“La soberanía radica en tener electricidad... No tenerla, es no tener soberanía”.
Luis Téllez
Hay ciertos puntos de la reforma eléctrica en los cuales todos —con excepción quizá de algunos radicales— parecen coincidir. Esto me quedó claro después de moderar cuatro mesas redondas de expertos y políticos en el foro Opciones para la Electricidad que se llevó a cabo en el Tecnológico de Monterrey, campus ciudad de México, el 12 y 13 de noviembre.
Todo el mundo coincide en que México necesita una reforma eléctrica. La actual situación no es satisfactoria ni para unos ni para otros.
La electricidad en México es insuficiente, mala y cara. La Comisión Federal de Electricidad sufre un régimen fiscal que la saquea para compensar los faltantes de la recaudación fiscal. La Compañía de Luz y Fuerza del Centro está en bancarrota y cada vez absorbe más recursos de un sector público que debería usar su dinero para propósitos más sanos y socialmente benéficos. El actual sistema, por otra parte, impide que se aprovechen mejor las actuales inversiones.
La reciente decisión de la Suprema Corte que declaró inválido el nuevo reglamento de electricidad expedido por el presidente Fox, y que puso en tela de juicio también la constitucionalidad de la ley de 1992, obliga a establecer reglas del juego más claras para la inversión privada ya realizada, que representa un 10 por ciento de la actual generación y la que pudiera hacerse en el futuro.
México requiere una reforma eléctrica que garantice la provisión de energía eléctrica suficiente y de buena calidad. Necesita también una reforma que permita que los costos de generación, transmisión y distribución se reduzcan al mínimo posible con el fin de darle a los usuarios el servicio al menor precio posible.
Por otra parte, ya nadie está pidiendo una privatización: es decir, una venta de activos de la Comisión Federal de Electricidad y de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Independientemente de que este proceso podría ser positivo para México y especialmente para los contribuyentes, el hecho es que la privatización es por ahora políticamente imposible. Esto lleva a que todos los partidos propongan el fortalecimiento de las empresas públicas de electricidad, lo cual implicaría darles un mayor grado de autonomía en el uso de los recursos que generen.
La enorme mayoría de las propuestas plantean una apertura mayor o menor a la inversión privada en generación. Quizá la gran excepción es la del senador priista Manuel Bartlett. Pero incluso varios importantes dirigentes perredistas sostienen que alguna apertura de la generación a la inversión privada puede y debe realizarse.
Hay acuerdo en que la transmisión de electricidad debe mantenerse en manos del Estado. Y hay consenso también de que, cualquiera que sea el sistema que se adopte, debe existir un regulador sólido y eficaz que impida el surgimiento de problemas similares a los que ha habido en algunos países que han liberalizado su mercado de electricidad.
Hasta aquí el acuerdo es total, pero las diferencias empiezan muy pronto. La propuesta del presidente Fox plantea la necesidad de mantener abierta no sólo la generación —como ocurre ahora, si bien en un nebuloso entorno legal— sino también de generar un mercado abierto para los grandes consumidores. Los priistas y perredistas se oponen en general a esta propuesta, aun cuando algunos reconocen que tarde o temprano este mercado se hará inevitable. Hay diferencias también en los montos de inversión realmente necesarios para ampliar y modernizar el sector eléctrico.
A pesar de todos estos acuerdos, que deberían permitir cuando menos una reforma parcial, los legisladores no parecen estar muy preocupados por impulsar la reforma. Por una parte la atención de las cámaras se ha volcado ya al tema urgente del Presupuesto para el año 2003. Por otra parte, nadie parece querer apoyar una reforma que, pese a ser necesaria, es impopular entre los votantes, tras una exitosa campaña de algunos líderes sindicales y políticos para levantar oposición a una “privatización” de la electricidad. El problema es que si la reforma no se aprueba ahora, será muy difícil que se haga en el 2003 ante la cercanía de las elecciones de julio.
Nunca antes pareció la reforma tan cercana y tan clara y al mismo tiempo tan alejada. El problema es que lo que no se haga hoy, simplemente nos condenará a los mexicanos a seguir viviendo durante más tiempo con una electricidad insuficiente, mala y cara.
Argentina
Mucho se argumenta que Argentina es un ejemplo del fracaso de la privatización de la energía eléctrica. La verdad es que el proceso argentino aumentó la generación y redujo las tarifas. La economía argentina es un fracaso, pero eso no es culpa de la electricidad.