La educación es la columna vertebral en la formación del capital humano, factor esencial para mejorar el nivel de vida y las perspectivas económicas de cualquier país. En México, sin embargo, es otra excusa para la demagogia y el manejo político de personas y recursos.
El presidente Vicente Fox ofreció desde su campaña y reiteró recientemente que elevará el gasto público en educación a un 8 por ciento del PIB al final de su administración. Esta hablada, sin fundamento económico, le valió para que los diputados del PRI y del PRD lo colocaran en la incomoda y difícil situación de cumplirla, ahora como obligación legal, a partir del 2006, ante el júbilo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Esa promesa, hoy ?ley?, será una más de las que incumplirá el primer mandatario porque, además de mala economía por amarrar recursos independientemente de su rentabilidad social, los órdenes de magnitud involucrados son casi imposibles de lograr en unos cuantos años, y menos cuando no existen los cambios tributarios para elevar sensiblemente la recaudación de recursos. Los diputados consideran que están para dar y repartir, que con sólo plasmar en leyes las mejores de las intenciones, éstas se harán realidad. Le dejan al Ejecutivo, quién ingenuamente también ?celebró? esta decisión, la complicada labor de allegarse recursos para financiar en los próximos años ese mayor gasto en educación. El que esté en ley es un problema grave, ya que se convierte en una ?camisa de fuerza? que muy probablemente obligará a Fox a desatender otras actividades sociales.
Los políticos mexicanos creen que la calidad de la educación mejora a base de retórica y con más gasto público. Esto pasa por alto que el problema educativo en nuestro país no es tanto uno de cantidad de recursos sino, más importante aún, de calidad en el uso de los mismos.
El gasto público en educación no tiene los resultados esperados porque falta una reforma educativa que mejore la eficiencia con la que se aplica. No obstante, es más cómodo ofrecer más gasto que realizar un cambio en su orientación, paso políticamente difícil pero esencial para cumplir las promesas de una mejor y más productiva educación.
Lo que destina México en gasto público a la educación como porcentaje del PIB (alrededor de 5.5%) es similar o superior a lo que asignan otros países (Estados Unidos 5.1%, Japón 3.5%, Inglaterra 4.7%, España 4.4%), pero nosotros tenemos resultados notoriamente inferiores. Lo mismo sucede cuando nos comparamos con otras naciones en desarrollo. Según datos de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) las escuelas en Polonia y Hungría producen estudiantes de clase mundial a pesar de que sólo gastan en educación un poco más que México. La gran diferencia se debe, principalmente, al distinto aprovechamiento de esos recursos.
La OCDE publica cada año el Panorama de Educación comparando alrededor de 30 países. El del año 2001 midió, entre otras cosas, las habilidades en matemáticas y ciencias de los jóvenes de 15 años. Algunos países en desarrollo estuvieron cerca del promedio o lo excedieron, como fueron los casos de Polonia y Corea del Sur, respectivamente. En cambio, Brasil y México, los únicos países latinoamericanos en la muestra, estuvieron en los últimos lugares. Este año el reporte de la OCDE puso de relieve no sólo el deplorable nivel educativo de México, sino que mostró una de sus principales deficiencias. Se podría hacer mucho más con el gasto actual en educación, si no fuera porque su asignación se rige por variables políticas y no por consideraciones de necesidad económica y social. México tendría más para gastar en escuelas para los niños si no destinara una parte desproporcionada del presupuesto educativo hacia las universidades públicas. Ello se explica porque los sistemas educativos en manos del sector público sufren de los mismos problemas que experimentan otras áreas administradas por el estado, particularmente la falta de competencia y la ?captura? de la actividad por sus trabajadores (maestros) y estudiantes. Las presiones políticas de los estudiantes de la UNAM, así como las demandas de los sindicatos de maestros, logran más recursos que las necesidades educativas de los niños en Chiapas o Oaxaca.
El sistema de educación pública en México requiere de un cambio estructural profundo, que reduzca los problemas derivados de subsidios mal diseñados, burocracia, politiquería, y complacencia ante el activismo estudiantil y docente que trastorna la ley y el orden. Cambiar todo esto requiere de voluntad política para enfrentar las objeciones del poderoso sindicato de maestros y de otros intereses en el sistema educativo. El reto es entender que el problema es más de calidad que de cantidad. Se necesita una asignación distinta de recursos, que privilegie la enseñanza básica e intermedia, así como la capacitación técnica, respecto a la educación profesional.
En un entorno donde las presiones políticas llevan a la pasividad, seguiremos viendo cómo legisladores ignorantes desatienden lo relevante por enfatizar lo popular. Ellos son un reflejo de las deficiencias enormes de nuestro sistema educativo. La nueva obligación legal terminará por comprometer el manejo macroeconómico y desperdiciará más recursos, pero no evitará que nuestros estudiantes continúen rezagándose en relación con los de otros países. Mientras no estemos dispuestos a reconocer que nuestro sistema educativo es un fracaso, no podremos hacer las transformaciones necesarias para lograr progresos sensibles en la calidad educativa de los mexicanos.
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