El Juzgado Segundo de Distrito concedió un amparo al particular Juan Manuel Espinoza Pereda, en contra del Gobierno del Estadio y el Congreso del Estado por los cobros indebidos de multas y recargos, por el incumplimiento del pago del refrendo de engomado y placas de un vehículo, por considerar que dichos cobros son ilegales.
El quejoso, a través de su asesor jurídico, Miguel Ángel Espinoza de los Monteros, promovió el amparo en contra de los actos reclamados por el Gobierno del Estado, así mismo en contra del Congreso del Estado por la legislación vigente en esta materia de cobro de impuestos, derechos, así como pretender realizar el cobro indebido de multas, recargos y gastos de ejecución, por el retraso en el pago del derecho de refrendo y engomado del vehículo propiedad de Juan Manuel Espinoza Pereda.
Tras considerar que el cobro de las multas y recargos que el Gobierno del Estado pretendía aplicar al promoviente a través de la oficina de Recaudación de Rentas, que depende de la Secretaría de Finanzas del Estado, decidieron acudir al amparo de la justicia federal, ya que se trata de un trabajar jubilado que considerar los cobros excesivos por multas y recargos, además de ser amenazado en su patrimonio por el notificador, quien le advirtió que de no pagar en un tiempo prudente, se procedería a embargarle sus bienes, motivo por el cual decidió actuar de manera legal.
Después de una serie de desahogo de pruebas y contestaciones, finalmente el juez segundo de Distrito, Ruperto Triana Martínez, decidió emitir el amparo a favor de Juan Manuel Espinoza Pereda, en contra de los actos reclamados, ante el Congreso del Estado, en contra del Gobernador del Estado, del Secretario General de Gobierno, del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; en contra del Director de Ingresos del propio gobierno estatal, contra el Recaudador de Rentas, del Ejecutor Fiscal del Departamento de Ejecución Fiscal del Gobierno y contra el Director del Periódico Oficial del Estado de Durango.
El Juez consideró que existe una serie de irregularidades en todo el procedimiento que se siguió, concediendo la razón al quejoso, en el sentido de que los cobros son excesivos e indebidos por la forma en que se aplicaron, así como lo dispuesto en la legislación vigente y lo publicado en el Periódico Oficial.