El Reglamento para el Funcionamiento de los Museos de la Casa del Cerro y El Torreón, aprobado la semana pasada por el Cabildo que Preside Javier Garza de la Garza, implica un despojo en perjuicio de los torreonenses.
La expedición del reglamento es una lástima, porque empaña la importante labor reglamentaria realizada por la administración de Salomón Juan Marcos, que alcanza sus logros más notables en los rubros de Justicia Municipal y administración orgánica de la Secretaría del Ayuntamiento. A esa luz, el Reglamento cuyo comentario nos ocupa es una pifia.
El Reglamento regula el funcionamiento de los Museos mencionados bajo la dirección de un Patronato, cuyo poder queda por encima de las autoridades constituidas. Es saludable que la sociedad civil participe en los quehaceres de la cosa pública, en un ejercicio de equilibrio entre Gobierno y Sociedad, pero no es admisible que la autoridad abdique de la función de dirección que le compete ni de la responsabilidad que ello implica, ni que órganos de la administración con todo y patrimonio, sean entregados a un club de amigos, por muy notables que sean sus integrantes.
En su Capítulo Primero “De la Formación y Duración del Patronato de los Museos”, el Reglamento es omiso de contemplar el modo de integración del Patronato y el perfil y cualidades de los ciudadanos llamados a intervenir. Lo deseable es que todo patronato que administre bienes públicos, se integre con una mezcla de funcionarios del ramo de que se trate y de ciudadanos propuestos por organismos intermedios de la Sociedad. En la especie, lógico sería que en el Patronato de los Museos intervinieran el Presidente Municipal, el Director de Cultura, etcétera y que por parte de la Sociedad estuvieran representadas las Universidades por dar un ejemplo.
Nada de eso se prevé en el Reglamento. Los criterios de selección de los miembros del Patronato son un misterio, la designación está privada de sustento legal y queda al capricho de los funcionarios que hoy van de salida, para ser hecha en los términos en que a ellos les plazca.
A la carencia referida se suman los artículos 9 y 11 del Reglamento, que establecen que “los miembros del Patronato durarán en su cargo por tiempo indefinido” y que “no podrá ser miembro del Patronato quien desempeñe algún cargo administrativo, oficial o de elección”. Esta forma excluyente de integración constituye un despojo de bienes públicos que se entregan a particulares y aniquila la ingerencia de la autoridad municipal, lo que no se concibe conforme a un sano criterio de equilibrio entre Gobierno y Sociedad.
En su artículo 14 fracciones I y III inciso d) , existe una expresión ambigua que implica la constitución de un patrimonio a favor del Patronato a partir de los bienes que hoy están afectos a los Museos y contiene enunciados expresos según los cuales, el Patronato queda facultado para cobrar por el uso de las instalaciones y para “expedir bonos o certificados de aportación”, por diversas cantidades de dinero.
Nadie piense que la explotación autorizada tenga por objeto la autonomía financiera de los Museos porque además, el Reglamento en su artículo 13 fracción III, dispone que el Municipio de Torreón entregue al Patronato la cantidad que requiera con cargo al presupuesto de egresos, “a principio de año”, es decir, por adelantado.
Desde luego al Patronato se le confieren facultades plenas y exclusivas para utilizar las instalaciones, para decidir qué eventos se realizan y cuáles no y a fin de cuentas, el Cabildo de Torreón delega las facultades reglamentarias que la Constitución de la República reserva a los Ayuntamientos, para que los miembros del Patronato dicten las normas de operación de los Museos en cuestión.
Es claro que el reglamento inicuo que nos ocupa, puede y debe ser revocado por la administración entrante, aunque es lamentable que dicho inicio implique un acto de ruptura y pueda llevar a una confrontación estéril entre actores sociales y políticos locales.
Los munícipes que están a escasos trece días de concluir en el ejercicio de sus cargos, intentan imponer a la administración entrante y a la sociedad torreonense en su conjunto, un Reglamento de última hora que no habrían consentido ni formularon, para aplicar en su propio período de gestión. Se les olvida que el funcionario público, debe estar preparado para ser, para no ser y para dejar de ser.