Seguramente deberíamos ocuparnos aquí, hoy, por su carácter apremiante, de las necesidades suscitadas por el desastre que deja a su paso el voluble Isidore, especialmente pero no sólo en Yucatán sino también en las restantes entidades peninsulares.
Ese es el género de problemas urgentes y sustantivos que reclaman la atención de la sociedad y, por ende, de los medios de información. Pero otros asuntos de semejante relevancia también han de ser abordados, sobre todo aquéllos de cuyo funcionamiento dependen que se desbroce el camino hacia adelante.
Es el caso del establecimiento de la Sección Instructora en la Cámara de Diputados. Con holgura mayor que la esperada, pues al final se sumaron a la iniciativa del PAN y el PRD diputados que no pertenecen a sus bancadas hasta sumar 273 diputados (a cuya voluntad se opusieron 190), ayer quedó instalada la Sección Instructora de esa Cámara, el breve comité de cuatro miembros que a más tardar en sesenta días debe proponer al pleno una declaratoria de procedencia o, de lo contrario, desechar la posibilidad de que Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, entre otros legisladores cuyo desafuero ha sido pedido, sean sujetos de averiguación penal.
No se trata, por supuesto, de un tribunal. Si lo fuera, acaso se le podría combatir por violar el artículo 13 de la Constitución, que impide abrir tribunales especiales y establecidos con posterioridad a la acusación. La única resolución que debe emitir no implica pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones que llevan al ministerio público a solicitar la remoción de la inmunidad. Es una posición muy temprana, donde se expresa que a juicio de los legisladores, ha lugar a que se inicie un proceso penal, antecedido de la averiguación previa correspondiente.
En este momento, respecto de los dirigentes petroleros cuyo desafuero ha solicitado, la Procuraduría General de la República sólo tiene indicios, que someterá a la Sección instalada ayer la cual, si los considera suficientes, dará luz verde para que continúe el procedimiento penal, a cargo de la PGR y los tribunales federales. También puede, por supuesto, encender la luz roja, y proponer al pleno que responda a la PGR que no es procedente su petición.
Salió avante el diseño concebido por el PAN y el PRD, que da a sus grupos el dominio sobre la actuación del pequeño comité. Lo presidirá un perredista, Ricardo Moreno Bastida. Y lo integran dos panistas: José Francisco Blake Mora —que será el secretario— y Cuauhtémoc Cardona Benavides, mientras que el PRI está representado por Eduardo Andrade Sánchez. Tomando en cuenta que en la Sección Instructora de la legislatura anterior el presidente quedó fuera de acción durante varias semanas, conviene tomar nota también de los suplentes (deseando, por supuesto, que no se reproduzca la causa, un asalto sospechoso y cruel, de aquella ausencia): Arturo Herviz, José Tomás Lozano, Jesús López Sandoval y Roberto Zavala Echavarría (legislador este último especialmente cercano al ex candidato presidencial priísta Francisco Labastida).
Moreno Bastida es el más joven de todos. Nació apenas en 1969, en El Oro, estado de México, y se licenció en Derecho en la Universidad local. Representa al poder legislativo en el consejo general del IFE y preside en el PRD el tribunal interior, la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia. Blake Mora, diputado por Tijuana, abogado por la Universidad Autónoma de Baja California, parece haberse preparado ex profeso para ser el secretario de la Sección, pues es un especialista en el tema. En diciembre de 2000 propuso reformas a la Ley de Responsabilidades para acompasarla con las disposiciones de la ley orgánica del Congreso, cuyo desfase quiso ser aprovechado por el PRI para estorbar este procedimiento. Y el 10 de abril del año pasado presentó precisamente una iniciativa de ley de juicio político y de declaratoria de procedencia que, amén de hacer fluida la tramitación respectiva, permitiría que los ciudadanos y no sólo el ministerio público solicitara la emisión de una declaratoria de procedencia. Cardona Benavides es también abogado y también bajaliforniano, y ha sido miembro del comité nacional de su partido. El más experimentado de todos es el priísta Andrade Sánchez. Fue senador de 1994 a 2000 y fue subprocurador de Justicia en el Distrito Federal, y procurador en Veracruz. Se dedica al estudio jurídico y político. A su grado de licenciado en Derecho añadió el de doctor en Ciencias Políticas, ambos en la UNAM, a donde ingresó al concluir su paso por el periodismo deportivo en la televisión. Sus destrezas, sin embargo, pueden no serle suficientes para detener, como ha de ser su encomienda partidaria, el que se avance hacia la sana impartición de justicia.
La integración de la Sección Instructora ocurrió en medio de tensiones políticas, por la creciente presión de la dirección sindical petrolera en pro de la huelga. Está haciendo publicar en los medios impresos mensajes que valoran la importancia de la industria petrolera y la aportación del trabajo de su personal junto con el ominoso aviso de que falta cada día menos para el eventual comienzo de la huelga. En buena hora los legisladores acordaron integrar el instrumento legal que permite a todos cobrar conciencia, por si hubiera duda, que no se ha demandado el desafuero de Romero Deschamps y Aldana porque se les persiga políticamente. Conviene deslindar, todos lo quieren, a todos conviene, lo laboral y lo penal.