TORREÓN, COAH.- El dirigente del Sindicato Magisterial en La Laguna, Blas Maldonado Villarreal, reprobó el caso del profesor acusado de atentados al pudor, registrado en una escuela del ejido El Tajito y estimó que si se demuestra la culpabilidad se debe aplicar la Ley y la normatividad sindical.
Nuestra postura ante ese tipo de conductas es clara, pues lastima a la sociedad y aun más cuando se trata de nuestros alumnos que se supone deben estar en su segunda casa y parte de nuestra obligación es brindarles protección; “a ese tipo de personas no las podemos mantener ahí”, añadió.
Lo que estipula el reglamento sindical en este tipo de casos es el cese del trabajador de la educación que incurra en este tipo de delitos y será él quien enfrente su problema ante las autoridades penales, mencionó el secretario general de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Maldonado Villarreal prefirió no ahondar en detalles sobre casos anteriores; sin embargo expuso que han dialogado mucho con los trabajadores de la educación y su responsabilidad en la sociedad. “Los casos que se registraron fueron atendidos y sancionados y si se presenta otro, tendrá el mismo trato”, aseguró.
El representante sindical destacó que de acuerdo con estadísticas de agrupaciones interesadas en la defensa del menor, los ataques a los niños se registran con mayor frecuencia en el seno familiar y en realidad en escuelas son casos muy aislados, pero se tornan serios tomando en cuenta el trabajo que desempeña el profesor.
Pienso que en una sociedad agravada por problemas, donde el pensamiento no es ver quién me la hizo sino quién me la paga, se deben implementar acciones inmediatas, buscar las medidas para mejorar la convivencia y claro aplicar todo el peso de la Ley en contra de quienes incurran en este tipo de delitos, concluyó.
Es difícil, se basa en testimonios
Por su parte, el subdirector de Servicios Educativos en la Laguna, Juan Carmen Rentería de León, reconoció que son asuntos muy difíciles de comprobar, pues se basa en testimonios y en algunas ocasiones la sanción en contra del profesor se reduce al cambio de plantel, o bien de funciones. “Se le saca del aula y se le envía a alguna oficina, donde no tenga contacto con niños”.
La Secretaría de Educación Pública (SEP), añadió, es clara en su postura ante esta situación y es la aplicación total de la Normatividad al interior del sector educativo, la sanción es el cese inmediato del trabajador que incurrió en esos casos, siempre y cuando se le compruebe la acusación, aclaró.
Sin embargo, en casos aislados presentados, a lo más que se ha llegado, después de la denuncia y la investigación, es a comisionar al profesor en alguna actividad fuera del salón de clases, pero en realidad esas personas no deberían ni merodear por las escuelas.
El asunto es muy delicado y la autoridad que impone el castigo debe ponerse en los zapatos de los padres del ofendido, puntualizó.