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MÉXICO, DF.- La Cámara de Diputados iniciará en enero la revisión de 49 solicitudes de juicio político que se encuentran pendientes de dictamen, entre ellas destacan la de la ex jefa del gobierno capitalino, Rosario Robles; el ex director de PEMEX, Rogelio Montemayor; el ex gobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco.
También resaltan las de; el gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola; el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha; el secretario de hacienda, Francisco Gil Díaz; José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el jefe de gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, y los expresidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
En total, la Subcomisión de Examen Previo -conformada por diputados de las comisiones de Justicia y Gobernación- ha dictaminado ya 31 solicitudes de juicio político y todas en sentido negativo.
Hasta ahora, las solicitudes se han desechado en dos paquetes, el primero el 22 de agosto, y el segundo el 19 de noviembre.
Entre las solicitudes que se encuentran en los archivos de la Cámara de Diputados está la que acusa al ex secretario de Comercio, Herminio Blanco, por la supuesta comisión de diversos delitos en la tramitación, evaluación y resultado de la licitación para otorgar la concesión del registro nacional de vehículos.
El ex director de PEMEX, Rogelio Montemayor, está acusado de la supuesta comisión de diversos ilícitos durante el desarrollo de sus funciones como gobernador del estado de Coahuila.
Los exjefes de gobierno Rosario Robles y Cuauhtémoc Cárdenas, están acusados de la supuesta comisión de diversos ilícitos y violaciones de leyes federales al desalojar indebidamente un inmueble, para enajenarlo a terceros.
Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de comunicaciones y transportes, es acusado de la supuesta violación a los artículos 25 y 26 de la Constitución y el articulo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Publica al incumplir su obligación de regular, promover y organizar la marina mercante.
Jesús Ortega Martínez y Martí Batres, acusaron a José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la supuesta violación al artículo 128 constitucional y diversas leyes federales.
Víctor Cervera Pacheco, ex gobernador de Yucatán, es acusado de la supuesta violación al artículo 88 del código electoral del estado de Yucatán en la elección de los consejeros electorales estatales, así como no dar cumplimiento a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de la supuesta violación de los artículos 116, fracción IV, y 120 de la Constitución al incurrir en desacato de una resolución definitiva firme e inacatable dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial.
Pablo Salazar Mendiguchía, gobernador de Chiapas, es acusado de la supuesta ocupación de las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia del estado y rompimiento de chapas y cerraduras de las oficinas de la presidencia de dicho órgano por elementos de la Policía Judicial estatal.
Manuel Angel Núñez, gobernador de Hidalgo, tiene una acusación por supuestos actos de corrupción, malversación de fondos federales y violaciones graves a la constitución federal.
Ignacio Loyola Vera, gobernador de Querétaro y diversos funcionarios del mismo estado son acusados por la supuesta violación grave a la Constitución, así como la comisión de delitos en contra de la administración de justicia, soborno, trafico de influencias y diversos ilícitos.
Arturo Montiel, gobernador del estado de México, es acusado por la supuesta violación por omisión de la Constitución y leyes federales por los hechos suscitados el 18 de agosto del año 2000, en el municipio de Chimalhuacan.
Julio Frenk Mora, secretario de Salud; Benjamín González Roaro, director del ISSSTE; Alfredo Farid Barguet Rodríguez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por la supuesta comisión de diversos delitos.
Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del DF y Juan Luis González Alcántara Carranca, presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, son acusados por el supuesto desvío de fondos federales en dichas instituciones.
Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León son acusados por la supuesta comisión de los delitos de robo, fraude y extorsión al imponer impuestos disfrazados en el gas y energía eléctrica de uso domestico.
José Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Ernesto Martens Rebolledo, secretario de Energía, acusados por los ajustes, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reducción del subsidio a las tarifas domesticas.
Jorge Castañeda Gutman, secretario de relaciones exteriores, Víctor Lichtinger Waissman, secretario de medio ambiente y recursos naturales, y Cristóbal Jaime Jaques, director general de la Comisión Nacional del Agua, la denuncia tiene como base la supuesta ilegal ratificación y ejecución de la minuta a un tratado internacional sobre aguas del río bravo, entre los estados unidos de norte América y de México.
Carlos Romero Deschamps, diputado federal y Ricardo Aldana Prieto, senador de la República son acusados por la supuesta violación al artículo 62 de la Constitución al ostentar cargos de elección popular y desempeñar otros diversos por los que también disfrutan sueldo.
Emilio Ulloa Pérez, diputado perredista acusa al senador Diego Fernández de Cevallos, y a María Teresa Herrera Tello, secretaria de la Reforma Agraria del supuesto delito de tráfico de influencias y la omisión grave de funciones y atribuciones respectivamente.
Rafael Macedo de la concha, Procurador General de la República es acusado de la supuesta falta de investigación en contra de funcionarios de Banrural.