Gómez Palacio, Dgo.- Luego del enfrentamiento que protagonizaron el martes, los integrantes del Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular y taxistas representados por Benito Cadena convinieron respetar mutuamente las áreas en que prestan el servicio, hasta que las autoridades resuelvan en definitiva.
El dirigente de los transportistas afiliados al FOCEP, Tomás Zárate Maldonado dijo que el miércoles se reunieron ambas partes en dos ocasiones y de ahí se derivó el acuerdo interno de respetar a los taxistas de dicha organización, quienes prestan el servicio en el ejido San Felipe, mientras que la gente liderada por Benito Cadena hará recorridos por la vecina comunidad de Santoña.
“Hubo la capacidad y la inteligencia de las dos partes para suavizar la situación, y se acordó que por lo menos durante este mes no haya más conflictos y se respeten las áreas de trabajo mientras que Transporte da una respuesta definitiva”, dijo Zárate Maldonado.
Ante la disposición de colaborar por parte de la gente representada por el ex líder campesino, el FOCEP desistió en su propósito de formalizar una denuncia penal por las lesiones que el pasado martes por la tarde se provocaron a cuatro personas, entre estas dos niños, como resultado del enfrentamiento entre los taxistas de ambas partes.
No así con las acusaciones hacia el delegado de Transporte en la Región Lagunera de Durango, Sergio Muleiro Arronte, a quien según Tomás Zárate, acusarán penalmente por omisión de autoridad y tráfico de influencias, por su actitud parcial ante el conflicto y nula actuación contra quienes prestan el servicio en condiciones irregulares.
El líder del FOCEP aseguró que el día que se registró el conflicto dicho funcionario nunca hizo acto de presencia, sino que únicamente acudieron cuatro inspectores de la Subdirección de Transporte a bordo de dos unidades, quienes por temor a ser agredidos prefirieron no intervenir pese a que representaban la única autoridad que atestiguó el problema, pues ninguna otra corporación policiaca tuvo conocimiento.
Tomás Zárate dijo que en lugar de ello, un grupo de niños que fueron llevados al conflicto exhortaban a los adultos a no agredirse, y de ahí se derivó que dos de ellos hayan resultado lesionados en medio de la reyerta.
“Qué decir de Francisco Torres Larriva (subdirector de la dependencia), quien hasta este momento ni siquiera ha dado la cara”, manifestó el líder transportista al cuestionar que el delegado esté esperando instrucciones de la Dirección Estatal.
Según la dependencia, un vehículo operado por gente de Benito Cadena no tiene autorización para circular en los ejidos, en tanto que en el sitio de FOCEP hay otras unidades que tampoco deben prestar el servicio en el perímetro Sacramento de este municipio.
A partir de la próxima semana, se les solicitará la documentación para comprobar que operan irregularmente, y se les conminará a que pongan orden cada unidad, con base en el reglamento en vigor.
SATURACIÓN Y FALTA DE AUTORIDAD
Se considera que el servicio de taxis en Gómez Palacio está saturado, a lo cual se atribuyen los enfrentamientos que con frecuencia se registran entre las propias organizaciones, así como a la falta de control por parte de las autoridades que todavía no han logrado concluir el proceso de regularización.
· Comparativamente, mientras que en la ciudad de Culiacán, Sinaloa existen mil 500 unidades de taxis para servir a unos 600 mil ó 700 mil habitantes, Gómez Palacio cuenta con dos mil 400 vehículos autorizados, aunque su población no supera los 300 mil habitantes.
· Fuera de esta cifra están otras 800 unidades que operan sin autorización o consideradas como “piratas”.
· La Subdirección de Transporte en la Región Lagunera de Durango no ha adquirido facultades para actuar por iniciativa propia contra quienes están fuera del reglamento, pues las decisiones siguen tomándose en la capital del Estado y a través del Consejo Consultivo Estatal de Transporte, que se reúne esporádicamente.
· A esto se añade la poca infraestructura y recurso humano destinado a la Subdirección: siete inspectores y cuatro unidades vehiculares para vigilar la prestación del servicio en siete municipios de la región (un inspector por cada municipio).
Fuente: Investigación El Siglo de Torreón.