GÓMEZ PALACIO, DGO.- Un grupo de ejidatarios de Vicente Nava acusó públicamente de fraude al diputado local por el PRI Francisco Garza Espino, aunque argumentaron que por falta de recursos no han formalizado su denuncia ante el Ministerio Público y que las autoridades agrarias han actuado con tibieza.
Manuel Hidrogo Castro dijo que son 22 personas las afectadas con un contrato de compra-venta que firmaron con Víctor M. Chávez de la Torre, representante legal y prestanombres de Garza Espino, debido a que hasta el momento las tierras no les han sido liquidadas conforme a lo que se acordó en ese documento, el cual fue certificado por la notaria pública número 1, Juana María Corrales Huereca.
Según refirió, el pasado mes de julio recibieron la propuesta de compra de terrenos de Chávez de la Torre, quien dijo ir en representación del diputado local Francisco Garza Espino, con el propósito de lotificar la superficie y destinarla a satisfacer las necesidades de espacios para viviendas de familias de escasos recursos económicos.
Los ejidatarios de Vicente Nava accedieron a la petición y vendieron diez hectáreas que están localizadas a espaldas del fraccionamiento San Alberto, las cuales les serían pagadas a razón de 250 mil pesos cada una, es decir un total de 2.5 millones de pesos que los vendedores no han recibido hasta el momento.
Sin embargo, los compradores ya lotificaron toda la superficie y lograron “acomodar” casi todos los lotes, pues incluso han distribuido un documento citando a los compradores a que acudan al domicilio de calle Constitución número 540 oriente, entre avenidas Madero y Vergel para finiquitar el trato con cada uno.
Según los ejidatarios, los compradores obtendrán una ganancia promedio de 350 mil pesos por hectárea al vender dicha superficie en lotes para viviendas.
El convenio notariado fue firmado por Chávez de la Torre, Candelaria Vázquez Jaramillo y María del Refugio Nieves, quienes se ostentaron como lideresas populares y por cuatro de los 22 ejidatarios involucrados.
Debido a esta situación, los ejidatarios presentaron una queja ante la Reforma Agraria pero dicha instancia ha mostrado tibieza en el caso, dijo Manuel Hidrogo, lo que obligó a los afectados a impedir que se continúe con los trabajos de lotificación de la superficie.
También dirigieron un escrito al presidente del PRI en esta ciudad, Carlos Herrera Araluce, a fin de que éste proceda con un llamado de atención en contra del diputado Garza Espino, por formar parte de la fracción parlamentaria de dicho partido en el Congreso del Estado.
Argumentaron que si no han acudido ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia penal por fraude, es porque no tienen recursos para pagar un abogado defensor; sin embargo, dijeron haber recibido amenazas de un representante social de nombre Guillermo “N” de proceder en su contra, después que los ejidatarios tomaron posesión de algunos lotes desde el pasado lunes y llegaron a la determinación de no permitir que se continúe vendiendo la superficie hasta lograr la cancelación del contrato, presumiendo con ello una complicidad de las autoridades.