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MÉXICO, D.F.- El Senado de la República aprobó ayer la Ley General de Cultura Física y Deporte, con la que busca establecer las bases de una política de Estado que contribuya a fomentar la participación y la permanencia de la población en general en la práctica de la cultura física y el deporte.
La legislación aprobada por 95 votos de los senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM que sustituirá a la Ley General del Deporte publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio del 2000, prevé la participación de los sectores social y privado para hacer aportaciones en la materia.
Incluye los conceptos de cultura física y deporte y establece un esquema de registro de asociaciones y sociedades deportivas a cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la cual conserva sus siglas, pero cambia de nombre.
Además, establece sistemas de control de sustancias prohibidas, como es el caso del dopaje y plantea la creación de una Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte conformada por un titular y cuatro miembros titulares designados por el Ejecutivo Federal, que conocerá y resolverá mediante el recurso de apelación las impugnaciones que les sean planteadas.
Los integrantes de la citada Comisión deberán contar con licenciatura en Derecho, tener conocimiento en el ámbito deportivo, tener reconocido prestigio y calidad moral, y estarán en su cargo por tres años con posibilidad de ser ratificados por un periodo más.
En la sesión ordinaria en la vieja casona de Xicoténcatl, los legisladores avalaron el dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y Cultura, de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos a las que fueron turnadas el 18 de abril pasado como parte de una propuesta de la senadora del PVEM, Gloria Lavara Mejía, para crear el nuevo ordenamiento que guiará el deporte en México.
La nueva Ley General de Cultura Física y Deporte consta de 130 artículos distribuidos en siete capítulos, y tiene como objetivo dotar a los mexicanos de un instrumento jurídico que dé seguridad y protección en el ámbito deportivo mexicano.
Las Comisiones dictaminadoras coincidieron con la senadora Lavara Mejía, en el sentido de que la Ley General del Deporte no cumplía con los requerimientos de una población de casi 100 millones de habitantes que carecen de una educación y una cultura física.
Agregaron que su periodo de vigencia ha evidenciado que el régimen normativo proporcionado a determinados aspectos del deporte no resulta enteramente satisfactorio, ya que es una ley muy vaga y está totalmente limitada, por lo cual es indispensable modificarla ante un acelerado proceso de cambios que se vive en el país.
En el documento avalado por los legisladores federales, se establece la necesidad de elaborar la Ley General de Cultura Física y Deporte porque la práctica del deporte es importante en el mantenimiento de la salud y por tanto, un factor corrector de desequilibrios sociales que contribuyen al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos, además de que crea hábitos favorecedores de la inserción y participación de la sociedad en general. Reconoce que "nuestra sociedad se ha caracterizado por una marcada renuencia hacia la práctica de las actividades físicas, las que no se identifican ni se entienden fuera del sector escolar.
Todo esto se debe a que no existe una cultura física en nuestra sociedad. "Por un lado, en las escuelas nos enseñan que es saludable y necesaria la práctica del deporte, pero por el otro, nuestra sociedad tiene la idea de que esa práctica es para unos cuantos que nacen con las cualidades físicas para llevarlo a cabo", argumentó. Señalaron que el deporte ha dejado de ser una actividad elitista para convertirse en una actividad de masas, razón por la que se deben incorporar medidas efectivas para incrementar el crecimiento de la actividad física con una amplia gama coherente de disposiciones. Entre las medidas innovadores de la nueva ley, destacan la transformación de la Comisión Nacional del Deporte de un órgano administrativo desconcentrado a un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, que tendrá mayor autonomía de gestión y cuyo titular será nombrado por el Presidente de la República.