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CARACAS, Venezuela.- El Tribunal Supremo de Justicia revirtió ayer la convocatoria de un referéndum, que hubiese consultado el dos de febrero a los ciudadanos si desean la renuncia del presidente Hugo Chávez, al ratificar que se requieren el voto afirmativo de cuatro de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral.
Rómulo Lares, uno de los integrantes del directorio del poder electoral y que abandonó la reunión poco antes que se sometiera a voto la convocatoria del referéndum, afirmó que la decisión del Tribunal Supremo “decretó la nulidad del referéndum”.
En su dictamen, el Tribunal Supremo no mencionó el referendo, pero ratificó que el Consejo todavía está limitado por una anterior ley electoral que establece que la toma de decisiones por el actual directorio de ese organismo comicial “requerirán del voto de una mayoría calificada de por lo menos cuatro (4) de sus integrantes” para tener validez.
“Es un hecho público y notorio que la decisión de convocar el referendo se tomó con tres votos a favor, uno salvado y en mi ausencia”, indicó Lares. “Esa decisión es nula de acuerdo al dictamen del Tribunal Supremo”.
La convocatoria del referéndum quedó así en un limbo jurídico.
Los aliados de Chávez rechazaron el referendo tan pronto como fue anunciado, afirmando que las autoridades electorales vulneraron la ley.
En un discurso ante empresarios en el estado Apure, Chávez reiteró que de acuerdo a la constitución sólo se puede convocar un referendo revocatorio al completarse la mitad del período presidencial de seis años, que en su caso se cumplirá en agosto del próximo año.
“No le tengo miedo al referéndum”, dijo Chávez. “Si quieren referéndum, yo los espero en agosto de 2003”.
Tras ocho horas de sesión, el presidente del Consejo Alfredo Avella expresó en la madrugada de ayer que se habían “cumplido todos los requisitos de ley” para realizar la convocatoria.
El Consejo había aprobado el referéndum luego de determinar que entre los venezolanos se había logrado recabar las firmas del 10 por ciento del registro electoral pidiendo la consulta, tal como lo establece la Constitución para esos casos, según Avella.
La consulta, que no sería vinculante, se realizaría con la pregunta “¿Está usted de acuerdo con solicitar al presidente de la República, ciudadano Hugo Chávez Frías, que de manera inmediata renuncie voluntariamente a su cargo?”.
La oposición, de todas formas, mantuvo su llamado al paro nacional para el 2 de diciembre.
La oposición aprobó ir a un paro nacional a partir del 2 de diciembre para obligar al mandatario a convocar a elecciones inmediatas, y lograr una salida pacífica a la severa crisis política y económica que atraviesa el país.
La inmediata convocatoria al referendo consultivo es la principal propuesta que lleva la oposición a la mesa de negociación, promovida por el secretario general de la OEA César Gaviria, mientras que el gobierno insiste en extender los diálogos y llamar a la consulta popular para agosto del 2003.
Gaviria admitió que la decisión tomada por el Tribunal y la insistencia de las mayores organizaciones empresariales y sindicales de ir a paro general el 2 de diciembre pone en riesgo las negociaciones que mantienen el gobierno y la oposición para lograr una salida electoral a la crisis.
“Las cosas que ocurren por fuera de esta mesa afectan de manera sensible en ambiente, ha habido un incremento de las tensiones, vivimos un clima de recriminaciones” por lo que “no hemos avanzado de manera sustantiva” en ninguno de los temas de discusión entre las partes, se lamentó Gaviria.
Gaviria, no obstante, espera que las partes se mantengan en la mesa de diálogos a pesar de las tensiones generadas por el llamado a huelga general y la decisión del tribunal supremo.
El presidente de la mayor agrupación empresarial del país, Carlos Fernández, ya había advertido que Lares estaba tratando de lograr que el Tribunal Supremo revocara la convocatoria, y que por lo tanto el paro debía seguir adelante hasta que se determine si la decisión del referéndum es definitiva.
“Lo único seguro es que el paro viene el lunes a partir de las 6 de la mañana”, advirtió Fernández.
El gobierno ha calificado el paro como una acción “golpista y terrorista”, que busca “quebrantar el orden constitucional y derrocar el gobierno legítimo de Venezuela”.
Este sería el cuarto paro en menos de un año para exigir que Chávez renuncie al poder, algo que el mandatario afirmó el sábado que no hará aunque se realice un referendo.