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México, D.F.- Para el PAN el debate sobre la reforma a la Ley de Derechos y Culturas Indígenas ya quedó cerrado con la resolución de la Suprema Corte y lo que queda por delante es la aplicación práctica de la reforma aprobada y la atención a las necesidades de los pueblos indios donde queda mucho por hacer.
En entrevistas por separado, el líder nacional panista, Luis Felipe Bravo; el coordinador de los diputados federales, Felipe Calderón, y el comisionado para la paz en Chiapas, Luis H. Álvarez, coincidieron en que no hay condición para intentar una “reforma de la reforma” y se deben aprovechar los avances de la reforma ahora confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el marco del frustrado Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) de ayer, suspendido por falta de quórum, Bravo Mena dijo que todos los sectores de la sociedad están obligados ahora a acatar las resoluciones de la SCJN y lo procedente es “aplicar y darle desarrollo a la reforma constitucional”.
En entrevista, dijo no compartir las opiniones de que la resolución del máximo tribunal del país pueden desencadenar violencia y sostuvo que, por el contrario, una vez que el poder judicial se ha pronunciado, la reforma constitucional en materia de Derechos y Cultura Indígena quedó firme con toda su magnitud y solidez.
“Precisamente le da al país una conducción adecuada en esta materia y termina con un litigio que nos permite ahora pasar ya a la aplicación de la reforma constitucional”.
Calderón Hinojosa comentó al respecto que éste es un tema controversial que divide a los mexicanos y que es necesario seguir explorando nuevas soluciones que le pongan fin al conflicto de Chiapas que aún no está resuelto.
Sin embargo, consideró que con la resolución de la Corte se disiparon ya las dudas que quedaban respecto a la legalidad de la reforma, y quedó demostrado que el tema de fondo le corresponde exclusivamente al Constituyente Permanente, que ya tomó una decisión.
Ahora, agregó, no sólo el gobierno federal, en el ámbito de sus responsabilidades para impulsar el cumplimiento de la reforma constitucional en términos de programas públicos para beneficio de las zonas indígenas, debe cumplir con su parte, sino también los otros niveles de gobierno.
“Los estados de la Federación tienen ahora la gran responsabilidad de avanzar en sus ordenamientos locales, en la búsqueda de las condiciones legales que se adapten más a las condiciones de los pueblos indígenas en cada una de las entidades”, puntualizó.
A su vez, el comisionado para la paz en Chiapas, Luis H. Álvarez, consideró que en este momento no se ve que pudiera prosperar un intento de conseguir una “reforma de la reforma”, puesto que “no creo que pudiese registrar avances significativos, pero con lo que tenemos a disposición podemos poner manos a la obra y trabajar”.
Luis H. Álvarez estimó que no es un avance menor el haber sido reconocidas como entidades de interés público, y no de derecho público, aunque ese haya sido uno de los puntos más controversiales y que tanta zozobra causaron.
Con esta reforma, que se debe observar de manera objetiva, ahora las comunidades indígenas recibirán apoyos que antes no se daban y, por mandato de ley, los recursos y apoyos que se destinen a estas comunidades estarán ya especificados en los presupuestos; eso es lo rescatable y no es poco, recalcó Luis H. Álvarez.
Recordó que en su origen el conflicto zapatista se centraba en demandas de carácter social como vivienda, educación, salud, comunicaciones, donde existe un amplísimo campo de acción para que el gobierno federal empiece a actuar.