“No pueden ustedes curar el cáncer con una mayoría de votos. Precisan un remedio”.
Winston Churchill
El plebiscito al que el gobierno del Distrito Federal ha convocado para el próximo domingo, 22 de septiembre, es una verdadera burla a los ciudadanos. El problema no es únicamente que el gobierno le está endosando a la población una decisión compleja que requiere altos conocimientos técnicos, sino que lo hace sin comunicarle los costos ni los pros o contras del proyecto.
La propuesta de resolver los congestionamientos vehiculares de la ciudad de México con 34 kilómetros de vialidades elevadas parece producto de una imaginación alucinada. El gobierno de la ciudad de México no ha considerado que una serie de obras menores, como pasos a desnivel en lugares estratégicos, ofrecerían una mejor solución a una fracción del costo. Pero tampoco ha tomado en cuenta que más del 80 por ciento de los habitantes de la ciudad utilizan el transporte público y no los vehículos privados que serían el medio de transporte privilegiado por los segundos pisos.
En la propia convocatoria al plebiscito el gobierno reconoce la complejidad del tema. Advierte que ciudades que en el pasado recurrieron a vialidades de segundo piso, como Chicago y Los Ángeles, han empezado a derribarlas. En Londres la discusión entre expertos se ha tomado más de una década. Y, sin embargo, le pide a los ciudadanos que tomen la decisión sobre la base de una pregunta muy simple: “¿Usted quiere que sí se construyan o que no se construyan segundos pisos a Viaducto y Periférico?”
No hay en la pregunta ninguna información adicional. No se plantea en qué lugares se harán las construcciones o cómo se bloqueará la luz. No se señala cómo se evitará que las vialidades elevadas sufran daños en caso de sismo. No se dice, ni siquiera, cuánto costará el proyecto y cómo se pagará.
El año pasado ya el gobierno capitalino trató de comenzar la primera etapa del proyecto, pero cuando llegaron las licitaciones determinó que los precios cotizados eran muy altos. Ahora revive el proyecto, pero sin explicar por qué lo que el año pasado pareció demasiado oneroso hoy se hace razonable.
En la convocatoria al plebiscito se señala que la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal estima que la obra total “supone una inversión de al menos 8,000 millones de pesos”. Pero ¿cuánto es “al menos”? ¿Dos, tres mil millones de pesos? La verdad es que nadie nos lo ha dicho. Estamos votando a ciegas. Y ¿cómo vamos los capitalinos a pagar la cantidad que finalmente se gaste? Ya el gobierno de la ciudad de México ha aumentado su deuda de virtualmente cero en 1994 a más de 32,000 millones de pesos este año? ¿Tendremos que contratar más deuda para pagar los segundos pisos? Evidentemente, sólo que nadie se lo ha dicho a los ciudadanos. Tampoco se ha explicado que la deuda del Distrito Federal ha sido absorbida cada determinado número de años por la federación, con lo que se ha establecido un subsidio multimillonario de los contribuyentes de los estados a la ciudad más rica del país. Y, sin embargo, a los contribuyentes que viven fuera del Distrito Federal, que terminarán pagando por el proyecto, no se les está consultando.
Por otra parte, nadie se ha tomado la molestia de explicarle a los ciudadanos qué otras inversiones se podrían realizar con esos “al menos 8,000 millones de pesos”. ¿Se beneficiarían más los capitalinos si esta enorme cantidad se invirtiera en el Metro o en autobuses? Seguramente que sí, pero a los ciudadanos se les está pidiendo que tomen la decisión sin considerar ninguna otra opción.
Desafortunadamente el tema se ha convertido en una simple bandera partidista. El PRD está utilizando sus recursos, que pagamos los contribuyentes, para hacer proselitismo a favor de los segundos pisos. Pero los perredistas involucrados en la campaña no le están poniendo demasiada inteligencia a su esfuerzo. Simplemente saben que el proyecto es de Andrés Manuel López Obrador. Y eso es suficiente. No se preocupan por saber si el “gobierno para los pobres” hace bien en promover un proyecto tan caro para beneficiar a los más ricos.
Definitivamente nos encontramos ante una gran burla. Pero no importa: nuestros políticos están convencidos de que los mexicanos estamos dispuestos a aceptar cualquier burla.
Nueva consulta
Por lo menos Andrés Manuel ha sido sensato en su nueva consulta: la que se hará el 8 de diciembre y determinará si se queda o no a gobernar el Distrito Federal. En lugar de gastarse entre 50 y 100 millones de pesos en un nuevo plebiscito, hará una consulta telefónica que costará sólo unos dos millones de pesos. La pregunta es: ¿por qué no se optó por este esquema en el plebiscito sobre el segundo piso?