Los días 19 y 20 de noviembre se produjo un insólito ejercicio de soberanía, en el cual cerca de tres millones de mexicanos definieron con sus firmas las que considera prioridades nacionales. Entre las ocho cuestiones que esa actividad nacional calificó como urgencias del país se encuentra (pregunta 6) una que hoy ocupa la atención pública: “¨Está de acuerdo en que se suspenda temporalmente el apartado agropecuario del Tratado de Libre Comercio (TLC) y se reactive el campo mexicano con urgentes apoyos y medidas de protección?”.
De esa manera la preocupación y la solidaridad de ese gran conjunto de compatriotas se situó al lado del movimiento campesino que lucha por la vida de la cuarta parte de la población, reclama un lugar en el desarrollo futuro de la nación para quienes viven y laboran en el campo y demanda que el país transite a un modelo de desarrollo con soberanía alimentaria y laboral.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo no podían ignorar esa expresión: estaban emplazados a dar una justa respuesta, inherente a sus facultades y obligaciones; más aún cuando -en tiempo y forma- 12 organizaciones elaboraron y les presentaron las seis propuestas para la salvación y revaloración del campo mexicano.
1. Esas propuestas fueron conducidas ante la Cámara de Diputados por los representantes de las organizaciones campesinas en una manifestación dentro del mayor orden, no ausente de combatividad, el 3 de diciembre; una comisión de legisladores se entrevistó con ellos y les ofreció convocarlos a una discusión de sus planteamientos.
Esas propuestas son: 1) La moratoria al apartado agropecuario del TLC; 2) Un programa emergente para reactivar de inmediato el campo y otro de largo plazo para reorientar el sector agropecuario; 3) Una verdadera reforma financiera rural; 4) Un presupuesto para 2003 que destine cuando menos 1.5% del Producto Interno Bruto al desarrollo productivo del agro y otro tanto para el desarrollo social rural; una política alimentaria que garantice a los consumidores que los bienes agrícolas son inocuos y de calidad; 6) El reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas.
2).- Todo lo correspondiente al Presupuesto del 2003 era materia a discutir con los diputados. Lo relacionado con el TLC debería ser resuelto por el Senado. Con los primeros la convocatoria nunca se produjo. Con los senadores se realizaron abundantes cabildeos y, en este nivel hubo consenso en favor de la demanda campesina.
Pero los días avanzaban, se acercaba el término de la discusión del presupuesto y las demandas campesinas no aparecían por ninguna parte, hasta que llegó el día 10, en el que los hombres del campo -todos amenazados por el apartado agropecuario del TLC- habían anunciado otra manifestación. Y la hicieron. La tarde de ese día negociaron con las autoridades del recinto de San Lázaro una “toma simbólica”, que se expresó en la entrada de un contingente agrario al que encabezaba un hombre a caballo portando la bandera nacional. Se hizo un recorrido en torno de las instalaciones camarales y el contingente salió.
Acudió también una representación de la Central Nacional de Trabajadores de la Educación y una vez que terminó la presencia de los campesinos solicitaron también entrar, pues ellos igualmente habían concertado entrevista. Fue ese el momento en que un grupo aparentemente magisterial, pero que los dirigentes de la CNTE no reconocen como tal, produjo una invasión violenta hasta las puertas de acceso al salón de sesiones. Diputados y dirigentes campesinos denunciaron estos actos como una provocación, destinada a desprestigiar las demandas de las organizaciones del campo y a justificar el rechazo a sus demandas, lo cual, en efecto, ocurrió.
3).- La decisión consensuada de suspender provisionalmente el apartado agropecuario del TLC lograda con los senadores fue echada atrás y se determinó “congelar” la propuesta campesina.
Esos legisladores -denunciaron los dirigentes- cedieron a presiones de personal de la Embajada de Estados Unidos.
En cuanto a la Cámara de Diputados -donde actuaron conjuntamente las fracciones parlamentarias del PAN y el PRI rechazando cambios fundamentales- los diputados de las dos mayorías se visten con el aumento de 47 mil millones “al campo”, pero en realidad sólo se aumentan 8 mil 500 a la única Secretaría que desarrolla acciones de fomento, la Sagarpa, con lo cual apenas se recupera de una disminución propuesta por el Ejecutivo. Esto es: rechazo a la suspensión del apartado agropecuario del TLC y maquillajes al presupuesto destinado al campo, muy lejano del 1.5% del PIB propuesto por las organizaciones.
Es urgente un cambio de política hacia el campo; es necesario conjurar el desastre en el que ya se interna. Es indispensable, sobre todo, entender y hacer entender que 25 millones de mexicanos están amenazados por una verdadera catástrofe... en esta Navidad y para muchas otras.