“México es una nación de 103 millones de habitantes, con numerosos problemas, incluyendo la pobreza masiva, un índice de criminalidad alarmante, despiadados carteles de narcotraficantes y un sistema judicial corrupto.”
El párrafo anterior (parte de un texto mayor) se publicó en el New York Times y un diario capitalino lo hizo en su edición del cuatro de diciembre pasado. La contundencia de los datos es fría, objetiva y muy posiblemente real. La crudeza obliga a releerlo varias veces: exento de adornos, 31 palabras exactas que describen la triste realidad de nuestro país. La frase que más impacta es la última. Es un ejemplo perfecto del lenguaje bien utilizado: la palabra “corrupto” no requiere de mayores explicaciones y por lo menos en mi pantalla mental se aparece la imagen de una mancha informe que va creciendo e infectando todo lo que toca. A pesar de tantos esfuerzos realizados, a México se le sigue considerando un país corrupto.
En la reunión anual de Concamin (28/11/02) Enrique Krauze opinó en entrevista con un reportero del mismo diario, que “la reforma al sistema judicial es más urgente que la del sector eléctrico”. No especificó la razón, pero se intuye. La coincidencia de las dos notas obliga a meditar en la importancia del tema, pero a la vez, cuestionar la necesidad de tantas reformas mal planteadas que no se concretan.
Ahora se dice: “se debe hacer una reforma en este o aquel sector” y todo mundo se queda en espera del milagro. Antes decían: “Ya se creó una comisión para que estudie el asunto”. Y ocurría exactamente lo mismo: nada.
Efectivamente, en México tenemos muchos problemas. ¿Quién no los tiene? Hace años se criticaba la falta de voluntad política para abrirnos a la democracia – ese era uno de nuestros más graves problemas - y que las decisiones del gobierno siempre eran políticas y no sociales. Evidentemente la voluntad política se modificó, empujada primero por gobiernos anteriores al actual y en gran medida por el voto ciudadano; en ese rubro podemos poner una palomita tentativa. Respecto a la prioridad en las decisiones, lo político sigue prevaleciendo sobre lo social, lo mismo en el Poder Ejecutivo, como en el Legislativo y Judicial.
Se han propuesto reformas: fiscal, energética, laboral; todas mal planteadas de origen. El resultado: nada se concreta.
Ahora se habla de una reforma judicial, que supuestamente pondría un freno a la corrupción. La ley y su aplicación es un asunto complejo que no puede asumirse de manera simplista o generalizada. Además, ya hubo una reforma judicial en el periodo de Ernesto Zedillo. Según me explica un buen amigo abogado, la ley escrita es diferente a la que se aplica; la ley se adapta al tipo de sociedad y se interpreta, por eso existen los jueces. Si no, sería muy fácil aplicarla a través de una computadora. Claro que hay jueces corruptos, y gobernadores, funcionarios, médicos, ingenieros, policías, maestros, contadores, el que Usted quiera. Hasta el ciudadano común que fomenta la piratería es corrupto en sentido estricto. El problema está en las circunstancias que favorecen, fomentan o permiten la corrupción, no tanto en reformar las leyes o el sistema judicial.
Muchas cosas se han desvirtuado, han perdido su sentido original; por definición, la política se entiende ahora como sinónimo de interés; cualquier problema se matiza de política, de un tinte que mancha las mejores intenciones. Y la corrupción viene de algo que se descompone, que se pudre, como una gangrena que avanza, pero donde primero hubo algo que provocó la infección.
Estos dos entes, la política como actualmente se entiende y la corrupción nos tienen paralizados. ¿Habría necesidad entonces de una reforma judicial? ¿O es que al New York Times le interesa difundir esa imagen de nuestro país y a Enrique Krauze lo agarraron desprevenido en la entrevista?
En México, como en tantos otros países que comparten con nosotros el dudoso honor de ser considerados corruptos, hay una gran escasez de trabajo y de gente calificada. Por lo tanto, existe la “tramitología”, fuente inagotable de empleos. Los trámites, a cualquier nivel o instancia, requieren de muchas personas, casi siempre mal pagadas y por lo tanto, dispuestas siempre a “acelerar su trámite”. Cualquiera que realice un trámite, de lo que sea: escolar, en el Seguro Social, en el registro civil, relaciones exteriores, CFE, Telmex, un juicio o proceso legal, debe invertir tiempo y documentos. ¿Alguna vez se ha preguntado para qué se requieren tantas formas, solicitudes, cuestionarios, requisiciones, documentos, copias triplicadas, etc, etc? Pues porque entonces ¿qué haríamos con Menganita que las recibe, Zutanita que las revisa, Perengana que las palomea y todos los demás que las cotejan, separan, remiten y archivan?
Las reformas que sí deberían promoverse son la simplificación de los procedimientos, eliminando trámites que entorpecen los procesos y permiten la corrupción, no sólo a nivel del sistema judicial, sino ante cualquier tipo de circunstancia en la que deba de realizarse un trámite.
La política matizada, la tramitología y la corrupción son ahora los tres poderes que gobiernan. Mientras sigamos permitiendo que prosperen, seguiremos escuchando las propuestas de reformas, cuyos planteamientos se pierden en un mundo de trámites, de politiquería y discusiones vanas. Y la corrupción, tan campante como desde los tiempos de Hernán Cortés. Post-data: A petición de una hermosa e inteligente niña, Ana Cecilia Zugasti Del Bosque (diez años) me permito compartir una propuesta suya: Trabajar cada mes un valor ecológico:
“Diciembre: No desperdicies papel. Enero: cuida los árboles y las plantas. Febrero: Respeta a los animales. Marzo: No malgastes electricidad. Abril: No desperdicies comida. Mayo: Tira la basura en su lugar. Junio: No desperdicies el agua”.
Esta propuesta, que debería convertirse en reforma porque destila sentido común, resulta bien sencilla de aplicar: ¡Adóptela!