplemente cubrir sus costos, de todo tipo, y no ganar nada?. Resulta un Perogrullo decir esto y ya sabemos que no es así. Si existe un gran interés de las compañías privadas y sobre todo extranjeras, por invertir en el sector eléctrico, es porque les representa una jugosa oportunidad de negocios. Así las cosas, entonces, ¿qué es lo que cabe esperar con las inversiones privadas en electricidad?. Primero, que las tarifas a los consumidores aumenten, tal y como sucedió con la privatización de teléfonos, cuyas tarifas se han convertido en las más altas del mundo; segundo, que estas compañías quiebren a futuro, tal como sucedió a la Enron norteamericana; y, tercero, que las tarifas que cobren a la comisión federal de electricidad o a otras industrias, en caso de permitirles también la distribución, sean más altas, con lo que una parte del valor generado en otras industrias, se transferiría a ellas a través de mecanismos de precios más altos. Resumiendo: el Estado no puede invertir en el sector eléctrico, a pesar de que representa una gran oportunidad de negocios, porque carece de recursos; la iniciativa privada sí tiene esos recursos, entonces debe dejarse que ellos exploten esa oportunidad, con lo cual, los recursos del Estado, lejos de aumentar y fortalecerse, se debilitarán más. El Estado carece de recursos. Cabe entonces preguntarse, ¿por qué hemos llegado a una situación tal de quiebra del Estado?. ¿No será que hace crisis la política de nacionalización de pérdidas y rescates a la iniciativa privada?. ¿Se habrá agotado el esquema de pauperismo oficial en donde se privilegia el gasto improductivo del Estado sobre el gasto productivo?.
En cualquiera de los casos o en todos ellos, observamos que el tema de la reforma eléctrica, al igual que cualquier otra que se enfoque sobre la participación del Estado como productor en la economía, guarda una estrecha relación con la reforma fiscal. Sin embargo, el gobierno ha decidido posponer ésta, en aras de sacar adelante las otras.
Es necesaria una reforma fiscal que otorgue al Estado los recursos que le permitan cubrir un gasto social cada vez mayor en la medida en que la distribución del ingreso empeora y en la medida en que una cantidad cada vez mayor de mexicanos cae en la pobreza.
Sin embargo, el tema de la reforma fiscal ha resultado igualmente controvertido. La OCDE ha realizado un estudio en donde se nos hace ver que el actual sistema fiscal propicia la evasión y es inequitativo. Escarmentando en cabeza propia sabemos que es complejo y rapaz. No podemos estar de acuerdo entonces en que este tema se posponga, se hace así porque las cartas del gobierno están echadas en lo referente a las demás reformas. Pero para quienes propugnamos por un fortalecimiento del Estado en lugar de su debilitamiento, encontrar la fórmula para una verdadera reforma fiscal que grave más al que más tiene y más gana, resulta imperioso.
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