Notimex
México, D.F.- Tras su determinación de esclarecer los delitos del pasado y aplicar la justicia en los casos que corresponda, el gobierno federal elabora el Registro Nacional de Indigentes, que ayudará a saber si alguna persona en esa situación está relacionada con los desaparecidos de la “Guerra Sucia”.
Además, se han tomado 112 muestras de sangre para integrar el banco forense, mismo que servirá para compararlo con osamentas de cementerios clandestinos, en caso de que éstos existieran y fueran descubiertos.
En el informe “Avances y Retos del Gobierno Federal en Materia de Derechos Humanos”, publicado en la página de Internet de la Secretaría de Gobernación, este régimen reconoce que en México hubo periodos que dejaron una secuela de agravios y de víctimas de delitos cometidos en el ejercicio abusivo del poder o al amparo de éste.
“Tal circunstancia ha sido obstáculo para los acuerdos nacionales propios de una cultura democrática. Esta situación subsistirá en tanto no se abran con firmeza todas las puertas institucionales al esclarecimiento de los hechos y a la justicia que precede y acompaña todo proceso de reconciliación social”, destaca.
Y es que la administración actual deja plasmada su indeclinable voluntad para construir una política integral en la promoción y defensa de los derechos humanos, como parte de la profunda transformación que vive el país.
“Bajo este esquema y en el marco de la nueva gobernabilidad democrática, el gobierno federal se ha trazado como firme objetivo consolidar una política de Estado en materia de Derechos Humanos con la concurrencia del gobierno, la sociedad y sus organizaciones”.
En ese sentido, el reporte hace referencia a la demanda social por conocer la verdad histórica y aclarar los hechos del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971 y de la llamada “Guerra Sucia”, para lo cual el gobierno federal decidió crear una instancia especializada facultada para la investigación de los delitos del pasado en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos.
Así, fue creada la Fiscalía Especial para la Atención de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales Cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Asimismo, se creó el Comité Ciudadano de Apoyo al Fiscal y el Comité Interdisciplinario, éste encargado de estudiar, analizar y presentar las propuestas para determinar procedimientos.
y términos en los cuales se dará una reparación del daño.
El documento señala que de acuerdo con el II Informe de Labores que el fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto entregó al Comité Ciudadano el 15 de agosto pasado, se han iniciado 21 averiguaciones previas distintas a las que antes de la creación de la Fiscalía había en la Procuraduría General de la República (PGR) y a las presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Explica que 10 de esas indagatorias están relacionadas con acontecimientos de la “Guerra Sucia” y el resto corresponde a los sucesos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971.
En lo relativo al desahogo de las averiguaciones previas, se han realizado 84 comparecencias de testigos, denunciantes e incluso algunos indiciados. En este rubro se menciona la recepción de 77 ampliaciones de denuncia.
Además, la Oficialía Mayor de la PGR fue instruida para buscar en su archivo histórico los expedientes relativos a averiguaciones previas que se hayan iniciado contra los servidores públicos y civiles consignados por los hechos del 2 de octubre de 1968.
Asimismo, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) entregó a la Fiscalía tres discos compactos que contienen cinco mil 550 fojas y 250 fotografías de los expedientes iniciados en esa institución por los hechos de Tlatelolco.
Admite también que lo anterior obliga a agotar las posibilidades que el diseño institucional ofrece, bajo los principios de legalidad y justicia, que incluyan la indemnización administrativa por los daños causados.