CARACAS.- Por lo menos 20 personas presentaron contusiones y síntomas de asfixia luego que la Guardia Nacional dispersó con gases lacrimógenos y balas de goma a un grupo de manifestantes que protestaba contra el gobierno del presidente Hugo Chávez frente a la sede de la estatal Petróleos de Venezuela.
El alcalde del municipio capitalino de Chacao, Leopoldo López, confirmó que unas 20 personas recibieron atención médica.
"La vigilia fue autorizada por mí, de modo que el gobierno miente cuando dice que fue dispersada por no tener el permiso legal", indicó López.
"El gobierno al parecer tiene la idea de suprimir derechos y decidió desempolvar el decreto que establece arbitrarias zonas de seguridad en Caracas", agregó.
A mediados de septiembre entró en vigencia un decreto que establece como zonas de seguridad las principales guarniciones militares de la capital, activos de la petrolera nacional, la residencia presidencial y la televisora y la radio oficial.
La oposición convocó concentraciones callejeras para enfrentar las detenciones de líderes políticos y sindicales en la provincia y el asalto en la madrugada del martes de la residencia de Juan Fernández, un prominente dirigente petrolero.
"Al gobierno le dijimos que queríamos un paro de calles vacías, pero dado que ha venido arremetiendo contra la población, queremos anunciar que se convierte en un paro activo con presencia del pueblo en la calle de manera cívica y pacífica", señaló el diputado opositor Andrés Velásquez.
En otro sector de la capital, decenas de personas, sonando cacerolas, recorrían el este de la ciudad para asegurarse que una serie de comercios que mantenías sus puertas abiertas se unieran al paro.
Líderes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Federación de Cámaras de Venezuela (Fedecámaras) aseguran que más de un millón de comercios y 3.000 industrias y empresas permanecen paralizadas.
El gobierno, por su parte, señala que el sector petrolero, metalúrgico y eléctrico que generan 81% del producto interno bruto (PIB) del país están funcionando con normalidad y que la protesta "fracasó".
El paro sería de un día, pero el lunes los organizadores decidieron ampliarlo al menos otras 24 horas y demandaron que el gobierno "levante las barricadas" que ha puesto a las negociaciones que buscan una salida electoral que evite un desenlace violento de la crisis, dijo Velásquez.
El presidente de la CTV Carlos Ortega justificó la extensión de la paralización y afirmó que Chávez sigue en su "actitud terca y arbitraria de no aceptar el llamado a la consulta electoral".
Los organizaciones no han revelado para cuando fijaron el final de la protesta.
El vicepresidente José Vicente Rangel dijo que el paro es "insurreccionista" y sostuvo que los promotores tratan de repetir el "formato golpista" de abril, cuando una medida similar acabó en la salida temporal de Chávez, 19 personas muertas y 300 heridas.
El Secretario General de la OEA César Gaviria comentó que el gobierno mantiene su voluntad de continuar en la mesa de negociación, pero reiteró que no se reunirá con los representantes de la oposición hasta que "concluya el paro".
La oposición también se ha mantenido inflexible. Se niega aceptar la propuesta de Chávez de convocar un referendo revocatorio en agosto del 2003, cuando se cumple la mitad del mandato de seis años.