¿Cómo surgió la llamada “Ley de la Transparencia” que ha sido comentada en muchos países y de la que con razón se ufana el presidente Fox, como uno de los pocos grandes logros de sus primeros dos años en la presidencia? Tiene una historia digna de contarse y demuestra que los ciudadanos pueden incidir, cuando lo hacen bien, en la legislación. Le pregunté cómo se había dado, a uno de los juristas que la crearon y he aquí su interesante explicación:
“Ante la cultura de la secrecía característica del priato, un grupo de académicos (concretamente somos 7), ONGs y medios de comunicación (más de 90 periódicos) nos preocupamos y ocupamos del asunto, teniendo como modelos experiencias internacionales exitosas en las que la apertura y transparencia es un axioma de la tarea pública. Elaboramos un proyecto de ley basado en dos premisas: el derecho ciudadano para conocer cualquier información que se genere con recursos públicos y la obligación del Estado de permitir el acceso a la información. El proyecto fue atajado por el gobierno federal tan pronto lo tuvimos terminado. Convocó a unos foros que en realidad fueron una farsa y el Presidente mandó un proyecto de ley verdaderamente irrisorio, en realidad segundo intento, pues en la Contraloría habían hecho un proyecto peor, que afortunadamente murió en el intento. Nuestro proyecto lo dimos a conocer en la ciudad de Oaxaca -por supuesto sin nada que ver con Murat- y desde entonces Ginger Thompson del New York Times nos bautizó como “Grupo Oaxaca”.
A pocos días de entregada la iniciativa presidencial, fuimos al Congreso a entregar nuestro proyecto y ¡oh! sorpresa: todos los partidos políticos, con excepción de Acción Nacional, lo hicieron suyo dándole el carácter de iniciativa. La preocupación del gobierno se expresó rápidamente y de Gobernación quisieron negociar, pero todos los partidos nos nombraron sus representantes para negociar en el seno de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados. El resultado de esa negociación es la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, paso importantísimo en materia democrática y, a pesar de que la ley es perfectible (en términos generales obtuvimos un 65% de nuestros postulados) ha sido alabada por la OEA, Articule 19 (Inglaterra), Argentina, España y se está reproduciendo en distintos estados del país -Sinaloa hasta ahora tiene la mejor ley y en Morelos nos encargaron lo que quieren sea una ley modelo.
Desafortunadamente la ley no ha sido comprendida por todos, específicamente por algunos periodistas de la “vieja guardia” -afortunadamente los menos-. Confunden completamente el objeto de la ley: creen que se trata de una ley para los medios, pues infieren que sus contactos de filtraciones se acabarán; otros confunden que es un paso relacionado con los intentos de “ley mordaza”, siendo que sólo se trata de obligar a la autoridad a proporcionar cualquier información a cualquier persona -sin que demuestre interés jurídico alguno- en un plazo de 20 días y sin costo. Es un paso sin marcha atrás. Los países con legislación de acceso a la información reflejan proporcionalmente índices menores de corrupción, mayor eficiencia en la gestión pública y mayores niveles de legitimidad. Lo que hace la ley es meter al gobierno en una caja de cristal.
Frases tan desafortunadas como “información es poder” tenderán a desaparecer. También se cambiarán las trituradoras de los burócratas por fotocopiadoras: los servidores públicos pueden ser destituidos, sancionados o ir a parar al “bote” si ocultan, destruyen o modifican cualquier información pública. Además incluye el derecho nonato en México de habeas data, y a partir de mayo próximo podremos, todos, cualquier persona, pedir los datos que sobre nosotros tenga la autoridad y pedir que se cambien los datos equivocados ¿te imaginas las mentiras que dirán sobre ti en las fichas de Gobernación? ¿no te dan ganas de fiscalizar permanentemente al gobierno? ¿no crees que esto cambiará el periodismo descriptivo para impulsar más la investigación objetiva y la crítica responsable? Salvador Nava.
Síntesis de la Ley
1.- El acceso a la información pública es un derecho humano universal. 2.- La información pública le pertenece a las personas y a ellas corresponde qué información requieren y cómo la usarán. 3.- Debe existir la máxima apertura, transparencia y rendición de cuentas de los poderes del Estado. 4.- Hay obligación de publicar y entregar la información que posee el Estado de forma veraz, oportuna y completa. 5.- Deben establecerse procedimientos ágiles, sencillos y a costos mínimos. La entrega no deberá exceder 10 días hábiles. 6.- La Ley establecerá las excepciones para tener acceso a la información. Entre ellas se incluirán los campos de la vida privada, seguridad nacional, seguridad pública, política exterior, secretos científicos, industriales y bancarios. 7.- Debe haber un organismo autónomo para promover la apertura y resolver controversias. 8.- Tras la pista del dinero. Todos los órganos del Estado y entidades que ejerzan gasto público estarán obligados a permitir el acceso a la información relacionada con los fondos administrados. 9.- Deberá establecerse una consistencia jurídica entre la Ley de Acceso a la Información Pública y leyes relacionadas, como la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Federales. 10.- Promoción del federalismo. Se busca que la Ley de Acceso a la Información sea punto de partida para fomentar la deliberación y regulación de la materia en el ámbito de los estados y municipios.
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