Juan Pablo Guerrero Amparán es director de Vinculación y Desarrollo del Centro de Investigación y Docencia Económica. Ha dirigido también, en el propio CIDE, el Programa de Presupuesto y Gasto Público. Con Rodolfo Madrid escribió un ensayo titulado “La transparencia en el proyecto de presupuesto 2002”, del que tomo tres párrafos: “Una de las áreas en que se esperaban cambios rápidos a raíz de la llegada de Vicente Fox Quesada a la Presidencia de la República era la transparencia en la información sobre el gasto público. El análisis del paquete presupuestario del año 2002 muestra que, por lo menos en el primer año, no se lograron avances significativos en esa área. “Hace un año, un diario capitalino organizó un concurso abierto a los ciudadanos que solicitaba su respuesta a diez preguntas muy simples e importantes con respecto al gasto público federal. Eran preguntas del tipo: ¿Cuánto se va a gastar en las estructuras burocráticas creadas por la nueva administración? ¿A cuánto ascenderá la inversión directa del gobierno federal en cada estado de la República? ¿Cuál será el gasto total del gobierno en el combate al narcotráfico?
En ese entonces ninguna de las preguntas pudo obtener respuesta completa y satisfactoria con la información disponible. Un año después de la llegada de la alternancia gubernamental a México el resultado sería exactamente el mismo, pues ninguna de esas preguntas podría responderse con la información disponible en el paquete presupuestario. “En contrapartida, resulta alentadora la iniciativa del propio gobierno del Presidente Fox para una Ley de Acceso a la Información Gubernamental, así como la iniciativa de organizaciones de la propia sociedad en el mismo sentido.
Esto nos hace suponer que habrá avances en el tema de la información sobre el gasto público en el futuro cercano. Dentro del tema de la transparencia, la información sobre el gasto público es de lo más relevante, pues se relaciona por una parte con la honestidad y la eficiencia del gobierno, y revela por la otra las prioridades y compromisos verdaderos del gobierno, lo cual permite contrastarlos con las preferencias de la sociedad, quien paga la cuenta y sufre o disfruta de las consecuencias del gasto público”.
Con una idea así de clara y sencilla sobre los efectos sociales de la transparencia y del acceso a la información, satisface que Guerrero Amparán cuente entre los cinco comisionados del Instituto federal respectivo designados por el Presidente Fox. Además de trabajar en la implantación en la red del sitio www.transparencia.org.mx, que ofrece “información accesible, explicaciones sencillas, estudios actuales, sitios relacionados y muchos datos sobre el gasto público y los impuestos en México”, Guerrero Amparán ha escrito varios ensayos sobre el tema, los más recientes de los cuales son “Índice de transparencia presupuestaria en cinco países de América Latina” y “Consideraciones sobre la transparencia del gasto público en México”, ambos en colaboración con otros autores.
Guerrero Amparán satisface así, de modo cabal, el requisito de “haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta ley”, la federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Su designación, por lo tanto, es un acierto del Presidente Fox. Pero no ocurre así en todos los casos, ni el Senado está en posibilidad de saberlo, porque el Presidente de la República no anexó a su comunicación del 12 de septiembre pasado, donde informó del nombramiento de los cinco comisionados, la biografía profesional de los designados.
Creí que la Secretaría de Gobernación había suplido esa deficiencia, y así lo dije el 19 de septiembre. Pero no hubo tal. Formalmente el Senado ignora todo, salvo los nombres, de quienes integrarán la planta fundadora del gobierno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Y el Senado debería conocer esa información, porque la ley mencionada le otorga una función de cuya importancia parece no haber cobrado conciencia. Esa cámara dispone de treinta días para objetar, si fuera el caso, los nombramientos ya realizados por el Presidente de la República. Si no los objeta, las designaciones quedan firmes. Dada la naturaleza de esa atribución, el Senado puede simplemente abstenerse de actuar, y su omisión generará efectos jurídicos. Pero sería irresponsable que lo hiciera por desidia o por carecer de la base documental que lo conduzca a objetar o a guardar silencio. Mas una actitud o la otra requieren estudio.
El Presidente incumplió en dos aspectos la ley que impulsó y que es publicitada entre sus logros. No indicó, como lo manda expresamente la norma, el lapso en que actuarán los comisionados, ya que unos durarán en su encargo cuatro años y otros, siete. Y en dos casos desatendió el criterio rector de la ley, pues ni Horacio Aguilar ni Guillermo Velasco Arzac se han “desempeñado destacadamente” en este campo. Otros son sus méritos, pero por notables que sean como lo son, resultan irrelevantes para el nombramiento que les extendió el Presidente Fox y que acaso quede firme el próximo sábado, cuando se cumple un mes de su designación. El asunto no ha sido llevado al pleno y no se ha determinado un procedimiento para abordar el delicado tema.
Resta sólo esta semana para que el Senado se percate —voy a decirlo ripiosamente— de la trascendencia de la transparencia, y obre en consecuencia.