Por Yolanda Ríos Rodríguez
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- El secretario general de gobierno Raúl Sifuentes Guerrero, se reunió ayer con representantes de organismos empresariales a fin de aclararles dudas en torno a la polémica por la iniciativa de reformas a la Ley Estatal de Aguas que dijo, fue presentada al Congreso hace más de un año y “resucitada sospechosamente” por “alguien” a unos días del proceso electoral con declaraciones tendenciosas, ligeras e irresponsables.
En la reunión, algunos empresarios se refirieron a este asunto como de “oportunismo sospechoso”, en tanto que otros con actitud predispuesta como los de Coparmex, cuestionaron al funcionario estatal al referirle su inquietud porque los sistemas operadores se lleguen a convertir en una “caja chica” del Gobierno Estatal.
La reunión se realizó en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Secretario General de Gobierno fue acompañado por el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado Heriberto Ramos Salas, el secretario de Desarrollo y Fomento Económico Ignacio Diego Muñoz, así como Salomón Abedrop, director general de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, CEAS.
Los empresarios, encabezados por Donato Gutiérrez Aguirre presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada CLIP, concluyeron con el funcionario del Gobierno del Estado en que pasando el proceso electoral del 29 de septiembre y a la semana siguiente del informe del gobernador Enrique Martínez, se reunirán para sacar el tema de nueva cuenta a la mesa de la discusión, con el compromiso de que el Gobierno del Estado “no tiene ningún interés en perjudicar a los sistemas operadores de agua de la entidad, al contrario”.
Por su parte los representantes empresariales se mostraron satisfechos, “porque cuando menos se establecieron compromisos claros y serios, de que se hablará de nueva cuenta y con propuestas que ellos llevarán por cada una de las cámaras de los puntos que se pretenden modificar y buscaremos asesoría legal para ello a fin de que no haya dudas”, indicaron.
La reunión se desarrolló con cortesías y relativa armonía, pero los representantes empresariales que intervinieron, coincidieron en exponerle al secretario Raúl Sifuentes Guerrero, su inquietud de que los sistemas operadores y en este caso el Simas Torreón, uno de los mejores en el país, pase a responsabilidad del Estado en el aspecto administrativo, de decisión y políticamente, quedando fuera la participación ciudadana que se da actualmente a través de quienes integran los Consejos de Administración.
A bajarle ruido electorero
El Secretario de Gobierno se refirió a la necesidad de “bajarle el ruido electorero” a esta discusión, ya que no beneficia a nadie darle este tipo de matiz.
Les dejó en claro a los empresarios que no hay interés de parte del Gobierno de apoderarse del recurso agua y mucho menos se pretende “llevarse el agua a Saltillo”, es un absurdo, una barbaridad, pues el fin es ampliar los mecanismos para que podamos asegurar que los organismos que se dedican a la administración del agua puedan tener las mejores condiciones.
Es “curioso” que este instrumento jurídico tiene en el Congreso del Estado más de un año y a días del proceso, sospechosamente alguien lo rescate y haga copias para hacer publicaciones y que en torno a él se haga un discurso tan agresivo, estridente, con ánimo pendenciero e irresponsable con interés sesgado.
Ciertamente hay la intención de revisar la Ley Estatal de Aguas, pero el propósito va más allá, platicar con la ciudadanía para generar un instrumento jurídico que permita avanzar, igual como se ha hecho con la Ley de Arbitraje Médico por ejemplo que tampoco ha sido posible presentarla al pleno del Congreso.
Se acordó que el proyecto de reformas a la Ley Estatal de Aguas y Saneamiento, estará sujeto a una serie de consultas, foros, reflexiones, porque la intención es que sea un instrumento de apoyo, ampliar los espacios de participación de la ciudadanía, asegurar que los organismos de agua tengan el apoyo suficiente, eficientarlos y empezar a tomar medidas que garanticen que el manejo del líquido escaso, tenga desde la estructura normativa un tratamiento adecuado.
Y prueba de que no se va a analizar este proyecto de Ley ahora, es que ni siquiera está agendada una sesión del Congreso.