CARACAS, VENEZUELA.- La decisión tomada por la mayores organizaciones empresariales y sindicales de ir a paro general el 2 de diciembre pone en riesgo las negociaciones que mantienen el gobierno y la oposición para lograr una salida electoral a la crisis.
Ambas partes prometieron, sin embargo, mantenerse a la mesa de diálogos a pesar de las tensiones generadas por el llamado a huelga general.
Los delegados oficialistas en la mesa de negociaciones expresaron ayer que la convocatoria de un paro "afecta el trabajo" que se adelanta, y distraen los esfuerzos para evitar un desenlace violento de la crisis venezolana.
"Nosotros no nos vamos a parar de la mesa. La mesa es un mecanismo importante, precisamente para dialogar. Lo que no se puede aceptar es que se nos amenace con un paro", dijo el gobernador Ronald Blanco, uno de los seis negociadores del gobierno.
"El interés de nosotros es que pueda haber un acuerdo dentro de los parámetros de la constitución y sin elementos de distorsión como el paro", agregó.
El diputado opositor y uno de los representantes de la oposición en las mesas de diálogo, Alejandro Armas, rechazó que el paro sea un factor de obstrucción en las negociaciones y acusó al gobierno de "tratar de impedir el avance de la mesa" de negociaciones intentando desviar la discusión sobre el adelanto de elecciones.
"Es el gobierno y no la oposición la que hasta ahora ha intentado impedir que las conversaciones avancen", indicó Armas, quien argumentó la reciente militarización de Caracas y la intervención de la Policía Metropolitana, son acciones provocadoras del gobierno que hubiesen sido suficientes "para levantarnos de esta mesa".
Insistió que la oposición continúa esperando "con los brazos abiertos" una propuesta "civilizada y democrática" del gobierno.
La inmediata convocatoria al referendo consultivo es la principal propuesta que lleva la oposición a la mesa de negociación, mientras que el gobierno insiste en extender los diálogos y llamar a la consulta popular para agosto del 2003.
El secretario general de la OEA, César Gaviria, admitió estar "supremamente preocupado" por el futuro de las negociaciones y pidió al gobierno y la oposición "transitar un poco (por) caminos de entendimiento" y dejar de lado la "impaciencia" para poder avanzar en el proceso.
"Espero que el fin de semana sea para reflexionar y poner en la mesa suficiente voluntad política y suficiente voluntad para resolver los problemas que hemos tenido últimamente con el trabajo de las mesas, dado que la semana entrante será importante en el trabajo de la Mesa", agregó Gaviria.
Las mayores organizaciones empresariales y sindicales iniciaron ayer las evaluaciones para definir el apoyo de algunos sectores claves al paro general, el cuarto en menos de un año.
El presidente del Consejo Nacional de Comercios y Servicios, Julio Brazón, dijo que será "contundente" el respaldo de ese sector, que agrupa a cerca de un millón de empresas.
El dirigente de los empleados de los niveles medios y altos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Juan Fernández, expresó que los trabajadores de la principal industria del país están dispuestos a actuar para lograr una solución electoral a la crisis que podría pasar por el respaldo a la huelga.
El presidente de PDVSA, Alí Rodríguez, dijo ayer que de darse el paro general "provocaría fortísimas perturbaciones no sólo en la economía si no aun mayores problemas en la estabilidad del país".
Sostuvo que si se intenta paralizar la industria petrolera el gobierno está dispuesto a "tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la producción".